Este honesto reconocimiento del equivocado cálculo de la capacidad de gestión del gobierno municipal de Libertador, puede también trasladarse a lo ocurrido en los 10 años de gobierno revolucionario en cuanto a las políticas públicas destinadas a la población indígena de nuestro país. La gran ineficiencia, desviaciones y torpezas mostradas en la ejecución de políticas para los pueblos indígenas es fácilmente corroborable en la gran mayoría de los casi 40 pueblos indígenas del país con tan sólo acercarnos a sus comunidades. Claro está, siempre que no sean aquellas pocas que nos muestran algunos medios de comunicación oficial, que escogidas como vitrinas propagandísticas, son utilizadas y abusadas para invisibilizar la dramática situación depauperada en la que se encuentran nuestros pobladores ancestrales.
La promulgación de más de 10 Leyes que juridificaron los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela en estos años del gobierno bolivariano, ha servido más como demostración de voluntad que para el actuar con voluntad; más para reivindicar la identidad que para identificar al expoliador; más para exaltar la revolución que para lograr la liberación; más para el folclorismo mediático y ocultar la discriminación. Leyes que se han convertido en una inmensa fuente de derechos y también de frustración gracias a los despropósitos cometidos en todos estos años por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, principal responsable de su malograda instrumentación.
A estas alturas de la revolución bolivariana tenemos que reconocer, y en primer lugar el Presidente, de manera similar al fracaso con la alcaldización de Caracas, que la ministerialización de los indígenas, por así decir, ha sido una medida insuficiente para abordar y resolver los ingentes y recurrentes problemas sociales, económicos, culturales y políticos que históricamente han enfrentado y siguen padeciendo nuestros hermanos aborígenes.
Se hace necesario por tanto una indigenización de los ministerios como medida de emergencia para avanzar en el diseño de una efectiva política pública de atención y apoyo, verdaderamente integral, a nuestros pueblos ancestrales y sus más de 500 mil indígenas (Censo 2001), tal y como lo establece expresamente nuestro, tan ilustre como desconocido, Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista. 2007-2013. De manera similar a la acertada decisión de distribuir y encargar a los diferentes ministerios el construir y adaptar espacios de refugio para los 130.000 damnificados por las lluvias de los últimos meses, el Ejecutivo Nacional podría escoger un grupo de ministerios, institutos y organismos gubernamentales entre los cuales distribuir, por conjuntos, los pueblos indígenas a los cuales deberán atender de manera integral y, sobre todo, con el apoyo profesional interdisciplinario requerido, lo cual no ha sido posible, hasta ahora, desde el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, y menos aún desde la inoperante y olvidada Misión Guaicaipuro.
La distribución de los pueblos indígenas entre el conjunto de ministerios llamados a indigenizarse y escogidos para este fin, podría realizarse atendiendo a diversos criterios. Algunos de los criterios pueden ser la infraestructura ya existente y desplegada en el territorio nacional, la capacidad de gestión, el tipo de competencias y facultades de los organismos y las instancias gubernamentales que han estado y están relacionadas directa o indirectamente con los pueblos indígenas. Así, por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores podría aprovechar sus oficinas y sus competencias en materia de frontera, para atender a los pueblos indígenas pumé, hiwi y cuiva, situados en la frontera colombo-venezolana por el estado Apure; y los pueblos wayú y yukpa en la misma frontera por el estado Zulia.
Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior podría aprovechar la gran cantidad no sólo de oficinas sino, más aún, de todo el plantel de universidades y tecnológicos que están bajo su dirección y administración, para atender, por ejemplo, los pueblos indígenas en los seis estados del país en que se agrupa esta población, apoyándose incluso en las demás instituciones de educación superior existentes en esas zonas, como en Bolívar, en la Universidad Indígena de Venezuela en el Tauca. Bien podría ese ministerio, además, instruir, promover, organizar, apoyar y supervisar todo lo conducente para que las universidades e instituciones de educación superior creen unidades de investigación-acción con los pueblos indígenas, a través de las cuales, valga la explicación, se investigue y genere el conocimiento oportuno y pertinente que sustente, al mismo tiempo, la formulación y ejecución de proyectos de intervención práctica que redunden en la constatable mejoría de las condiciones de salud, nutrición, producción, organización y desarrollo político y cultural de nuestras comunidades aborígenes.
Indigenizar
los ministerios es enraizarlos a un espacio, en otras palabras, que
se identifiquen con la gente de allí, significado primero de
la palabra indígena. Tomar esta medida o cualquier otra es urgente
y necesario, no hacerlo significa para los indígenas que están tan
lejos del poder seguir padeciendo y muriendo, sin que haya estadísticas
ni responsables, como los veinte niños y niñas de las comunidades
Pumé del estado Apure que en los comienzos de este nuevo año 2011
ya han muerto de fiebre, vómito y diarrea, afecciones prevenibles que
como todos los años por esta misma época siguen causando este alarmante
número de muertos, situación dolorosa y de las más vergonzosas en
estos tiempos de gobierno revolucionario. Ya estos niños y niñas no
serán más los de allí sino los del más allá.
