10 de junio de 2016.- El Estado está enfocado en rescatar y preservar la memoria histórica de las graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, generados por el terrorismo de Estado que imperó en Venezuela durante los mandatos surgidos tras la firma del Pacto de Punto Fijo.
Por ello la Comisión se ha dispuesto “identificar y señalizar los lugares donde funcionaron los centros de detención, tortura y asesinatos, en especial los llamados teatro de operaciones, así como los sitios donde fueron encontrados los restos de revolucionarios desaparecidos o asesinados por razones políticas”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley para Sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de derechos humanos por razones políticas en el período 1958-1998.
Bajo esta premisa, miembros de la Comisión, expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales y fiscales que investigan violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre 1958 y 1998, efectuaron una inspección técnica en la Comandancia General de la Guardia Nacional, a los fines de recabar mediante la fijación fotográfica rastros de lo que fue en su momento un centro de detención de militantes revolucionarios.
Se inspeccionó la Quinta Las Acacias, una hacienda propiedad del General Cipriano Castro y adquirida por el General Eleazar López Contreras para el funcionamiento del antiguo Cuartel General. Fue construida en 1913 y declarada monumento histórico en 1985. En la actualidad allí se ubican los despachos del alto mando militar, conformado por el Comandante General, Néstor Reverol Torres y del Segundo Comandante de la Guardia, Juan Rodríguez Navarro.
Igualmente se tomaron datos y se practicó el levantamiento fotográfico de evidencias en la Quinta El Solar, conocido en el pasado como el Comando Regional N° 5 de la Guardia Nacional, precisamente en ese lugar estuvo detenido el luchador popular y revolucionario, Víctor Soto Rojas.
El 29 de julio de 1964, el sociólogo de la Universidad Central de Venezuela y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido por la Guardia Nacional en Altagracia de Orituco. Fue torturado por agentes de la Digepol y luego trasladado al Comando Regional N° 5. La Digepol nuevamente gestiona su reubicación y desde ese momento no se volvió a tener noticias de su paradero.
Más adelante, en el año 1988, su hermana Pura Soto Rojas estuvo detenida en el Regional N° 5 por haber participado en un cacerolazo en rechazo a las políticas aplicadas por Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno.
Es importante destacar que gracias al apoyo del General de Brigada, Henry Landaeta García, del Coronel Dani Ferrer y del Sargento Mayor de segunda José Sequera, se pudo materializar esta nueva observación técnica, que se suma a otras ya efectuadas por la CJV y el Ministerio Público tales como el Cuartel San Carlos, el Palacio Blanco de Miraflores (SIFA), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (PTJ), Dirección General de Policía, Casa de Rehabilitación y Trabajo Artesanal, La Planta; Campamentos Antiguerrilleros de Buena Vista, Potrerito y La Guacharaca; Teatros de Operaciones 4 (Cocollar – Cachipo) y 5 (Yumare), el Fortín Solano y San Carlos, el Castillo San Felipe, Instituto Nacional de Orientación Femenina, la Cárcel Modelo de Caracas y el Centro de Procesados Militares La Pica.
El próximo 16 de junio se visitará el Centro Penitenciario de Tacarigua, conocido como la Isla del Burro.
Asistieron también a la Comandancia General de la Guardia Nacional las miembros principales de la Comisión por la Justicia y la Verdad, Raquel Castro y Pura Soto Rojas; el Secretario Ejecutivo de la CJV, Víctor Parra; la Fiscal Provisorio 86 con competencia en derechos fundamentales del área metropolitana de Caracas y de la Comisión Especial del Ministerio Público que investiga las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1958-1998, Eddmysalha Guillén Cordero, así como Irving Camacho y Einar Amaro, investigador y criminalista II de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público respectivamente.
