En la edición del domingo 24 de agosto del 2014, el diario Ultimas Noticias desplegó un reportaje con primera plana incluida (roba-página) y tres páginas y media interiores, con una investigación reporteril calzada por una “unidad de investigación”, sobre el fenómeno del contrabandeo de productos venezolanos hacia la frontera con Colombia. Los reporteros estuvieron en ambos lados del límite, constatando una realidad: allá existe una macro organización económica que controla los grandes beneficios de la comercialización de los productos venezolanos, organización montada desde el gobierno colombiano y con el apoyo financiero del narcotráfico.

UN no pasó de la fachada que todos conocemos en fotografías y videos: productos venezolanos a gran escala en las calles de Cúcuta. UN pasó por alto que el contrabando no se expende en las cadenas LEY, CARE-FULL ni en cualquier otro comercio formal por que normas impuestas en el ALCA norteamericano-colombiano lo impiden. Las mercancías originadas en Venezuela son compradas en las calles y mercados libres de ciudades colombianas fronterizas con Venezuela, por los sectores pobres del Departamento Norte de Santander y los Departamentos Cesar, Goajira, Atlántico y Bolivar, Arauca, Vichada y Caquetá –hacia el sur-. En menor escala los compran venezolanos necesitados, pagando los precios de la oferta ilegal, con valores que como mínimo duplican el precio regulado en Venezuela.

Por su parte la gasolina también es vendida en la calle por la denominada Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del Norte, a cuyos miembros el gobierno departamental les aplica una “sobretasa” del 10% sobre pimpina vendida. Con este ingreso ilegal, el Departamento duplica sus ingresos presupuestarios, para conservar bonito, aseado y libre de delincuencia, el centro de Cúcuta.

Aclaro que los pimpineros apenas comercializan una parte pequeña del combustible que a raudales le viene de Venezuela. El 80% de ese combustible va parar a las enormes sisternas de ECOPETROL, empresa que luego libera inventarios de gasolina destinados al consumo interno y vende en calidad de exportación legal, combustible “made in Colombia” a Perú, Guatemala y Honduras. Todo esto gracias a la inteligencia de tres venezolanos que asesoraron a Uribe y al ministro Junguito, me refiero a Luis Giusti, Ronald Pantin y Humberto Calderón Berti, quienes se instalaron en Colombia con sus dólares mal habidos con sus empresas Pacific Rubiales, Alange Energy y, Vectra. Como buenos exiliados políticos, lograron el ingreso de unos 1300 exgerentes y exfuncionarios de confianza extrabajadores ellos de PDVSA, fascistas ellos, sobre quienes no recae ningún tipo de requerimiento de INTERPOL, por ser delincuentes de “cuello blanco”, pero operadores del negocio petrolero.

Así coronó exitosamente Uribe su acuerdo con Chávez (Puerto Ordaz 2005), de lucha conjunta contra la pobreza fronteriza (pero cada quién a su manera). Gracias a Uribe, con apoyo del narcotráfico, el colombiano pobre accede a mercancías con precios parecidos a los venezolanos, ingresadas a gran escala en forma ilegal a Colombia. Los pueblos pobres fronterizos venezolanos, padecen entre tanto el desabastecimiento, pues mafias nativas, agotan las alícuotas racionadas por el Ministerio de la Alimentación. Gracias a Uribe también, con apoyo de los carteles de la droga, los venezolanos raspacupos pueden vender sus dólares CADIVI y en gigantesca proporción, los que llevan a Colombia la gasolina, gas y lubricantes producidos por PDVSA en Venezuela.

Dos economistas colombianos, entre otros, han escrito sobre la denominada “economía subterránea de la cocaína en Colombia”, refiriéndose a las grandes magnitudes escondidas del negocio del narcotráfico (Junguito y Caballero).Roberto Junguito Bonett la diagnosticó al detalle en 1978, estableciendo los nexos históricos con Venezuela y luego, Alvaro Uríbe Vélez (Expediente 82 de la DEA) lo nombró en 2004 su ministro de hacienda, dándole la oportunidad de aplicar su ciencia económica para lavar desde la economía nacional el buen nombre de Colombia, República penalizada internacionalmente por ser productora de la cocaína que en gran escala exporta y consumen 40 millones de norteamericanos. Y vaya que lo hizo.

El escenario fronterizo colombo-venezolano se encuentra dominado económicamente por la producción de cocaína. La población que vive a ambos lados del límite la integran indígenas y población criolla con altos niveles de desigualdad y pobreza en ambos países, predominan por tanto los agricultores, incrementados en el lado colombiano al ser desplazados en número de unas 2000 familias por el conflicto interno.

Es una población aguantadora, marginalizada, con escasa capacidad de respuestas a la imposición salvaje de relaciones de producción derivadas de la economía subterránea e ilegal; la delincuencia tiene gran capacidad de penetración y vulneración de los poderes públicos, de imponer y coaccionar. Quien se opone es asesinado.

Esa área es considerada por la WOLA (Oficina de Washington para América Latina) la de más alta producción de narcóticos del mundo (cocaína, marihuana y heroína). Según las estadísticas más recientes de las Naciones Unidas (2012) y el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilicitos (SIMCI), el Departamento Norte de Santander tenía para el 2011, 12.000 hectáreas de coca, las cuales crecieron en un año a 28.000 hectáreas de cultivos donde domina una variedad ipadú biogenéticamente desarrollada para dar cuatro cosechas de hoja por año. Ya este crecimiento superlativo, más que duplicado en un año, le resta confiabilidad a las estadísticas de las NNUU. Demuestra también que en ese Departamento y su capital Cúcuta circula en grandes cantidades el billete verde del dólar y cuantiosa liquidez de pesos colombianos.

¿Cómo lavarlos?, fácil para el ministro Junguito y su presidente Uribe, con VENEZUELA!!

UN ni de lejos mencionó al narcotráfico como variable subyacente en el asunto.

Tampoco UN fue al fondo del contrabandeo de millones de litros de gasolina, gasoil y lubricantes producidos por PDVSA

El contrabandeo de combustibles hacia Colombia tiene como artífices a la banda de Luis Giusti, Pantin y Calderón Berti, como artífices en gran escala del contrabandeo de gasolina, quienes en 2004 asesoraron al gobierno de Uribe para legalizar el ingreso ilegal en grandes volúmenes de gasolina y gasoil desde Venezuela. Sus empresas administran los Centros de Acopio Fronterizo a los cuales ingresa el combustible que según la Ley Colombiana, una vez que ingresan al país son nacionalizados, sin pago de aranceles ni declaración de contenido, volumen ni peso. Las empresas concesionarias están autorizadas por Decreto para venderlos al mercado interno y al mercado externo a través de ECOPETROL.

¿Qué bases legales existen en Venezuela para la regulación de este tráfico ilegal? NINGUNA!!

¿Cuáles negociaciones se han hecho con la República de Colombia para detener este desangre de la economía venezolana, contrabando de gasolina, diesel, lubricantes y últimamente gas doméstico, estimado en pérdida para el país de 10.000 millones de dólares al año? NINGUNA!!

Si la empresa estatal colombiana ECOPETROL anuncia ganancias de entre 5000 y 7000 millones de dólares por ventas de combustibles y derivados al exterior cada año, desde el año 2004 hasta el presente, ¿Sáben las autoridades venezolanas que Colombia no tiene capacidad para abastecer su mercado interno de combustibles? SI LO SABEN, PERO NO ACTUAN!!

Con esta realidad NO SE JUSTIFICA EL AUMENTO DE LA GASOLINA EN VENEZUELA!!

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