El abordaje al tema de la participación ciudadana en el contexto de la realidad sociopolítica venezolana, específicamente del movimiento social y política del a partir de 1999, parte de las estructuras conceptuales que fundamentan la teoría del desarrollo en el mundo occidental en relación con las premisas de participación que desde la década del setenta se viene hablando en Latinoamérica sin contar aún con un modelaje concreto del para qué de su utilidad en la construcción de políticas públicas en los estados nacionales .
Por este motivo, hay que partir de una revisión del significado del contexto de desarrollo latinoamericano en relación con la participación ciudadana, para fundamentar las bases de ese criterio participativo en el cual se ha fundado la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que no se puede negar, es que la participación ciudadana se ha creado en un contexto demoliberal que es contradictorio a la esencia participativa tal cual la valora y entiende los criterios modernos de derechos civiles de los pueblos. Para entender ese papel de la participación ciudadana se tiene que ir al inicio de la idea de ciudadanía, la cual justifica y fundamenta la participación como derecho y no como necesidad civilizatoria.
En este orden de ideas se aprecia que la razón de ser de América Latina no está circunscrita solamente al crecimiento económico o a la superación de la marginalidad y pobreza, en que se ven envueltos la mayoría de sus países. Va más allá. Existe como realidad civilizatoria y su tendencia es a seguir existiendo; por lo cual se hace necesario el ejercicio constante de descubrirla y explicarla, al menos antes de que algún fenómeno natural o social influya en su escenario actual.
Esto nos lleva a la idea medular, o “causa primera”, en el argó de los filósofos, que da sentido a las políticas de estado del y para el desarrollo. Es decir, el hombre, con su dimensión política y humana, la cual lo representa como ciudadano, membresía de un Estado, arte y parte de la razón de ser de la sociedad contemporánea. La historia se inicia con los referentes de las revoluciones políticas de finales del siglo XVIII, de las cuales surgió un movimiento terminológico que aparentemente da reemplazo al término súbdito por el término ciudadano. Innegablemente este cambio en el discurso político está asociado a un punto de ruptura real en la historia de la institución de ciudadanía. Está asociado a la transición a un segundo y moderno modelo de ciudadanía. La discontinuidad revolucionaria, sin embargo, no debe impedirnos ver una continuidad tal vez más profunda y fundamental en el desarrollo del concepto desde fines de la época medieval. El sujeto se volvió de nuevo ciudadano pero en un mundo de aparatos de estados crecientes y reforzados, que a través de sus técnicas específicas produjeron un ciudadano disciplinado.
Esto último implica, según nos dice Roland Anrup y Vicente Oieni, entender a la ciudadanía como un proceso de sujetivización y personificación que regula, enseña y forma al ciudadano; nace en 1789 con la Revolución Francesa y su principal fundamento es reconocer como ciudadano francés a cualquiera persona a condición de que aprendiera la lengua y obedeciera las leyes francesas. La ciudadanía francesa desde entonces, ha aparecido como la representación del estado abierto, libre y tolerante el cual no tenía problemas en adoptar a los individuos que quisieran ser parte de él. Esta ciudadanía encuentra su fundamento en una idea central de la modernidad: aquella que concibe al hombre como un individuo que es libre e independiente y toma decisiones sobre su propio destino y con su voz contribuye políticamente al bienestar de la sociedad.
En lo fundamental es esta imagen del ciudadano la que se ha convertido en un ingrediente importante para la fórmula desde la cual las sociedades occidentales se conciben a sí mismas. Al mismo tiempo, es evidente que esta idea presupone un ciudadano activo que apenas ha existido, y que si hubiera existido los estados probablemente lo hubieran considerado como un problema. Tampoco se ha realizado la idea de la ciudadanía abierta como la libertad de la que los individuos hacen uso para moverse libremente, residir donde quieran y allí gozar del estatus de ciudadano.
En este aspecto aparece un nuevo elemento para la discusión: la relación entre nacionalidad y ciudadanía. Muchas veces se conciben como sinónimos, como conceptos que se corresponden; la ciudadanía se define así en relación a la nacionalidad o como efecto de ella; bajo esta óptica es difícil imaginar una ciudadanía no nacional. Detrás del pensamiento nacionalista hay una concepción de la ciudadanía que está en contradicción con la concepción abierta de ciudadanía de la Revolución Francesa. Esta concepción nacional de la ciudadanía se articuló durante las guerras napoleónicas sobre todo por filósofos y pensadores políticos del romanticismo alemán; en ellos hay un rasgo decisivo anti-individualista, los individuos se vuelven verdaderos y reales sólo incorporados a una unidad más grande y esta unidad es el estado.
También es de hacer notar, en concordancia con lo anterior, el entusiasmo y escepticismo frente a la integración política de los países inmersos en la hegemonía del capitalismo que suelen ser partidarios de los ideales de la ciudadanía francesa; los escépticos en cambio se adhieren a una ciudadanía nacional. Estos modelos también podemos encontrarlos en las tipologías que ahora son comunes en la investigación sobre el nacionalismo. En éstas se suele distinguir entre un nacionalismo territorial que tiene su referente en la Revolución Francesa y por otro, un nacionalismo ético-cultural que tiene sus raíces en el Romanticismo. A dichas tipologías corresponden una ciudadanía territorialmente basada (jus solis) y una que se basa en la comunidad sanguínea (jus sanguinis).
El nuevo concepto de ciudadano entró en el vocabulario del mundo colonial, según lo expresara Darcy Riveiro, casi al mismo tiempo que se desatara el proceso de independencia, perfilándose en el imaginario colonial urbano de comienzos del siglo XIX.
En él se concentran significados múltiples y más o menos difusos, estuvo claramente asociado a la idea de posesión de una identidad nueva: americana, nacional, patriótica; definitivamente diferente a la repudiada y negada madre patria convertida, en el proceso, en madrastra. La introducción de la institución de la ciudadanía, según nos expresó el recién fallecido filósofo venezolano José Manuel Briceño Guerrero, no fue sólo retórica sino que cumplió la función de sumar fuerzas para garantizar el triunfo frente a España. Esta debía ser el soporte de los nuevos estados que no se fundaban ya en el derecho divino, sino en el principio de representación política de ciudadanos autónomos. La ruptura del orden colonial en la esfera política se produjo generando en lo interno, una alteración institucional del estatuto étnico gestado durante tres siglos de dominación colonial; en lo externo, el desmembramiento de la unidad política colonial, dio lugar al nacimiento de nuevas naciones políticamente soberanas que se incorporaban a un orden internacional dominado por las ideas liberales. La revolución de independencia y la creación de la institución de la ciudadanía, buscó integrar en la nueva etapa a indígenas, mulatos, negros, e incluso a los españoles que así lo deseasen.
Pronto este discurso de ciudadanía se amplia y entra en contradicción con las estructuras socio-políticas heredadas de la colonia y también con el nuevo proceso social y político generado por la independencia. Se fueron ejecutando sucesivos recortes a la amplia y concesiva institución de la ciudadanía; en los no infrecuentes períodos de abierta dictadura o guerras internas, se suspendieron los derechos políticos; pese a todo, los fundamentos filosóficos del discurso de la ciudadanía no se modificaron.
En el caso de las dictaduras se apeló al principio de estado de excepción, figura jurídica de la que ninguna constitución carece. Así, los derechos y obligaciones del ciudadano no quedaron abolidos sino que se suspendieron. La ficción del discurso liberal por lo general, se mantuvo en pie. Desde ese proceso fundador, hasta hoy, el mecanismo es el mismo. Desde el proceso de independencia a nuestros días, en América Latina siempre circularon las ideas occidentales dominantes sobre la ciudadanía y los derechos humanos que emergen de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.
Aún en nuestros días, la ola de reformas constitucionales que se llevan adelante en América Latina está influidas, como desde los orígenes, por los debates teóricos de los países europeos y los EEUU. La constatación de esta realidad corre paralela a otra: en la actualidad, se experimenta un replanteamiento en el plano teórico de las bases sobre las que se asentó tanto la ciudadanía en las democracias liberales, como las de otras formas de ciudadanía surgidas de las revoluciones de carácter socialista. En los debates se dirige la mirada tanto hacia el horizonte del pasado que dio origen a la tradición demoliberal, como hacia el horizonte de futuro en el que el proceso de globalización se hará más intenso y demandará respuestas para la que esa tradición resulta insuficiente.
