Desde que se aprobó la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en 1999 la cual definía nuestro Estado democrático participativo, en
oposición a la constitución de 1961 que apostaba por la democracia
representativa, se dio inicio a un proceso que ha exigido nuevos aprendizajes a
partir de la propia realidad. Esta tarea y compromiso ha hecho que ciudadanos,
grupos, comunidades y colectivos se incorporaran en diversos ámbitos de la vida
pública (social, política, económica, cultural, educativa, etc.) lo que ha
significado el encuentro de saberes y prácticas que de modo dialéctico, antagónico
y contradictorio se producen para reproducirse o recrearse, para reconstruirse
o destruirse.
Estos saberes populares y prácticas sociales no sólo van a incidir
en la visión de la realidad sino en la construcción efectiva de la misma. Van a
formar parte de los diálogos cotidianos de los ciudadanos, además de la
conformación de identidades personales y sociales pues se constituyen en
generadores de tomas de posicionamiento y producen los significados que la
gente necesita para comprender, actuar y orientase en su vida cotidiana.
Generalmente estos integran las novedades del pensamiento y acción social.
Estos productos socioculturales van acompañados de utopías e
imaginarios contenidos en diversas visiones paradigmáticas (religiosas,
filosóficas, políticas, económicas) que determinan las condiciones bajo las
cuales la sociedad se percibe y asume algo como problema o carencia, y al mismo
tiempo alberga la capacidad de encontrarles una solución. La utopía y los
imaginarios juegan en la vida de una sociedad como pilar sobre el que se apoyan
tanto la identidad que la constituye como los fines que la orientan.
La utopía, tomada más desde la
perspectiva de la forma que del contenido, se revela como una manifestación de
lo imaginario. A través de esta, el hombre se recrea en el pasado o edifica un
futuro renegado de su realidad cotidiana. Comprende la utopía como una apertura
siempre inacabada de posibilidades de realidad alternativas a la
institucionalizada socialmente, y que se desencadenan como resultado de la
insatisfacción que esta provoca. Tras cualquier tipo de proyecto revolucionario
late siempre el germen de la utopía como medio de trascendencia de lo real y
apertura a lo posible, lo que ofrece una resistencia a todo intento de
imposición de la evidencia presente bajo el pretexto de única posible realidad.
Lo imaginario es lo que dota de fuerza a
la utopía. Desde lo imaginario, se consigue movilizar la potencia social,
cuestionando el orden social establecido. Ocurre así en todos los movimientos
de transformación social, los cuales se enraízan en un imaginario que dinamiza
la capacidad de movilización de la sociedad. Mientras la utopía trasciende lo
real el carácter eternizador de la ideología contribuye a inmovilizar la
realidad social.
Con este binomio utopía e imaginario no se puede comprender una
praxis emancipatoria desde la Contraloría Social debido a que comporta esta
acción no solo en una acción contralora en sí misma, sino porque deviene la
necesidad de algo que inspire y permita transformar aquello que no responde a
las necesidades, intereses y expectativas de un pueblo, y que más bien resultan
un obstáculo.
Desde nuestra venezolanidad vamos a encontrar diversas miradas que
van a troncarse y todas permiten favorecer una visión y utopía que sustente una
praxis emancipatoria de la Contraloría
Social cuyo fin último consiste en construir una nueva ciudadanía y nuevas
instituciones.
Como se trata de visibilizar los argumentos del pueblo que son tan
válidos como los de los líderes del proceso bolivariano. Solo que los primeros
deben constituirse en nuestro punto de partida: expresiones sencillas pero
profundas están en el sentipensamiento del pueblo como: “Buscar mejoras”,
“colaborar para el buen vivir”, “contribuir en el desarrollo y al bien común”,
“contribuir al ejercicio pleno de las facultades humanas”, “buscar la calidad
de vida de toda la comunidad”, “dar lo mejor con el concurso de todos”, “por un
cambio positivo”, “para que vivamos mejor”, “transformar la realidad para el
bienestar y beneficio de todos”, “mejor vivir”, “para superarnos y construir la
identidad colectivamente”. Si estas expresiones resultaran simples para muchos
que hablan desde los discurso ideológicos sobre el “poder popular”, o “el
socialismo”, etc. es que aún no han entendido que la fuerza no están en las
palabras en si misma sino en el valor que un pueblo le da y que generalmente no
usan argumentos de otras latitudes, pues el sistema siempre oferta una mirada
que puede resultar para ellos “enajenante” si no es fruto de un proceso de
concienciación política que permita la discusión profunda desde el sentipensar
venezolano. Así también encontramos otra tendencia también legítima como la de
un pueblo que se suscribe en cambios paradigmáticos, propuestas desde el
liderazgo del Presidente Hugo Chávez Frías como ha sido la propuesta del
Socialismo del XXI, no obstante, la novedad es que el ideal
bolivariano y la felicidad suprema hecho revolución resultan un potencial
utópico en el pueblo y que bien es asumido bajo otras miras como el Socialismo
humanista, la democracia socialista, el hombre nuevo; la Revolución moral de las conciencias y de las
instituciones, el Poder Popular, la Revolución moral de las conciencias y de
las instituciones, el desarrollo endógeno y la Patria libre e independiente.
Este punto de partida debe ser un elemento central en la
reconstrucción de “Nuestra utopía” que exige la actuación contralora. Buscar
integrar y cohesionar para una praxis emancipadora y transformadora, evitando
así la desarticulación y fragmentación a la que hemos sido víctimas en la
historia.
A esta reconstrucción debe ir respaldada de la memoria histórica preexistente desde
nuestros originarios, la del proceso de invasión y colonización española y la
resistencia ofrecida por los grupos étnicos indígenas y negros, así como
también las etapas de la emancipación, independencia, republicanismo,
liberalismo, dictadura, democracia y neoliberalismo en los últimos 200 años que
nos permite visualizar nuestras capacidades libertarias y humanistas pero
también el reconocimiento de un orden cultural subyacente que fracturan y
bloquean nuestro ser y quehacer y al cual debemos concienciar los saberes y las
prácticas emancipatorias y transformadoras a modo de actúan como fuerza para subvertir de modo colectivo los
saberes y las prácticas hegemónicas y de sujeción.
Este paso es esencial para reivindicar
los poderes originarios del bravo pueblo de Bolívar que lo impulsa a un “verdadero empoderamiento popular, ya que es el pueblo común, el
vulgo general, educado o no, profesional o no, instruido o no, quien,
sencillamente, dirá si un servicio funciona o no, si un servicio es legal o no,
si un servicio es necesario o no, al final, será como un sistema de auto
reparación del mismo sistema social superior, ya que cuando esté presente leves
o grandes anomalías, serán los usufructuantes de esta sociedad. Además de usar
“los iniciales mecanismos de alarma, de alerta temprana, que permita a los
organismos competentes, en unión siempre con el pueblo, el poder subsanar los
problemas, tanto vitales como los comunes del día a día, dentro de la sociedad,
que en resumen harían de “La Contraloría Social el instrumento legal
fundamental para el funcionamiento de una sociedad realmente social y
humanista”.
El aspecto cultural que favorece la práctica de la Contraloría Social
es la necesidad de lograr la refundación de la República, la cual es
efectiva con la participación protagónica del pueblo. Es decir, los cambios se
harán efectivos con la actuación de los ciudadanos y las ciudadanas y que ahora
tienen el derecho de ejercer control sobre las políticas públicas. Para
promover la refundación de la
República, seria esencial profundizar el pensamiento de
Bolívar, la construcción de una cultura política cónsono a los tiempos y bajo
el eje identitario de la venezolanidad. Todos los aspectos inscritos en la
cosmogonía de nuestro originarios, deben ser rescatados, para aplicarlos a
nuestra cosmogonía actual, ya que de esa manera nuestro sentido de pertenencia
a nuestra Pachamama y nuestro Abya Yala, será verdaderamente autóctono, porque
no hay nada más extraño a nuestros orígenes ancestrales, que la cosmogonía en
la cual nos han sumido los conquistadores, que de paso son las aberraciones que
debemos erradicar, de nuestras costumbres para poder ejercer un control más
efectivo para nuestro vivir. Para promoverlo se propone educar, educar y
educar.
En una investigación basada en 400 artículos de Aporrea encontramos
el significado que tiene la Contraloría Social para nuestro pueblo.
1. Es una manifestación del poder
popular que persigue la transformación moral de la sociedad.
2. Es simple y llanamente una
herramienta de revisión y supervisión tanto de la función pública, como de la
función privada de servicios a la comunidad. La razón para llevarnos a
ejercerla se fundamenta en obtener los resultados para los cuales fueron
creadas estas políticas públicas y de servicios.
3. Es un deber y un derecho
constitucional, que consiste en una corresponsabilidad entre las instancias del
Poder Público y los ciudadanos y ciudadanas que se encuentren organizados o no
en instancias de Poder Popular, con el fin de garantizar que la inversión
pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los
intereses sociales de una colectividad.
4. Es el
elemento clave para impedir la desviación de los objetivos del proceso de transformaciones
y su razón de ejercer la Contraloría Social es evitar todos los tipos
de corrupciones que existen y los beneficios individuales con recursos públicos
que deben estar destinados a intereses sociales.
5. Es el ejercicio de vigilar y
acompañar las actuaciones económicas, administrativas, jurídicas y operativas
de las instituciones públicas del Estado y del Gobierno, por parte de la
ciudadanía individual o en colectivos organizados comunitarios u organizaciones
sociales en general para garantizar el cumplimiento de los objetivos
institucionales y sociales, la reducción de la corrupción y el evitar el
entorpecimiento burocrático de planes y proyectos.
6. Es la forma de participación
activa que puede enarbolar la ciudadanía, el pueblo en conjunto a los efectos
de evaluar, controlar, y sancionar en los casos que así lo requieran el uso
adecuado o inadecuado de los recursos públicos, de la gestión pública y del
ejercicio de la función pública, a la vez de garantizar el uso racional,
económico, transparente, eficiente y eficaz de dichos recursos por parte de los
administradores, per a la vez debe tornarse en un nivel decisorio, deliberante,
por supuesto hay que dotar a la ciudadanía en pleno de los conocimientos que
garanticen que esta función no se convierta en una peña de desacreditación,
vilipendios o falsos testimonios y chismes.
7. Es una especie de instrumento
de control, que debe ser ejercida por el ciudadano común en solitario o en
conjuntos, como ejemplo, consejos comunales, comunidades, comunas, etc. Que,
aunque hoy parezca, – la C.S - una entidad sin fuerza y sin poder, tenemos que
convertirla mediante la ley orgánica en un arma contundente para defender, no
solo la inversión del estado, sino proteger a todo el país, en conjunto. Todo
lo relacionado con el estado es competencia del pueblo (potentia), en su
condición de soberano y autentico dueño del poder.
8. En la práctica nos permite
tener puntos de prueba y/o corrección del ejercicio de gobierno de nuestro
país, y que establece una especie de señalizador donde se pueda monitorear el
avance de la gestión de gobierno en todos sus aspectos y actuar en consecuencia
para promover correctivos donde fuese necesario. Debe motivarnos a ejercer la
Contraloría Social el deber y el derecho de ejercer el poder, que como pueblo
nos confiere la constitución nacional en
el articulado y el concepto político de
poder; que radica en el pueblo
(potentia) y que es ejercido por las personas delegadas para ejercer ese poder
(potestas). Todo ello para hacer palabra buena el precepto de gobernar
obedeciendo.
9. La Contraloría Social es el
derecho que otorga el estamento jurídico establecido en una sociedad
determinada a las personas de esta sociedad para que las mismas participen en
la vigilancia, seguimiento y control de la gestión pública. En la República
Bolivariana de Venezuela este derecho está consagrado en la Carta Magna, el
espíritu de nuestra Constitución plasmado en los Principios Fundamentales,
artículos del 1 al 9 y muy explícitamente el artículo 2 que expresa “Venezuela
se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación,
la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia,
la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos
humanos, la ética y el pluralismo político”. Además en el Artículo
62. “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar
libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus
representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la
formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para
lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual
como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la
generación de las condiciones más favorables para su práctica”. También los
artículos del 130 al 135 correspondientes a nuestros deberes, cada venezolano
y/o venezolana tiene el deber de ser contralor del respeto y cumplimiento de
estos deberes. El artículo 139. “El
ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o
desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”. Así mismo el artículo 143. Es importante resaltar que todo el articulado
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela faculta la
Contraloría Social, por lo tanto es un derecho y a la vez un deber de todos los
venezolanos y todas las venezolanas ejercerla, por lo que la Ley Orgánica de
Contraloría Social fortalecerá aún más el Poder Popular.
10. La Contraloría Social a través de información y conocimiento de
causa realiza un conjunto de acciones voluntarias para ejercer el control, la
vigilancia, la supervisión y la evaluación para contribuir con la gestión
gubernamental, dado que busca la democratización de los servicios, el manejo de
los recursos en beneficio de la colectividad, la capacidad de respuesta y
pretende evitar que los recursos sean utilizados por intereses particulares de
algún grupo.
La
densidad y profundidad del pensamiento de nuestro pueblo representado en estas
voces y miradas conmina a la gestión pública bajo el mandato constitucional de
la democracia participativa a considerar su sentipensar en el momento de construir
leyes, políticas y planes y donde el pueblo es el protagonista y el Estado
gobierna obedeciendo.
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