El 1er ciclo de producción en las minas de oro de Guayana (1850-1895)
Si bien sabemos que los misioneros capuchinos catalanes tuvieron conocimiento de la existencia de oro en tierras de la provincia de Guayana, y que además extrajeron alguna cantidad, fue en el año 1850 cuando se reconoció de manera oficial la existencia de grandes volúmenes de dicho metal en este territorio. Ese año se publicó en Ciudad Bolívar una hoja impresa firmada por varios vecinos de la capital guayanesa, donde se daba la noticia del descubrimiento de una muy opulenta mina de oro situada en las cercanías del pueblo de San Félix de Cantalicio de Tupuquén, a orillas del río Yuruari. Tal información se hizo pública luego que fuera corroborada por varios estudios técnicos realizados por expertos extranjeros venidos a nuestro país, en los años posteriores a la conformación de la república de Venezuela, con el fin de certificar los rumores divulgados en distintas ciudades de Venezuela, Europa y de los Estados Unidos de Norteamérica acerca de este asunto. Desde entonces las minas de oro de Guayana han estado produciendo el dorado metal de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. Son más de 160 años de producción aurífera continuada, una riqueza colosal cuya cantidad precisa se desconoce, pues los gobiernos de nuestro país, antes y ahora, no han mantenido estricto control de lo que ha estado ocurriendo en el territorio aurífero.
Entre 1850 y 1863 tuvo lugar una intensa actividad aurífera producto de la migración de numerosa población nacional y extranjera atraída por la “Bulla Minera”. Fueron mineros particulares, valiéndose de pocos y rudimentarios recursos, los que en este lapso de tiempo extrajeron el oro. No existen estadísticas de la producción aurífera extraída durante esos años. Pero tiene que haber sido una cantidad colosal pues jamás esas minas habían sido tocadas antes por la mano del hombre. La riqueza dorada estaba hasta ese momento indemne, virgen, sobre la superficie de la tierra y era muy fácil extraerla. Por parte de las autoridades gubernamentales venezolanas no hubo ningún control de la producción. En estos tiempos las difíciles condiciones materiales predominantes en nuestro país determinaron que la actividad aurífera se llevara a cabo sin que el incipiente y frágil estado venezolano tuviera mayor injerencia en la misma. El territorio minero estaba situado muy lejos de los principales centros poblados del país, las vías de comunicación eran muy precarias, los instrumentos de transporte eran también muy rudimentarios, además, tales autoridades estaban enfrascadas en ese momento en su oficio favorito: organizar montoneras y hacerse la guerra entre las fracciones políticas que entonces llenaban la escena nacional: liberales y conservadores. Por esas razones, el país en general no se benefició casi nada de la actividad aurífera. El oro producido en esos años fue a parar en las manos de particulares, venezolanos y extranjeros.
Es a partir de 1864 cuando se empiezan a conocer las cifras oficiales del oro producido en las minas del Yuruari, como así se llamaba la región aurífera. Ese año se declaró una producción de 5.935 onzas de oro, el año siguiente la cifra fue de 8.152 onzas, luego en 1866 alcanzó 14.640 y el siguiente año fue de 25.053 (Lanz, S. El Libro del Oro. 2010: P. 94). Para esta fecha se registraron también las primeras compañías auríferas, pero será a partir de 1870 cuando se constituya la mayor cantidad de compañías mineras, entre las cuales estará la más importante de ellas como fue la Compañía El Callao, dueña de la más rica mina de oro de la zona. En total se formaron 24 compañías auríferas ente los años 1860 y 1895, casi todas ellas de capital foráneo. Además de El Callao, perteneciente a inversionistas franceses e ingleses, otras compañías importantes fueron: la Compañía Minera Orinoco, la Compañía Potosí, la Sud-América, la Compañía Minera Mocupia y Nueva York, y la Gesellchaft Hansa. Estas eran las que más pilones tenían en funcionamiento, las que mayor cantidad de capital tenían invertido, las beneficiarias de mayores concesiones de terreno y las que producían más oro.
Con la instalación de compañías extranjeras, que utilizaban tecnología y maquinaria apropiada para la extracción del metal dorado, capaces de triturar diariamente cientos de toneladas de cuarzo aurífero, se incrementó sobremanera la cantidad de metal producido. En el puerto de Ciudad Bolívar se dejarán sentir mucho los efectos de la febril actividad extractiva que tenía lugar en el territorio aurífero. Hasta este puerto llegaba el Correo Minero, la empresa de transporte encargada de acarrear el oro acumulado cada mes, en la forma de de lingotes de oro de 70 onzas cada uno. Eran decenas de barras del áureo metal las que pasaban por la capital del Estado, pero cuyo destino final eran otros puertos situados en Europa o los Estados Unidos de Norteamérica.
A partir de 1869 es cuando aparecen registradas las primeras cifras con la cantidad de oro que pasó por Ciudad Bolívar. Ese año la cantidad fue de 33.533 onzas de oro, cuyo valor alcanzó la suma de 3.288.255 de bolívares. Luego, el año 1874, fueron 55.698 onzas, valoradas en 5.458.404 bolívares; en 1877 salieron 100.989 onzas por un valor de 9.896.922 bolívares; y en 1884, año de mayor producción de oro, salieron 233.935 onzas, equivalentes a 22.925.666 bolívares (Lanz, S. El Libro del oro. 2010: P. 101). Las cifras son astronómicas, a pesar que las mismas no corresponden al oro total producido. Este último dato se desconoce, pues las compañías y los mineros no daban a conocer lo que en verdad producían. Muchísimo oro era sacado del país de contrabando y es bastante probable que la cantidad exacta producida fuera más del doble que la cantidad declarada al fisco nacional.
Si seguimos el rastro de una sola de las compañías explotadoras del oro guayanés en esos tiempos del siglo XIX nos asombraremos de la colosal riqueza manejada por los dueños de esta compañía. Nos referimos a la Compañía Minera El Callao, la más rica entre todas las empresas auríferas que estuvieron presentes en suelo guayanés. Produjo tal compañía entre los años 1871 y 1890 la cantidad de 1.320.929 onzas de oro, para un total de 127.050.094 bolívares (Lanz, S. El Libro del Oro, 2010: P. 103). Los beneficiarios de tal riqueza fueron directa y principalmente los pocos accionistas foráneos de tal empresa, entre los cuales estaba Antonio Liccioni, un ciudadano de nacionalidad francesa que durante muchos años vivió en Ciudad Bolívar, donde dejó descendencia y algunas de sus propiedades.
Fue tan gigantesca la cantidad de oro extraído en las minas del Yuruari que este metal pasó a ser uno de los principales rubros de exportación de Venezuela en la segunda mitad del siglo XIX. Entre 1866 y 1890 salieron por los puertos de nuestro país 70.191 kilos de oro, por un valor monetario de 209.224.598 de bolívares, una cifra astronómica si consideramos que los ingresos del Estado Venezolano en esos años promediaban unos 30.000.000 de bolívares anuales, es decir, una cantidad de dinero equivalente a siete veces el ingreso anual del país para entonces. En medio de aquella Venezuela empobrecida, con mayoría de población analfabeta, víctima de epidemias recurrentes que dejaban un saldo de centenares de muertos; en un país sin carreteras, sin industrias, con muy pocas escuelas y universidades, con casi ningún hospital, con escasísimas oportunidades de empleo, tal fortuna hubiera servido para darle un poderoso impulso al desarrollo económico nacional y para remediar muchos males de los habitantes del país.
Como podemos ver, lo que ocurrió con el oro venezolano en esos años del siglo XIX fue un verdadero saqueo. En esa oportunidad, tal como ocurrió en los años de dominio colonial español, se abrieron las venas del país y se desangró la tierra patria, que suministró de sus entrañas una colosal riqueza transferida al exterior a satisfacer necesidades ajenas. Apenas una ínfima cantidad de la riqueza aurífera se quedó en suelo nacional, en la forma de impuestos pagados a duras penas por las compañías, pues las mismas ponían toda clase de objeciones para cancelar al fisco nacional esas modestas cantidades. Se calcula que apenas el uno por ciento del valor monetario del oro exportado en todos esos años señalados fue lo que aportaron al fisco nacional las compañías auríferas. Una cifra irrisoria, insignificante. Los beneficiarios extranjeros de la riqueza aurífera venezolana no dejaron siquiera, en esos pueblos mineros que nacieron entonces, una escuela, un hospital, una planta eléctrica, un acueducto, una calle adoquinada, una plaza pública. Al cerrar la mina y culminar ese primer ciclo minero lo que quedaron fueron unos pueblos muy pobres, carentes de todo para subsistir. Unas modestas viviendas construidas de barro y palmas fue lo que dejaron atrás los saqueadores. Pero todo se hizo con la complicidad de los gobiernos venezolanos de la época. El Ilustre Americano, Guzmán Blanco, descendiente del Libertador fue el principal de ellos. Las manos suyas se enlodaron con los negocios auríferos que logró concretar a lo largo de las dos décadas de dominio político que ejerció sobre Venezuela. Fue el presidente Guzmán accionista de algunas compañías de oro; se benefició con algunas concesiones de territorio que su propio gobierno otorgó en la zona minera del Yuruari; recibió también concesiones de terrenos boscosos adyacentes a las minas, que negoció luego a los interesados en proveer de leña a las compañías mineras. Como sabemos, luego de terminar su mandato, el año 1888, Guzmán Blanco se residenció en París, ciudad hacia donde repatrió su cuantiosa fortuna, que le sirvió, entre otras cosas, para desposar a sus hijas con jóvenes franceses, miembros de familias aristocráticas.
El 2do ciclo de producción en las minas de oro de Guayana (1905-1969)
Luego de la quiebra de la Compañía El Callao, hecho ocurrido el año 1895, la actividad aurífera disminuyó de manera significativa y esta crítica situación se mantuvo así hasta la tercera década del siglo siguiente. En esos primeros años del nuevo siglo se constituyeron otras compañías, entre las cuales mencionamos a la empresa El Callao General Gold Mining Company Limited, fundada en 1905. Pero esta vez no pudieron entre todas reanudar la producción hasta los niveles alcanzados en las décadas anteriores. Lo que si se intensificó fue la minería de los particulares, mineros en grupos pequeños que a través de instrumentos como la batea, el pico, la pala y el machete y, en algunos casos molinos de fabricación artesanal, aprovecharon el oro que se encuentra en las riberas de los ríos y en las arenas auríferas. No obstante, todas las negativas circunstancias, se produjo oro, entre los años 1900 y 1929, por la cantidad nada desdeñable de 25.134 kilos, a un promedio de 838 kilos anuales (López, V. 1981, M.E.M.),
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La actividad aurífera industrial se reactivará en nuestro país en la tercera década del siglo XX, cuando aún ocupaba la Primera Magistratura nacional el dictador Juan Vicente Gómez. Ya para ese momento nuestro país había pasado a ser un gran productor de petróleo, y una avalancha de inversionistas extranjeros mostraban sus rostros en la ciudad de Maracay, residencia presidencial, tratando de obtener a muy bajo precio concesiones de territorio que el gobierno gomecista negociaba en esos momentos. También hicieron lo mismo empresarios auríferos, aprovechando las facilidades y permisividad del régimen respecto al sistema de concesiones. El resultado de sus gestiones fue la reactivación del negocio minero y la instalación en esos años de varias compañías extranjeras, entre las cuales están: la “New Goldfields of Venezuela”, la “Venezuela Gold-Mines ltd.”, la compañía francesa de “La Mocupia” y la Guayana Mines ltd. Las primeras tres compañías se mantuvieron en actividad unos diez años en promedio, mientras que la última permaneció activa hasta mediados de la década del cincuenta.
Lo cierto es que el lapso de tiempo comprendido entre los años finales de la dictadura gomecista y los últimos de la dictadura Pérez-Jimenista fue muy provechoso para el negocio aurífero pues la producción se elevó bastante respecto a los años anteriores y las ganancias para los empresarios, contrabandistas y mineros resultaron bastante bondadosas. Muestra de los éxitos de la minería aurífera en esos años comprendidos entre 1930 y 1959 son los datos siguientes. Entre 1930 y 1939 se produjeron 31.518 kilos de oro; luego, entre 1940 y 1949 la producción bajó un poco para quedar la cifra en 25.252 Kilos; y en la década siguiente de 1950 a 1959 siguió la merma hasta llegar a 14.801 Kilos. En total fueron 71.571 kilos de oro obtenidos en estos 29 años de actividad (López, V. 1981, M.E.M.). Fue otra época dorada de la minería aurífera venezolana, pero al igual que siempre, se repitió la realidad del despojo, del arrebato, del saqueo nacional. Tal riqueza no se tradujo para nuestro país en escuelas, en universidades, en hospitales, en institutos de investigación, en avenidas, en industrias. Aquí lo que quedó de esos tiempos fueron los socavones vacíos, las galerías subterráneas, el mero rastro, la huella del pillaje realizado sobre el suelo venezolano.
Debemos acotar, sin embargo, que fue en 1953, en tiempos del gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez, cuando se funda la primera compañía del Estado venezolano para explotar minas de oro. Fue este dictador el primero de los gobernantes de la República de Venezuela, luego de más de un siglo de extracción de oro en territorio guayanés, en activar una iniciativa nacional dirigida a lograr una mayor participación del Estado venezolano en el disfrute de los beneficios generados por la minería aurífera. En todo ese siglo señalado, lo recibido por el Estado venezolano provino de los impuestos cobrados por el fisco a la extracción de oro; unos impuestos, que además de ser pequeños eran siempre difíciles de cobrar. Lo demás, la cifra gruesa de las ganancias auríferas, las toneladas del dorado metal, fueron a parar a manos extrañas, allá en lejanas latitudes. Esa compañía fundada por el gobierno presidido por Pérez Jiménez, se llamó Minas de Oro de El Callao Compañía Anónima (MOCCA), y la inversión inicial fue de 500.000 bs. Fue aportada por el gobierno nacional. Se mantuvo activa hasta 1966 y en todos esos 13 años logró producir 18.291.558 gramos de oro, por un valor de 75.040.267 de bolívares (Ricardo Sarti: http://ricardosarti.com.ve/). En total, en esta década de 1960 a 1969 la producción de oro en Venezuela fue de 8.263 kilos (López, V. 1981, M.E.M).
El 3er ciclo de producción en las minas de oro de Guayana (1970-2015)
En 1970, con participación conjunta de inversionistas privados nacionales y extranjeros y del Estado venezolano, a través de la Corporación Venezuela de Fomento, se creó la Compañía General de Minería de Venezuela, C.A, (CVG-MINERVEN), que inició su producción en 1981, procesando esa vez unas 77.520 toneladas de material aurífero para producir 334,3 kgs., de oro. Desde entonces la empresa ha estado activa hasta hoy. En 1982 produjo 2 toneladas de oro; en 1983 la producción subió a 6 toneladas; en 1984 siguió su línea ascendente hasta alcanzar 9,5 toneladas, en 1985 llegó a 12, en 1986 alcanzó 15 toneladas y en 1987 se situó en 16 toneladas. (Ricardo Sarti: http://ricardosarti.com.ve/).
Para el momento de la creación de la compañía MINERVEN Venezuela había recorrido 150 años de historia republicana, contando a partir de 1830. En este siglo y medio de tiempo la cantidad total de oro producido en las minas de Guayana, cifra certificada en los documentos oficiales, suma la formidable cantidad de 192.162 kilos (López, V. 1981, M.E.M.). Para tener una imagen de lo que tal cifra representa diremos que para 1983 se pagaba en Venezuela el Kilo de oro a Bs. 173.672, mientras que en 1988 el precio era de 467.632 (Álvarez y Rodríguez. El Libro del Oro. 2010: P.342). Calculado a precio de 1983, la suma en bolívares de esas 192 toneladas de oro da como resultado varios miles de millones de bolívares, una cantidad astronómica, gigantesca, descomunal. Coincide esta fecha con el final del período de gobierno de Luis Herrera Campins, cuando los precios del petróleo se habían deprimido y Venezuela amasaba una deuda externa gigantesca. En razón de ello los ingresos fiscales del país ese año fueron de 13,5 millardos de dólares, cuando en 1981 habían sido de 19,3 millardos. (Agencia Venezolana de Noticias. 30/12/2010 http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-saudita-venezuela-hipotecada).
En la última década del siglo XX, a pesar de la convulsiva situación política del país, la producción de oro arrojó buenos resultados. En 1990 se obtuvieron 14 toneladas; en 1995 subió a 17 toneladas; en 1997 alcanzó las 19 toneladas; y en 1998 bajó a 14 (Sánchez Navarro. El Libro del Oro. 2010: P. 453).
El siglo XXI se inaugura en Venezuela con cambios en su modelo político. Los partidos del Pacto de Punto fijo son desplazados de Miraflores y su lugar será ocupado por una alianza de organizaciones políticas encabezadas por el Movimiento Quinta República y lideradas por Hugo Rafael Chávez Frías, quien será electo presidente el año 1999. El nuevo presidente dará un giro a la conducción del país, asumirá desde los primeros años de su mandato una política económica de carácter nacionalista y, en el caso de la minería aurífera, restringirá la presencia de empresas extranjeras. Precisamente, gracias a esa política restrictiva hacia la actividad empresarial extranjera en nuestro territorio, MINERVEN, una de las empresas cuya privatización el nuevo gobierno evitará cuando estaba a punto de concretase su venta, pasará a ser, desde el año 2011, la única compañía autorizada para producir oro e Venezuela.
Esos primeros años del gobierno de Hugo Chávez serán muy promisorios para el negocio aurífero, pues tanto los precios de venta como la producción tendieron a la alza esos tiempos. Evidencia de la buena situación fueron las 9,7 toneladas de oro obtenidas en 2005 y las 14,7 toneladas obtenidas en 2006. Pero hasta allí llegaron los buenos momentos del negocio. Se juntaron después de tal fecha, una serie de noticias adversas que trastocaron de ahí adelante la actividad áurea. Problemas técnicos, desinversión, corrupción gerencial, actividad ilícita, burocratismo, mafias sindicales, etc., generaron un cuadro de dificultades que afectaron mucho el desempeño de la empresa nacional. Desde entonces lo que vinieron fueron malas noticias para MINERVEN y para el país. La producción mermó así como las ganancias. El año 2007 apenas se registró una producción de 4.244 kgs., de oro, luego en 2008 se obtuvieron 4.263 kgs., en 2009 siguió la merma para quedar en 1.842 kgs., mientras que el año siguiente se obtuvieron 1.837 kg. (Fuente: entrevista a Luis Ramón Herrera Mendoza, Presidente de MINERVEN 2008-2011. Las verdades de Miguel. Edición 500. 23 de septiembre 2014).
Desde entonces hasta hoy la situación de la empresa ha empeorado y por tanto la producción de metal se ha reducido a mínimos niveles. El año 2011 el gobierno de Chávez nacionalizó la minería del oro en Venezuela. Con tal decisión esperaba mejorar la producción del oro así como corregir las irregularidades que se estaban presentando en ese momento con las empresas extranjeras activas en la zona. Según Rafael Ramírez, Ministro de Energía y Minas para ese momento, esas “empresas transnacionales que operan al sur del país de manera ilegal, están saqueando las riquezas naturales de oro del país (…) el Arco Minero de Guayana ha estado en manos, en la mayoría de los casos, de transnacionales que operan de distintas maneras, directamente, de manera encubierta, pero sobre todo operan al margen de la ley, y nos están saqueando nuestros recursos naturales (…) El oro en Venezuela se lo están llevando al exterior, lo están transando fuera del control del Estado venezolano, están transando fuera de cualquier tipo de aporte fiscal, lo están explotando con una tremenda depredación ambiental en todo lo que son las zonas de producción de oro de Guayana”.
Pero la nacionalización no produjo los resultados esperados por el gobierno. La tendencia a la baja de la producción más bien se intensificó. Según información emanada de la propia empresa MINERVEN, durante seis años consecutivos la producción de oro mantuvo un ritmo decreciente hasta llegar a niveles cercanos a cero. En 2013 se obtuvieron 1.691 kilos mientras que en 2014 esta cifra se redujo a la insignificante cantidad de 867 kilos. (Erika Hidalgo López.- Diario El Mundo, 27-01-2015). Es importante decir aquí que, de acuerdo con lo esperado, la empresa nacional MINERVEN debería haber producido cerca del 60% de todo el oro extraído de las minas de Guayana en esos años de actividad suya, mientras que el resto correspondería a los pequeños mineros y a las concesiones y áreas concedidas a empresas privadas por la CVG. Pero no fue así como sucedieron los acontecimientos en el mundo aurífero guayanés. Esas proporciones no fueron las que se registraron en los libros contables de la minería aurífera nacional. Lo sabido al respecto, aunque no se puede corroborar con datos precisos, es que alrededor del 60% del oro extraído realmente de las minas de Guayana fue saqueado y sacado del país por vía de contrabando.
Según vemos entonces, la minería ilícita ha sido un fenómeno constante en el negocio minero desde los orígenes mismos de tal actividad en suelo guayanés. Antes, en el siglo XIX, se presentaba el fenómeno en razón de las debilidades y carencias congénitas del Estado venezolano en ese tiempo; ahora, en el siglo XXI, ocurre el asunto por la corrupción del funcionariado gubernamental designado para vigilar y controlar el negocio aurífero. El funcionariado es connivente con el delito, y lo es porque una tajada del beneficio ingresa a sus bolsillos. Ese funcionariado lo integran empleados de la empresa MINERVEN, miembros de las fuerzas armadas nacionales y dirigentes políticos locales, regionales y nacionales. Es esta complicidad la que explica porqué, a pesar de disponer el Estado nacional de mejores y mayores recursos técnicos y militares para combatir y derrotar la minería ilícita, ésta se ha extendido e intensificado en los últimos años. Tan grave es la situación que hoy día es mucho mayor la cantidad de oro producido por los ilícitos que por parte de la empresa MINERVEN. Por mismas razones la cifra de mineros, nacionales y extranjeros, que extraen oro por cuenta propia en la zona aurífera de Guayana se ha incrementado en varios miles en la última década. De los extranjeros sobresalen en número los brasileños y los colombianos. Estos últimos tienen más de una década asentados en la zona minera y en su caso, se trata no de mineros estrictamente sino de paramilitares del vecino país trasegados a nuestro territorio como expresión de una política de la oligarquía colombiana dirigida a extender la violencia paramilitar hacia nuestro territorio, desestabilizar nuestras instituciones gubernamentales, facilitar el tráfico de drogas e imponer en el territorio nacional una situación parecida a la que presentan países como Honduras y México, donde grupos violentos fuera de la ley controlan con relativa autonomía focos de territorio en los cuales el Estado no penetra. En Venezuela, la manifestación más evidente de esa penetración paramilitar en las minas son los terribles delitos que ahora se contabilizan en la región y poblaciones aledañas, delitos muy propios del paramilitarismo colombiano, como son: la prostitución y el trabajo infantil, tráfico de drogas, crímenes recurrentes, desaparición de hombres y mujeres, secuestros, ejecuciones masivas de personas, cobro de vacuna, extorsión, y la formación de bandas armadas cuyos jefes fijan las normas a seguir en el territorio minero bajo su control. Se da ahora en el siglo XXI una situación bastante peor a la que predominó en las minas del Yuruari durante el siglo XIX cuando la presencia del Estado en el territorio minero era mínima. A este respecto se nota despreocupación del estado venezolano sobre lo que pasa con el oro del país; la institucionalidad estatal allí es mínima, sino inexistente. Tal vació lo han cubierto entonces las bandas armadas dirigidas por sicarios del vecino país. Ha aparecido allí un paraestado gobernado por paramilitares colombianos.
Ante tal indolencia gubernamental es legítimo mostrar preocupación por las recientes decisiones tomadas por el Ejecutivo nacional respecto a los recursos mineros de Guayana. El gobierno presidido por Nicolás Maduro, visto el colapso de los precios del petróleo, ha hecho pública su intención de negociar con empresas extranjeras el inmenso y por demás rico arco minero guayanés, un extenso espacio de territorio situado al norte del Estado Bolívar, que comprende unos 114.000 Kilómetros cuadrados, donde muy probablemente existan cuantiosas reservas de oro, diamante, cobre, coltán, granito, bauxita y otros minerales. Preocupa esa intención del gobierno nacional pues como hemos visto en el presente escrito se trata de un gobierno y de un Estado que hasta ahora ha fallado en la administración del negocio aurífero. Tanto ha fallado que esta actividad escapó de su control. Allí en la región minera de Guayana se da hoy una situación de anomia total. Entonces el proyecto dirigido a someter a explotación el Arco Minero, bajo una administración gubernamental tan ineficaz como la que gobierna nuestro país en la actualidad, comporta demasiados riesgos para los venezolanos. Nada garantiza que con las riquezas naturales del Arco Minero no se cometa otro saqueo a los venezolanos por parte de extranjeros, llámese empresarios, llámese delincuentes. Además, es pertinente añadir, la riqueza fundamental existente en ese extenso territorio no está constituida por los minerales y metales, sino por la biodiversidad y el agua. Ese lugar es un reservorio de vida principalmente. Por otro lado, allí se encuentran las principales cuencas hidrográficas de Venezuela, como son la del Caroní, del Cuyuní, del Caura, del Cuchivero, del Aro y del propio Orinoco, algunas de las cuales alimentan los embalses donde se genera buena parte de la electricidad que surte a Venezuela. Es decir, esa inmensa sección del Estado Bolívar es a todas luces demasiado importante para los venezolanos de ahora y del futuro, por cuya razón no debería ser objeto de negociación para someterla a explotación por parte de compañías extranjeras nada respetuosas del ambiente natural. Lo que allí acontecerá, de concretarse las negociaciones, será un ecocidio de proporciones gigantescas.
Pero el Gobierno presidido por Nicolás Maduro marcha a pasos acelerados a los fines de firmar acuerdos, en el menor tiempo posible, con las empresas interesadas en explotar esas riquezas naturales. Con tal premura rubricó hace pocos días el decreto para cuantificar y certificar las reservas contenidas en el Arco Minero del Orinoco. Luego, en un encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países, realizado en el BCV, ofreció facilidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial. Así mismo, dio instrucciones para proceder de inmediato a la firma del memorando de entendimiento con las empresas dispuestas a incorporarse a la exploración y explotación del Arco Minero.
En relación con el oro contenido en el territorio que se pretende negociar, los cálculos más optimistas estiman en 7.000 toneladas las reservas allí existentes, una cifra muy superior a la cantidad de oro extraído desde que se inició hace más de 150 años el aprovechamiento del metal dorado. Al precio de venta actual tal tonelaje representa un potencial financiero superior a los 200 mil millones de dólares, una inmensa suma que administrada con los mejores criterios económicos pudiera servir para establecer por fin en Venezuela un modelo de desarrollo autosuficiente, diversificado, industrializado, alimentado por la ciencia y técnica nacional, y por tanto divorciado del rentismo petrolero y minero. Pero para asumir este camino se requiere de una dirigencia nacional, política, empresarial y militar, guiada por principios, valores, intereses, conceptos, muy distintos a los que predominan en el cerebro de los grupos de poder que tradicionalmente han estado administrando los destinos del país. Estos sectores han demostrado concebir a Venezuela como una especie de tienda de piñatería, como si fuera su caja chica. Ganan dinero aquí pero inmediatamente lo repatrían, se lo llevan a bancos extranjeros, compran valores en la bolsa, adquieren bienes inmuebles en ciudades de otros países. Así mueven el dinero que obtienen aquí. Acumulan lejos las ganancias obtenidas en la patria de Simón Bolívar. Para ellos nuestro país es un lugar para hacer buenos negocios económicos, no más. Los dividendos de ese negocio siguen su camino y van a dar a su destino final allá lejos en tierras de otros continentes.
Como vemos, la nuestra es una historia un tanto desgraciada, es la historia de un país desangrado a cántaros larguísimo tiempo. Sus camarillas gobernantes le rasgaron sus venas, se las abrieron para que brotara a torrentes la maravillosa y variopinta enjundia formada durante milenios en su seno. Hoy se repite la trágica experiencia, pues todavía queda mucha enjundia en el subsuelo. En verdad que fue demasiado pródigo el Creador con este territorio ¿Pero hasta cuándo los venezolanos seguiremos viviendo de la divina renta que Dios nos dio?
