El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció cuáles serán las cinco preguntas que someterá a consulta popular el próximo 3 de diciembre, en interés de afinar las acciones que podría desplegar el Estado para defender la soberanía del territorio Esequibo, un territorio en disputa con la República Cooperativa de Guyana.

El presidente del organismo, Elvis Amoroso, informó el lunes que tras haber considerado la propuesta introducida por la Asamblea Nacional el pasado 20 de octubre, los rectores aprobaron por unanimidad someter a referéndum las siguientes interrogantes, cuya constitucionalidad será analizada por el Tribunal Supremo de Justicia:

1. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?

2. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?

3. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?

4. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme al derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?

5. ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando, en consecuencia, dicho estado, en el mapa del territorio venezolano?

Consulta "nacionalista"

Al divulgarse la noticia, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, saludó "con gran satisfacción" a las autoridades electorales y animó a los ciudadanos a votar afirmativamente en todas las preguntas, según se lee en un post que publicara en su cuenta de X.

"Primera vez, en la historia de 200 años [de historia republicana] que este tema se lleva al debate público de esta manera, primera vez que se le dan todos los argumentos diplomáticos, políticos, jurídicos, históricos y territoriales a nuestro pueblo, para que nosotros tomemos una decisión colectiva, una decisión como país", abundó el mandatario en su programa televisivo.

Maduro recalcó el carácter "nacionalista" de la iniciativa electoral, que aspira convocar a toda la población, con independencia de la valoración que los ciudadanos tengan de su Administración.

"Estamos pensando en venezolanos y venezolanas que amamos nuestra tierra y que estamos indignados con la pretensión de los imperios del mundo, de las trasnacionales y del Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, de quitarnos lo que es nuestro", aseveró.

La novedad inquietante

Cuatro de las cinco preguntas que serán sometidas al escrutinio popular se refieren a posiciones históricas de Caracas y, en tal caso, la consulta apunta hacia una evaluación de la pertinencia de las decisiones e instrumentos decisiones adoptados por el Estado para abordar la disputa.

En contraste, la quinta y última inquiere a los venezolanos sobre la pertinencia de crear un nuevo estado, con el nombre de Guayana Esequiba, y desarrollar un plan de atención integral para la población de ese territorio, a la que se le otorgaría automáticamente la ciudadanía venezolana y el correspondiente documento de identidad.

Internamente, la incorporación de la nueva entidad al territorio oficial de Venezuela –no solo como una zona en reclamación–, entraña una modificación de la norma constitucional y obliga al Gobierno a tener presencia efectiva en un ámbito predominantemente selvático.

De otro lado, si bien la interrogante no ahonda sobre las implicaciones de la presencia venezolana en el Esequibo e invoca tanto el acuerdo de Ginebra como lo consagrado en el derecho internacional, sí parece estar claro que un despliegue institucional venezolano en un territorio donde la soberanía es ejercida titularmente por Guyana, sería rechazado y respondido por el Gobierno de ese país, encabezado actualmente por el presidente Irfaan Ali, como efectivamente ocurrió.

La oficina de Alí tachó todas las preguntas como "un intento más de Venezuela en reclamar ilegal e infundadamente un tercio del territorio nacional de Guyana", a partir de la creación de la nueva entidad federal.

Estos dichos fueron ampliamente rechazados por Caracas en un comunicado difundido por la Cancillería, en el que se acusa a Georgetown de proferir declaraciones "infames" y "ofensivas", así como de seguir lo redactado por "el bufete de abogados empleados de la Exxon Mobil".

Tampoco puede dejarse de lado que desde Caracas se ha denunciado que EE.UU. está utilizando el diferendo territorial por el Esequibo para organizar "una agresión armada". Además, Washington se ha mostrado como un firme aliado de los intereses guyaneses y ha instado a la parte venezolana a "respetar el derecho internacional, incluido el Laudo de 1899".

Refrendar el camino

El artículo 10 de la Constitución vigente establece que "el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad".

La coletilla "no viciados de nulidad" alude, entre líneas, al Laudo Arbitral de París mencionado en la primera interrogante. Este quedó sin efecto en 1962, luego de que Venezuela presentara ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), pruebas que demostraban que había sido víctima de una componenda para que el Reino Unido, entonces la mayor potencia del planeta, consiguiera despojarla de un territorio que figuraba en sus mapas desde tiempos coloniales.

Ese hecho, más la inminente independencia de la entonces Guyana Inglesa de su metrópoli, creó condiciones favorables para que Caracas y Londres negociaran una fórmula que permitiera resolver definitivamente –por medios pacíficos y amistosos– una controversia territorial que databa de un siglo atrás. Así nació el Acuerdo de Ginebra de 1966, invocado en la segunda pregunta.

El alcance de la tercera interrogante, referida a la posición venezolana de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la resolución de la controversia con Guyana, solo se entiende si se pone en relación con el Acuerdo de Ginebra y otras decisiones posteriores.

Según el pacto de 1966, a cambio de reconocer la soberanía guyanesa, el Estado venezolano abordaría la cuestión directamente con Georgetown, en interés de arribar a una solución "práctica" y "mutuamente satisfactoria" sobre la delimitación de los territorios entre el margen oeste del río Esequibo y los estados venezolanos de Bolívar y Delta Amacuro, tras lo cual debería producirse la correspondiente fijación de límites marinos.

En 1970, bajo los auspicios del Gobierno de Trinidad y Tobago, las partes acordaron pausar las reclamaciones por 12 años, para explorar "todas las posibilidades de mejorar el entendimiento entre ellos y sus pueblos" y encaminar sus relaciones "con el objeto de producir un adelanto constructivo de las mismas". A instancias de Venezuela, decidieron retomarlas a mediados de la década siguiente con la mediación de un buen oficiante designado por la ONU.

Todo cambió en 2015, cuando la coincidencia entre el descubrimiento de importantes yacimientos de hidrocarburos en parte de la zona reclamada por Venezuela, así como el deceso del último buen oficiante, animaron a Guyana a solicitar unilateralmente ante la secretaría de la ONU que el diferendo se elevara a la CIJ. Pese a los reclamos de Venezuela, la petición fue aceptada por el secretario, António Guterres, y el caso se está dirimiendo en esa instancia.

En términos prácticos, esto significó que las autoridades guyanesas echaron por borda el Acuerdo de Ginebra de 1966 y reivindicaron el Laudo Arbitral de 1899, pues este instrumento les permite ejercer soberanía sobre los territorios reclamados por Venezuela como que si efectivamente fueran suyos, al tiempo que se descartaban otras posibles soluciones, como la explotación conjunta de los yacimientos y la repartición equitativa de las ganancias, mientras se resolvía la cuestión de fondo.

De esta situación se desprende la cuarta pregunta del referendo, relativa al rechazo a las pretensiones de Georgetown de explotar recursos naturales en aguas pendientes de delimitación, a partir de concesiones a trasnacionales otorgadas unilateralmente por Guyana, hecho que ha fungido como detonante para la consulta del venidero diciembre.