Este lunes, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, indicó desde La Haya, Holanda, que Venezuela no autoriza a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a intervenir en la controversia con Guyana por el Esequibo.

Expresó que la delegación venezolana alertó, ante la Corte Internacional de Justicia, "cómo de manera insólita Guyana pretende, en pleno siglo XXI, validar un fraude, validar un crimen que se cometió hace 125 años".

"Eso sería muy peligroso para la legalidad internacional y además para esta corte", manifestó Rodríguez, donde reiteró que "Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de esta Corte para conocer de la controversia territorial de la Guayana Esequiba".

Asimismo, ratificó que "solo el Acuerdo de Ginebra es el aceptado" como único instrumento para determinar y sentarse en una mesa de conversaciones con Guyana. Afirmó que cuando se firmó este Acuerdo no se tenía pensado volver al Laudo Arbitral de 1899.

La vicepresidenta Ejecutiva recordó que el pasado 3 de diciembre el pueblo venezolano votó masivamente en favor de defender la Guayana Esequiba, por lo que recalcó que "Venezuela jamás se dejará extorsionar por un gobierno servil", esto en referencia a Georgetown.

En el comunicado leído por Rodríguez, asegura que Guyana, el Comando Sur y la CIA, tienen planes desestabilizadores en contra de Venezuela, por lo que aseveró que no tendrán éxito.

Más temprano, la vicepresidenta Ejecutiva entregó ante la Corte Internacional de Justicia evidencias que demuestran que Venezuela es la única nación con el título sobre el territorio de la Guayana Esequiba.

Venezuela entrega ante la CIJ un documento y sus respectivas copias con la verdad histórica y evidencias que demuestran que somos los únicos con título sobre el territorio de la Guayana Esequiba. El laudo criminal de 1899 fue un fraude. Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de la Corte para esta controversia territorial; el único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y así está demostrado", publicó Rodríguez en su cuenta oficial en la red social X.

En un video colgado en la publicación, se muestra el envío y entrega de la documentación.

Delcy Rodríguez arribó el pasado domingo a Holanda para presentar ante la CIJ los alegatos de Venezuela sobre la controversia territorial de la Guayana Esequiba y su derecho irrenunciable al territorio del Esequibo.

El 21 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó y sancionó la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, la cual crea un estado homónimo y busca proteger la soberanía del territorio que se encuentra en disputa con Guyana.

La ley surgió luego del referendo consultivo sobre la protección de la Guayana Esequiba, que realizó Caracas el 3 de diciembre, el cual obtuvo más de 10 millones de votos.

A raíz de la consulta, el 14 de diciembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el mandatario de Guyana, se reunieron en San Vicente y las Granadinas, donde expresaron su disposición de continuar con el diálogo para dirimir la controversia por el territorio Esequibo.

Además, acordaron que ambos países "directa o indirectamente no se amenazarán, ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia".

De igual manera, convinieron que cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Guyana ha asumido una posición beligerante de odio contra la República Bolivariana de Venezuela y hace pactos con la Exxon Mobil y el Comando Sur y patea el Acuerdo de Ginebra, tal como lo ha denunciado el Ejecutivo Nacional.

Los derechos de Venezuela fueron reconocidos históricamente cuando en 1966, tras diversas negociaciones y muy cerca de concederse la independencia a su colonia Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, el gobierno británico rubricó el Acuerdo de Ginebra en reconocimiento de la reclamación de la nación venezolana sobre el Territorio Esequibo, expresados en 159.500 km2 y arrebatados por el Laudo Arbitral de París el 3 de octubre de 1899, lo que convalidó a su vez la usurpación inglesa, refiere el Ministerio para Relaciones Exteriores.