Caracas, 30 Mar. AVN.- Los familiares de los venezolanos asesinados tras las acciones violentas generadas por planes golpista de la derecha, y quienes hoy integran el Comité de Víctimas de la Guarimba, se movilizarán la próxima semana como manifestación de repudio y rechazo a la Ley que legitima la violencia y la impunidad, aprobada este martes por los diputados que conforman la mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional (AN).
Esta marcha, que tendrá como punto de encuentro el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, también es organizada por los miembros de la Asociación de Víctimas del 11 de Abril de 2002 (Asovic), constituida por las víctimas y familias de quienes perdieron la vida y de quienes resultaron lesionados durante el golpe de Estado promovido por sectores económicos de la derecha contra el presidente Hugo Chávez.
Al respecto, Edgar Márquez, vocero de Asovic, indicó que con esta actividad se ratificará igualmente el apoyo al Gobierno bolivariano y al presidente de la República, Nicolás Maduro, lo que significará la defensa a la paz y a la democracia en Venezuela, recalcó en entrevista concedida al programa En Tres y Dos, que transmite Venezolana de Televisión.
En ese sentido, Márquez denunció que esta Ley de amnesia y auto-perdón es un instrumento que representa y es muestra de los sistemas dictatoriales, intolerantes y tiránicos. Es una Ley con la cual la derecha venezolana pretende imponer "su dictadura para, en principio, amnistiar y perdonar a los victimario".
Plagio del régimen franquista
El diputado revolucionario a la AN, Edwin Rojas, denunció que de "manera engañosa se presentó una Ley que es un plagio de la Ley de Amnistía" aplicada en favor de los victimarios durante la dictadura de Francisco Franco, con la que se perdonó todos los delitos de intencionalidad política entre 1936 y 1977.
Incluso —agregó— los delitos perdonados con la norma sancionada en el gobierno español de Adolfo Suarez fueron copiados en la Ley de impunidad de la derecha, con la que se busca favorecer a quienes hayan incurrido en corrupción, instigación a la violencia, asociación para delinquir, delitos relacionados con la posesión y tráfico de drogas, y otras acciones penalizadas por las leyes venezolanas, desde el 1 de enero de 1999 hasta el momento en que ésta entre en vigencia, con el único requisito de que los acusados o sancionados aleguen que los cometieron con "fines políticos".
En el referido espacio televisivo, el parlamentario señaló que ante esa realidad los diputados de la derecha, quebrantando la Constitución y las leyes, eludieron pasos importantes previos a la aprobación de una ley, que no es otro que la consulta al pueblo. "Es una ofensa a la buena fe de los venezolanos", subrayó el diputado.
En ese sentido, Desiree Cabrera, del Comité de Víctimas de la Guarimba, rechazó asimismo que los afectados de las guarimbas y de las acciones golpistas, así como sus familiares, hayan sido apartados de las discusiones del contenido de esta Ley, limitando este derecho a los familiares de los victimarios.
Este hechos "indigna" a quienes "sufrimos por la violencia", recalcó, por lo que llamó también a un debate nacional sobre este instrumento.