Aquel paquetazo incluía las siguientes medidas: la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente US$ 4.500.000.000.000 en los 3 años siguientes; la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial; determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 reglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sinceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública.
El pueblo venezolano reaccionó de inmediato ante la primera huelga, realizada por el sindicato de transportistas que no estuvieron de acuerdo con el aumento inicial del 30% al considerar que el mismo debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un paro para el día 27 de febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo Nacional. Ese día los choferes de las rutas interurbanas (sobretodo las que cubrían el trayecto entre Guarenas y Caracas) iniciaron sus recorridos habituales tratando de imponer sus tarifas y desconociendo el pasaje estudiantil. Ante tales circunstancias los usuarios reaccionaron con un alto grado de violencia contra las unidades de transporte, muchas de las cuales fueron destruidas y quemadas. Asimismo, en poco tiempo la violencia se desbordó al comenzar el saqueo y destrucción de locales comerciales.
Para el 3 de marzo de ese año Carlos Andrés Pérez ordenó al ejército restablecer el orden público, lo que significó el comienzo de un genocidio no cuantificado con exactitud que se estima en miles de muertes y desapariciones.
Esta insurrección espontánea, nacida de la ira popular, solo fue representada por fuerzas fieles al pueblo en el intento de insurrección armada comandado por nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías el 4 de Febrero de 1.992, que lo llevó primero a la prisión en el cuartel San Carlos y luego de su indulto a la gran victoria popular en las elecciones presidenciales de 1.999.
Hoy vemos en nuestra Asamblea Nacional a muchos de los protagonistas de esta matanza en su empeño por revertir el destino signado por la voluntad popular. Vemos a un planeta convulsionado por estallidos sociales que son manipulados, sino inducidos, por el mismo imperio. Pero en Venezuela, como en Cuba y los países que lideran el socialismo nuestro americano, queda la memoria viva del castigo del látigo con que las oligarquías los azotaban.
Carlos Andrés Pérez asesinó a su pueblo y sin embargo no fue la OEA ni la OTAN, ni el imperio del cual era lacayo quien hizo denuncia alguna, fue la conciencia popular, que desató su furia en las calles, quien lo sentenció a pasar a la historia como un verdugo. Ese mismo pueblo que de forma valiente restituyó el mandato de nuestro comandante luego del golpe de Carmona Estanga el 11 de Abril del 2.002.
Mientras el cadáver insepulto de Carlos Andrés Pérez, opta por el Guinness en la pelea judicial sobre la propiedad de sus restos, en nuestro suelo hay decenas de miles de cadáveres sepultados en fosas escondidas que esperan por justicia.
Venceremos!!
