La lógica liberal postmodernista, que acompaña las formas dominantes del discurso y praxis del capitalismo asume el poder en el sentido explicado por Max Weber, eso es cómo la capacidad de imponer la voluntad sobre otros. En este caso – como impronta del sistema de valores- se produce lo que el filósofo mexicano-argentino Enrique Dussel denomina “fetichización del poder”, es decir la enajenación – o alienación en el sentido marxista- del poder. Se transforma en un mecanismo del control, de la dominación, base de las formas de explotación reproducida por – y desde - el Estado que es la forma “institucional” de control político y económico.
La fetichización del poder, limita la participación del ciudadano, pues de él se desprende la lógica que señala a la política como una cuestión exclusiva de “los políticos”. Esa afirmación, que tanto hemos escuchado en boca de multitud de ciudadanos que afirma “yo no soy político”, no es más que la imposición de esa fetichización que deriva en una máxima: no todos los ciudadanos saben de política, la política es cuestión de quienes viven de ella y el ciudadano debe aceptarlo. Con ello, los mecanismos de dominación, exclusión y segregación son formalmente aceptadas y se justifica la existencia de ciudadanos y de políticos, generando una división inexistente en términos de una praxis histórica. Ello justifica la no participación en la toma de decisiones, reproduciendo en el ámbito ciudadano la división introducida en términos del trabajo, pero ahora en el ámbito político y social. Por otra parte, esta forma liberal de asumir el poder asume como un “hecho natural” la no participación, a menos que reúna que lo hagan posible un conjunto de requisitos (educación, privilegios). Se construye una teoría elitesca de la participación, sobre la cual se define todo el discurso liberal-capitalista. Es el paraíso de la tecnocracia y la burocracia elitesca, que tanto hincapié hizo en PDVSA y que de cierta forma, aún se mantiene.
Los peligros de la fetichización del poder, devienen de la circunstancia que asume la división – y la exclusión- como la condición per se de la democracia. Ante ella, en términos dialécticos se presenta la urgencia de la construcción de la noción de “poder popular”. El poder popular, es una reacción a la fetichización y se basa en la idea de la isegoría (igual derecho de todo ciudadano a tomar la palabra) y la isonomía (igualdad ante la ley). Asimismo conlleva considerar el poder como un acto derivado de la insurgencia, eso es el derecho a rebelarse y oponerse a las formas de dominación (económica, social, cultural o política). El derecho a la insurgencia implica la emancipación, que es la concreción de la liberación de esos mecanismos de segregación y división sobre los cuales se construye el liberalismo-capitalismo. En términos concretos, está idea de poder viene acompañada de la idea de mandar-obedeciendo, eso es que los mecanismos democráticos de participación permiten “elegir” a un determinado individuo pero este se encuentra sometido a lo que denominamos “mandato imperativo”, que debe ser entendido como la obligación (ética, moral) con quienes nos eligieron.
El Poder Popular debe conducir – en un sentido de referencia prospectiva- a la superación (y mejor aún, la desaparición) de las formas de control del Estado Liberal-burgués, con ello se disocia la violencia institucionalizada mediante la existencia de las fuerzas de seguridad y los estamentos militares, así como los controles dispuestos a través del discurso de dominación reproducido a través de las instituciones educativas, las iglesias y los valores de la sociedad. En el caso de Venezuela, ha sido interesante como en la dirigencia política ha surgido un debate sobre el alcance y posibilidades del poder popular, sin embargo ese debate ha sido más posturas discursivas que realidades prácticas. Implica al mismo tiempo una limitación, pues el avance del poder popular se da – en el caso del socialismo bolivariano- por el impulso de iniciativas del propio Estado, particularmente por el impulso en el pensamiento de Hugo Chávez y con ello, el poder popular se ve sometido a las lógicas del Estado Burgués, que limita, coacciona a las iniciativas de organización participación y profundización del propio poder popular como acción liberadora; ello es así pues los representantes del Estado (presidentes, Gobernadores, Alcaldes, entre otros) comprenden que la catalización del poder popular significaría el fin de las propias formas de poder liberal que ellos representan.
Se produce de esa manera una tensión terrible, entre el discurso revolucionario bolivariano, los intereses pragmáticos (y burocráticos) de quienes tienen el control institucional del Estado y los ciudadanos organizados, que en un acto insurgente-liberador pretenden ampliar los espacios de participación y actuar contra las formas de dominación, incorporadas en la estructura institucional del Estado, aunque este se declare un estado socialista.
El problema del desarrollo del Poder Popular en nuestro país es que el mismo no puede desarrollarse como una iniciativa del Estado y sus instituciones o representantes, pues éste no sería un desarrollo liberador en contra de la dominación, sino que estaría limitado por los propios intereses representados en el poder constituido. Por ello, el escaso avance de las iniciativas de poder popular que siempre contará (hasta ahora) con la acción obstaculizadora de los representantes del Estado, aunque estos digan representar el socialismo bolivariano.
Historiador/politólogo
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