Desafortunadamente Puerto Rico aún no ha podido regocijarse de ser independiente. Ocupado militarmente por Estados Unidos desde 1898 tras la guerra hispano-norteamericana y pasando posteriormente a ser considerada desde el punto legal, a partir de 1952, como Estado Libre Asociado (ELA) a los Estados Unidos, no goza de las garantías y prerrogativas legales y económicas que la Casa Blanca le confiere a los restantes 50 estados confederados (miembros).

Puerto Rico tiene un gobierno que le permite el manejo de algunos de sus asuntos internos y una Constitución que lo rige, lo que es considerado un status de “autogobierno”, pero en lo que respecta a su soberanía está totalmente sometido a las autoridades gringas, que controlan su sistema financiero, económico y de defensa, sus relaciones externas y migratorias. Es más, sus habitantes no tienen ni siquiera el derecho a voto en los Estados Unidos, aunque ostentan el pasaporte de esta nación.

En esta situación a Puerto Rico se le hace difícil asumir resoluciones soberanas que permitan afrontar la crisis económica y social actual; tampoco tiene facilidades de recurrir los fondos de rescate, puesto que, aun siendo considerado territorio estadounidense, no tiene acceso a acogerse a la legislación federal y declararse en bancarrota, para así obtener una protección legal ante sus prestamistas, aun cuando se encuentre subordinado a las políticas financieras de Washington. Parece una paradoja, pero es la triste realidad.

Este archipiélago de alrededor de 9104 km², con más de 3,7 millones de habitantes, sin contar los aproximadamente 4,6 millones que viven en otros estados de los EU, tiene actualmente la deuda per cápita más grande de todos, la cual asciende a más de 72 mil millones de dólares, equivalente al 100% de su producto interno bruto (PIB) anual; cifra que según analistas es impagable, y que lo lleva en ocasiones a ser paragonado por algunos investigadores con Grecia frente a su actual crisis.

Así nos encontramos con un país-protectorado en el corazón del Caribe, que se ve afectado por los embates (coletazos) de la crisis internacional, estructural y sistémica del capitalismo, lo que contradice algunos planteamientos en boga según los cuales Latinoamérica y el Caribe estarían al margen de ser tocados por esta situación. Sin tener la pretensión de ser exhaustivos, podemos aseverar que varios países de la región, empezando por los que siguen implementando ciegamente un modelo económico neoliberal, en la senda del extractivismo y la entrega de sus riquezas y recursos estratégicos al gran capital transnacionalizado, son los primeros en mostrar grietas macroeconómicas, detrás de las cuales acontecen catástrofes sociales para millones y millones de latinoamericanos y caribeños. 

Al igual que en el resto del mundo, aquí también la deuda se paga con más deuda. Puerto Rico ha logrado con dificultad pagar los intereses de la misma, pero se encuentra incapaz de deshacerse de las deudas contraídas, no con el FMI y la OMC, sino directamente con los filibusteros de Wall Street, lo que se traduce en que agencias como Standard and Poor y Moody le “sugieran” medidas y ajustes al gobierno local. Aun cuando Puerto Rico cumplió con dificultad el pago de 628 mil dólares de intereses, no pudo asumir el desembolso de una cuota de 58 millones de dólares a favor de sus acreedores que vencía el 3 de agosto pasado, y que representa evidentemente solo una parcialidad de la deuda total.

Sobra decir que las recetas, muy parecidas a las impuestas por la troika a los países de la Unión Europea más endeudados, se traducen en ulteriores recortes que afectan a la ciudadanía y al servicio público, alzas en los impuestos vigentes y creación de nuevos, además del congelamiento de los convenios colectivos para los empleados públicos. A lo dicho agregamos los despidos masivos, una tasa de desempleo oficial del 15,5% de la población activa (las extraoficiales lo sitúan en un 22%), la baja en los salarios, la sub contratación, la permanente privatización de los servicios públicos, la perdida de los derechos laborales y otras medidas, similares a las que afectan a otros países tanto de América como del mundo; además de la exorbitante emigración de alrededor de 1000 familias por mes hacia los demás estados de EU.

Puerto Rico es un territorio con pocas riquezas naturales y poco desarrollo industrial nacional, puesto que la industria y la banca se encuentran en manos de capitalistas en su mayoría estadounidenses, que impiden el desarrollo soberano del país a pesar de que en el último referéndum el 54% de la población se pronunciara a favor de la independencia.

La intensificación del modelo neoliberal en el gobierno de Luis G. Fortuño (2009 -2012), para seguir devastando el país con los consiguientes daños ambientales que esto implica, favorece al capital extranjero y a la burguesía interna, al mismo tiempo que pauperiza cada vez más a las clases populares, con un aumento considerable de la pobreza (más del 30% de la población tiene ingresos inferiores a los 10 mil dólares anuales) y del costo de la vida.

La respuesta del pueblo no se ha hecho esperar, y las movilizaciones y protestas, a menudo encabezadas por el movimiento independentista, siguen multiplicándose. La convergencia de históricas batallas como aquellas por la libertad de los presos políticos puertorriqueños detenidos injustamente en cárceles gringas, y por la independencia y contra la ingerencia de tropas militares estadounidenses (como en Vieques), con la lucha de clases de trabajadores, educadores y jóvenes, es imprescindible para acelerar el destino de Puerto Rico, que no puede ser el de colonia sino de país libre y soberano, plenamente integrado en Nuestra América.

Integrante del Partido Comunista Colombiano