14 agosto 2014 - La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) aprobó ayer por unanimidad el informe final sobre las presuntas irregularidades administrativas que se le señalan al ingeniero Luis Herrera Mendoza, expresidente de la empresa CVG Minerven en los ejercicios fiscales 2010 y 2011.
El presidente de la comisión, Pedro Carreño, manifestó que el informe será remitido a la plenaria de la AN, para que se discuta si se establece o no la responsabilidad política de Herrera Mendoza.
NUEVE CASOS
Carreño explicó que en el informe se presentan 9 casos de presunta corrupción en adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de CVG Minerven, ya que se habría obviado lo establecido en la ley de contrataciones públicas, y se registra "un sobreprecio que excede los 4 mil millones de bolívares en una sola empresa".
También indicó que el Banco Central de Venezuela ha emitido una serie de resoluciones que determinan el porcentaje precio del oro, que debe ser vendido tanto a la máxima entidad bancaria del país como al mercado, y "en la investigación se determinó que no se vendió el oro a dicho banco".
VALOR PROBATORIO
Carreño sostuvo que de aprobarse el informe por la plenaria, se remitirá a la Contraloría General de la República, "encargada del factor penal", a fin de que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva la responsabilidad política, "imponiendo la responsabilidad penal y civil" así como la responsabilidad administrativa en los términos que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal.
El parlamentario apuntó que los informes aprobados por la Asamblea Nacional tienen valor probatorio y carácter vinculantes, por ello, son utilizados como documentos base para la imposición de la responsabilidad por parte del Ministerio Público (MP).
PIDEN ENAJENACIÓN
También resaltó que en la presentación del informe se propuso exhortar al MP que determinado el "quantum del enriquecimiento y el monto total de la lesión general al patrimonio público por las distintas acciones cometidas durante la gestión del expresidente de Minerven, se establezca una medida de incautación, enajenación y secuestro de los bienes, con la finalidad de resarcir el daño patrimonial a la nación"
Indicó que si bien es cierto que "la República se resarce moralmente" con una privativa de libertad por un caso de corrupción, "esa privativa de libertad no lleva implícito resarcir el daño patrimonial".
En ese sentido, Carreño señaló que a partir de este momento han establecido como premisa fundamental que todos los casos con responsabilidad política aprobados por la Comisión de Contraloría de la AN, "deben llevar implícita la cuantificación del daño patrimonial y la medida de secuestro de los bienes".