21 de marzo de 2025.'Hoy temprano, conté que el Departamento de Justicia de Trump ha estado bloqueando al juez principal James Boasberg del Tribunal Federal del Distrito de Washington, D.C., quien ha exigido que el Departamento de Justicia le proporcione, bajo juramento (aunque ex parte y bajo secreto), una explicación de si la administración Trump cumplió con su orden del sábado de no deportar a los venezolanos sospechosos de ser miembros de la violenta pandilla Tren de Aragua (TdA), y de cancelar cualquier vuelo que ya haya despegado,  Informó revisión nacional.com

Resultó que la administración efectivamente deportó a aproximadamente 250 presuntos miembros de TdA; que dos de los vuelos ya habían despegado y sobrevolaban México y el "Golfo de América" ​​(el nombre que Trump le dio al Golfo de México) cuando Boasberg dio la orden, pero no fueron repatriados; y que un tercer vuelo despegó después de la orden.

El juez Boasberg extendió dos veces el plazo para que el Departamento de Justicia presentara su declaración jurada, después de que el Departamento de Justicia solicitara prórrogas de última hora. Estas solicitudes han sido formuladas con petulancia, acusando al juez de usurpar la facultad del presidente en materia de relaciones exteriores. (Como expliqué en la publicación de hoy, Boasberg no está haciendo tal cosa; exige una explicación en circunstancias en las que, de forma visible, sospecha que el Departamento de Justicia lo engañó y lo desafió). La última fecha límite venció hoy al mediodía. El Departamento de Justicia presentó... algo, pero evidentemente no respondió a las preguntas de Boasberg. El New York Times informa que el juez emitió una orden airada, calificando la presentación de "lamentablemente inadecuada" y reprendiendo al Departamento de Justicia por haber "evadido repetidamente sus obligaciones" de informar con franqueza al tribunal. (Que yo sepa, la orden aún no se ha publicado en el sitio web del tribunal).

La orden exige una segunda oportunidad: Boasberg da a los fiscales hasta el martes (25 de marzo) para presentar una nueva solicitud que responda a sus preguntas: exactamente a qué hora y desde dónde despegaron los aviones en Estados Unidos, a qué hora abandonaron el espacio aéreo estadounidense y a qué hora aterrizaron en qué países.

Además de la probabilidad de que las respuestas a las preguntas dejen en una mala imagen al Departamento de Justicia, sospecho que la Fiscal General Pamela Bondi y sus subordinados están dando largas porque el tribunal de apelaciones del Circuito de Washington D. C. aceptó escuchar con carácter de emergencia la apelación del gobierno contra la orden de Boasberg de suspender las deportaciones. El juez suspendió el proceso de deportación para considerar si, como sostiene el gobierno, el presidente tenía autoridad, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798, para ordenar deportaciones sin revisión judicial de ciudadanos venezolanos que, según él, forman parte de una organización terrorista extranjera que ha llevado a cabo una "invasión" o "incursión depredadora" en Estados Unidos bajo la dirección del régimen marxista y antiestadounidense de Nicolás Maduro. (Por las razones aquí expuestas, no creo que el presidente tenga tal autoridad unilateral). Trump emitió una orden el primer día de su nuevo gobierno, instruyendo al Departamento de Estado a designar a TdA como organización terrorista extranjera.

La orden exige una segunda oportunidad: Boasberg da a los fiscales hasta el martes (25 de marzo) para presentar una nueva solicitud que responda a sus preguntas: exactamente a qué hora y desde dónde despegaron los aviones en Estados Unidos, a qué hora abandonaron el espacio aéreo estadounidense y a qué hora aterrizaron en qué países.

Además de la probabilidad de que las respuestas a las preguntas dejen en una mala imagen al Departamento de Justicia, sospecho que la Fiscal General Pamela Bondi y sus subordinados están dando largas porque el tribunal de apelaciones del Circuito de Washington D. C. aceptó escuchar con carácter de emergencia la apelación del gobierno contra la orden de Boasberg de suspender las deportaciones. El juez suspendió el proceso de deportación para considerar si, como sostiene el gobierno, el presidente tenía autoridad, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798, para ordenar deportaciones sin revisión judicial de ciudadanos venezolanos que, según él, forman parte de una organización terrorista extranjera que ha llevado a cabo una "invasión" o "incursión depredadora" en Estados Unidos bajo la dirección del régimen marxista y antiestadounidense de Nicolás Maduro. (Por las razones aquí expuestas, no creo que el presidente tenga tal autoridad unilateral). Trump emitió una orden el primer día de su nuevo gobierno, instruyendo al Departamento de Estado a designar a TdA como organización terrorista extranjera.