20-03-25.-Trabajadores universitarios protagonizaron este miércoles 19 de marzo una jornada de protesta en al menos 13 ciudades del país con el fin de solicitar un aumento de salario mínimo, cuyo monto tiene tres años sin incremento, y se ubica en 130 bolívares, actualmente equivale a 2 dólares.
De acuerdo al portal El Pitazo, en Caracas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Lara, Monagas, Portuguesa, Yaracuy, Sucre, Táchira y Zulia los trabajadores universitarios, a los que se unieron representantes de diferentes gremios y sindicatos, alzaron su voz para reclamar mejores reivindicaciones salariales.
La jornada de movilización se realizó en 12 universidades del país, lo que el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Gregorio Afonso, calificó de positivo. «Fue una jornada bastante fructífera en términos de movilización y reclamo», señaló.
En Anzoátegui la concentración se realizó en la entrada de la Universidad de Oriente | Foto: cortesía de la Coalición Sindical En la Universidad Nacional Experimental del Táchira también reclamaron reivindicaciones salariales | Foto: cortesía de la Coalición Sindical
Con solicitud de salarios y becas dignas, presupuesto justo y respeto a la autonomía universitaria, profesores, empleados, obreros y estudiantes se concentraron en la UCV, en Caracas, desde donde planeaban dirigirse a la sede del Ministerio de Educación Universitaria, en el centro de la ciudad, para entregar un documento con las peticiones al ministro Ricardo Sánchez.
Afonso explicó que las remuneraciones en el sector universitario van desde los 2 dólares el obrero de grado 1 a 8 dólares el profesor titular a dedicación exclusiva. «Es decir, tienden a cero», lamentó. Considera que el gobierno podría dar una muestra de interés en que el salario no desaparezca, con la salarización, al menos, del bono de Guerra Económica, de 90 dólares, y que sea este monto de partida para iniciar un proceso de discusión y reconstrucción del salario.
En declaraciones a El Pitazo, dijo que la beca estudiantil no supera los 4 dólares y agregó que la universidad tiene problemas con la autonomía y del presupuesto para este año solo se aprobó 3,75 % del total requerido. «Nos robaron la administración de las nóminas y es permanente la presencia policial en los alrededores y dentro del campus, cercenando la inviolabilidad del recinto universitario».
María Fátima Garcés, rectora encargada de la UCV, destacó que las autoridades acompañaron a todos los gremios que hacen vida en la casa de estudios con el fin de solicitar las reivindicaciones consagradas en la Constitución Nacional.
Piquete policial interrumpió la marcha
Al grito de la consigna «no quiero bono, no quiero Clap, yo lo que quiero es un aumento salarial», la comunidad universitaria marchó por los pasillos internos de la UCV hasta que fueron interceptados a las afueras de la puerta Tamanaco por un piquete de la Policía Nacional Bolivariana que impidió su paso hacia el centro de la ciudad.
«Vinieron dos representantes del ministro de Educación Universitaria, el viceministro de Asuntos Estudiantiles y el consultor jurídico, a recibir el documento, pero señalamos que no se lo íbamos a dar. Dijimos que si lo íbamos a entregar ahí tenía que ser al ministro, porque para entregar un documento sin poder movilizarnos se lo entregábamos al representante del mismo ministro en el Consejo Universitario, no era necesario convocar a esta movilización», relató Afonso.
Destacó que impedir la marcha este miércoles los obliga a mantener la movilización, pues seguirán intentando dirigirse al Ministerio de Educación Universitaria para exigir ser atendidos y entregar el pliego de peticiones.
Pensionados y jubilados se sumaron a la protesta
Jesús Jaramillo, miembro de la Coalición Sindical Nacional, reiteró que la jornada de este miércoles tuvo como fin la exigencia del cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que establece un salario mínimo digno.
«Estamos en la calle para que se nos escuche a nivel nacional e internacional. Los trabajadores unidos estamos en la calle para reclamar nuestro derecho a un salario digno, justo que permita cubrir nuestras necesidades elementales», dijo.
Rafael Arreaza Padilla, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), también participó en la protesta y dijo que las asociaciones de pensionados se han reunido en dos oportunidades con representantes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para abordar la canalización de los recursos recaudados por este ente a través de la Ley de Pensiones.
«En la primera reunión no estaban ni enterados de la situación. Ellos dicen ser solo un ente recaudador, sin embargo, no conocían la Gaceta, que le llevamos y por la cual se enteran de que están obligados a producir una resolución y depositar ese dinero recaudado en un fidecomiso exclusivo para pensiones. Fuimos nosotros lo que los enteramos de la obligación que tienen con esos fondo», apuntó.
Señaló que en una tercera reunión esperan respuesta del ente con respecto al procedimiento establecido, la creación del fidecomiso, y la fórmula de pago. Propone que a final de año se sume todo el monto recaudado y se divida entre el total de pensionados.
En Barquisimeto entregaron documento en la Defensoría
El Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad se movilizó este miércoles hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, donde entregaron un documento en el que solicitan que se establezca una mesa de diálogo entre los trabajadores, pensionados y jubilados con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) para discutir un incremento de la pensión.
También piden que se restablezca la obligación del IVSS de aportar los medicamentos a sus asegurados, especialmente a los adultos mayores, y que se restablezcan las consultas médicas «oportunas» en los centros de salud dependientes de esta institución, con la garantía de los insumos para los distintos procedimientos.
«Hoy nos movilizamos porque ninguna institución del gobierno, que son responsables de atender las exigencias de los trabajadores activos, de los jubilados y pensionados, ha respondido al documento entregado al Instituto Venezolano de Seguros Sociales. La única institución que debe velar por los derechos de la población en general es la Defensoría del Pueblo», dijo Edgar Silva, coordinador nacional del Comité.
El documento fue recibido por la Defensoría del Pueblo y esperan para la próxima semana respuesta a las peticiones realizadas en esta jornada de protesta.
Por otro lado, el viceministro para el vivir estudiantil, Ryan Rojas, se acercó a la protesta de la intergremial y conversó con algunas autoridades. Justificó que no se puede aumentar el salario mínimo debido a las sanciones. Los manifestantes replicaron que «no hay sanciones, lo que hay son ladrones».