El gobierno Lula -cualquiera que sea la configuración definitiva que vaya a asumir- se inscribe en el proceso de lucha de clases para decidir quién pagará el precio -y en qué medida- de la farra especulativa de la economía brasilera de los años 90. Las clases sociales fundamentales -ligadas al capital y al trabajo- y sus fracciones internas y aliadas se preparan, en las nuevas condiciones, para adquirir mayor capacidad de defensa y de apropiación del excedente, ante una economía y un Estado financierizados.

Hasta aquí, la continuidad y la profundización de la política económica del gobierno FHC, como determinante y condicionante mayor del gobierno Lula, recoloca en posición extremadamente ventajosa al capital financiero, en su modalidad especulativa, como sector hegemónico en el proceso de reproducción del capital en el Brasil. En el primer año del gobierno Lula, este sector se vio fortalecido, no sólo por la continuidad mencionada, sino también porque vio confirmada su posición por la adhesión de un partido, originalmente vinculado al mundo del trabajo, expandiendo su capacidad consensual y aislando relativamente a los sectores que organizan a la clase trabajadora -en el sentido más amplio de la palabra: de los sectores que viven de su trabajo, sin explotar el trabajo ajeno.

La reforma de la previsión social y la ausencia de una reforma tributaria con fuerte poder redistributivo, fueron factores que favorecieron esta hegemonía, a través de la cual el gobierno Lula, en su primer año, debilitó al movimiento organizado de los trabajadores y la dimensión pública del Estado brasilero, buscando articular, al mismo tiempo, bases populares de apoyo al bloque en el poder, mediante la legitimación de sus políticas por la simpatía popular de la figura de Lula en los sectores más pobres y desorganizados del pueblo. La intensificación del carácter privatizado del Estado favorece, a su vez, al gran capital privado, no sólo por la expansión del mercado de los fondos privados de pensión, sino también conforme contribuye a la descualificación del Estado y de su dimensión pública. Los intereses cristalizados en torno de la administración de los fondos de pensión -en la dirección apuntada por Francisco de Oliveira-, así como la «sociedad» con capitales privados en las inversiones estatales fortalecen los criterios mercantiles en detrimento de los intereses públicos dentro y fuera del Estado.

La polarización eventual entre capital productivo y capital especularivo queda descaracterizada, en la medida en que las grandes empresas originalmente vinculadas a la produccción, están igualmente financierizadas, en el sentido de que se valen de inversiones especulativas en el proceso de reproducción de su capital. O aún porque gran parte de las grandes empresas productivas -además de compartir este tipo de inversiones- están vinculadas esencialmente a la exportación, destinando su producción al mercado externo y/o a la llamada esfera alta de consumo, no necesitando así de un proceso de distribución de renta en el mercado interno, favorable a las clases populares. Complementan así la configuración del bloque económico dominante, de forma compatible con el modelo económico vigente, como los crecientes superávits de la balanza comercial revelan, sin que se altere en nada la distribución de renta interna, al contrario, intensificiando su papel concentrador.

La polarización de clases cruza así al gobierno Lula y a las clases populares. Los que luchan por las reivindicaciones originales -la central, desde un cierto punto de vista- de la prioridad de lo social, se alinearían del lado del bloque social popular, si no se rinden a políticas focalizadas y asistencialistas, que pueden perfectamente convivir con los «superávits fiscales» del equipo económico -por los diez años prometidos o hasta más- por no afectar de forma sustancial la pésima distribución de renta construida y reproducida a lo largo de los siglos de historia brasilera. Los que luchan por el dislocamiento del ajuste fiscal, para atender los derechos sociales y económicos universales de la población brasilera -comenzando por el derecho al empleo formal, con el objetivo de desempleo cero- se sitúan del lado del bloque de las clases explotadas y dominadas. Los que priorizan el ajuste fiscal y aceptan la reproducción del modelo económico neoliberal, están del lado del bloque dominante conservador.

De la misma forma, la prioridad del Mercosur o del Alca, confirmando una de las tesis clásicas de la izquierda según la cual la forma de inserción internacional define los marcos de las políticas internas-, esto es, de una política externa soberana o definitivamente subordinada, se pueden alinear del lado de la prioridad de la extensión del mercado interno de masas, esto es, de lo social, o del financiero y exportador. Puede abrir espacio para un modelo alternativo, fortaleciendo el bloque social popular, o puede complementar en el plano externo el actual modelo conservador. El bloque social alternativo, cuenta con el movimiento social organizado, con la militancia descontenta y crítica de los partidos de izquierda, con gran parte de la intelectualidad independiente. El bloque dominante cuenta con las políticas hasta aquí hegemónicas en el gobierno, con la gran mayoría de los medios de comunicación de masas, con el apoyo de los organismos financieros y comerciales internacionales, con la legitimidad de Lula, y la simpatía con que cuenta entre la masa pobre y desorganizada de la población.

Sintéticamente, podemos proyectar tres evoluciones futuras: la primera, la manutención de estas fuerzas y la consolidación del gobierno como un bonapartismo conservador, que administra la crisis actual y consolida la hegemonía del capital especulativo; la segunda, la conquista por el movimiento social organizado de parte sustancial de los sectores populares hasta aquí no organizados, vaciando de apoyo social significativo al gobierno, generando su crisis de legitimidad; la tercera, como desdoblamiento de la segunda, el cambio del carácter del gobierno, adhiriendo a la alternativa popular, y generando un cambio de hegemonía en su interior en la sociedad brasilera. De cualquier forma, lo cierto es que la historia, cambiando siempre su forma, continúa siendo la historia de la lucha de clases. Los partidos, los gobiernos, las fuerzas sociales y culturales cambian, transforman su naturaleza de clase, pero siempre se definen por su alineamiento en relación a los grandes intereses del capital y del trabajo. El período histórico actual no es excepción, por mayor que sea lo inédito de su forma, de la misma manera que su desenlace abierto, conforme a la evolución de la relación de fuerzas entre los bloques sociales antagónicos, y que definirá la cara de Brasil en el siglo XXI: dominado por las fuerzas del capital o del trabajo; por la ínfima minoría en el poder, o por las grandes masas de la población, organizadas como ciudadanos libres y soberanos.