No consta en actas que las acciones del fiscal Danilo Anderson sean
siempre concertadas con las estrategias de la revolución, pero tampoco
es necesario tener sello de calidad Norven en materia de mala fe para
opinar que así es.
Por ejemplo, cuando la fracción gubernamental en la Asamblea Nacional
parece estar _finalmente, ¡uf!_ determinada a aprobar la Ley sobre
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, al fiscal se le ha
ocurrido que es la hora también de desenterrar el cadáver que, según los
indicios de los que dispone su despacho, algunos dueños de medios de
comunicación social sepultaron en un sótano _al parecer de Miraflores_
aprovechando la confusión de aquellos días de abril de 2002.
El inquieto Anderson ha resuelto averiguar si acaso es cierto que
directivos de la prensa acordaron con el efímero gobierno provisional de
Pedro Carmona Estanga, cartelizar sus líneas informativas en un esfuerzo
desesperado por salvarle la vida a aquel malparto político que agonizaba
en la incubadora.
El que este tema haya sido exhumado más de dos años después, no luce de
ningún modo como una casualidad. Por el contrario, parece indicar que
detrás de torres, alfiles, caballos, reyes y peones bolivarianos hay una
cabeza maquinando política, mientras del otro lado del tablero campea el
desconcierto y la improvisación.
No es previsible que este empeño de Anderson vaya a finalizar con algún
editor tras las rejas. Es más, cabe suponer que no es esa la intención
de quien mueve las piezas y, viéndolo con cuidado, tal desenlace sería
más bien contraproducente para la revolución.
Estrategia o casualidad, para el bando gubernamental es más que
suficiente poner en discusión pública este episodio de presunto
agavillamiento editorial, que había sido convenientemente relegado a la
gaveta de los temas que no son de interés para el público.
El Gobierno sale ganando con la sola discusión del affaire, porque de
haber ocurrido en realidad tal cónclave y de haberse producido en verdad
esa entente cordiale cuyo fin era edulcorar y caramelizar la realidad de
un país en ebullición, la reputación democrática de los protagonistas de
esa confabulación quedaría bastante ajada y así su posición objetiva
para oponerse a la satanizada Ley sobre Responsabilidad Social en Radio
y TV.
No es lo mismo protestar contra una supuesta ley mordaza con la
fortaleza de ser un clásico e inobjetable cuarto poder, que hacerlo con
la rémora de haber negociado nada menos que con el supremo bien
periodístico de la verdad, en un momento en el que el libre flujo
informativo era crucial para la ciudadanía.
Más allá del ajedrez político, es positivo que el tema se ventile, por
el bien del público, de los periodistas y de los propios medios. Si
ocurrió, de nada sirve cubrirlo con un manto opaco. Es prudente que
alguno de los señalados _o, mejor aún, cada uno de ellos_ eche su cuento
como es, no ante Anderson, sino ante la sociedad.
En su ensayo Sobre la prensa, Umberto Eco lo dijo inmejorablemente: "Es
garantía de salud para un país democrático que la prensa pueda
cuestionarse a sí misma".
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