Aunque la XXXV Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se realizó en territorio estadounidense, la administración Bush colisionó de frente con la dignidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. La delegación del Departamento de Estado pretendía que los miembros de la Organización aprobaran una resolución mediante la cual el Consejo Permanente implementara un sistema de “supervisión” ó “evaluación” de los procesos democráticos en el continente. Tal vez olvidaban que hace un par de semanas el Consejo Permanente rechazó por 32 votos en contra y 2 a favor la propuesta de crear una comisión que vigilara la democracia ecuatoriana tras el derrocamiento de Lucio Gutiérrez. Se repitió la historia el pasado martes, sólo que en esta oportunidad ocurrió en las entrañas del propio imperio, en el escenario salón donde un día antes George W. Bush hablaba de libertad, comercio y democracia; y donde dos días antes la Cancillera Rice pronunciaba en menos de 20 minutos la palabra democracia más de 30 veces. Aunque era de preverse, semejante derrota constituye una de las principales humillaciones que haya sufrido el gobierno de Bush en sus dos mandatos. Fue Venezuela, a través de las brillantes intervenciones del Canciller Rodríguez Araque, el país que se opuso desde un principio a las aspiraciones intervencionistas. De hecho, los grandes medios de comunicación presentaban esta edición de la Asamblea General como un enfrentamiento entre Caracas y Washington. Efectivamente, nuestro gobierno se enfrentó al de la Casa Blanca, pero no estuvimos solos, Caracas estuvo acompañada de Brasilia, Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Kingston, México DF y pare usted de contar. La derrota no se circunscribe al mero rechazo latinoamericano y caribeño a la propuesta injerencista del norte, se extiende al punto que todos los miembros, salvo EEUU por supuesto, aprobaron, a propuesta venezolana, una resolución que obliga a los Estados miembros a respetar las normas y principios del derecho internacional, incluyendo los principios establecidos en la Carta constitutiva de la OEA en 1948, prácticamente los mismos que presenta la Carta de la ONU, los mismos que ha violado flagrantemente EEUU cada vez que invade un país o se inmiscuye en los asuntos internos de otro Estado.
Dichos principios constitutivos, venían dejándose al margen en una OEA que pretendía crear herramientas intervencionistas, tal como intentaron con la Carta Democrática Interamericana en su versión preliminar. Sin embargo, en su primera intervención en la Asamblea General y ante la propuesta estadounidense de “monitoreo” de las “democracias”, el Canciller Rodríguez Araque invitó a las delegaciones a releer los principios esenciales de la Carta de la OEA. Revisémoslos nosotros:
• 2do aparte del Artículo 1
“La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”.
• Propósitos esenciales de la OEA contemplados en el artículo 2
“a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente;
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”;
• Algunos de los Principios contemplados en el artículo 3
“a) El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas.
b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.
e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.
Precisamente para rescatar estos principios fue que Venezuela propuso la resolución de respeto al derecho internacional, aprobada con 33 votos (todos menos EEUU), que blinda a los Estados miembros ante potenciales acciones intervencionistas de los Estados Unidos o cualquier otro país, como tantas otras veces ha ocurrido. Evidentemente, de haber aprobado un sistema de “vigilancia” o “evaluación” de nuestros sistemas políticos, la OEA hubiese violado la inmensa mayoría de sus propios principios fundacionales. De hecho, en el contexto de la XXV Asamblea General, al analizar la difícil situación político – social que se vive en Bolivia, particularmente tras la renuncia del Presidente Carlos Mesa, los Estados miembros aprobaron por aclamación una declaración que fue por sí sola expresión de cuál ha sido y debe ser el rol de la OEA en casos semejantes y fue la primera señal de que la propuesta de Washington no sería aceptada tal como fue planteada por ellos:
“6. Expresar la disposición de la Organización de los Estados Americanos a brindar toda la cooperación que sea solicitada por las legítimas autoridades bolivianas, a fin de facilitar el diálogo como medio para superar la crisis y garantizar la preservación de las instituciones democráticas”.
Para poder poner en perspectiva el triunfo diplomático de Venezuela en la OEA analicemos la versión inicial de la propuesta de “evaluación de las democracias” presentada por EEUU y la versión final aprobada en la Asamblea:
“(Se encomienda) Al Consejo Permanente que desarrolle un proceso para evaluar, según corresponda, las situaciones que puedan afectar el desarrollo del proceso institucional, democrático y político de un Estado Miembro o el legítimo ejercicio del poder; y de formular recomendaciones concretas, utilizando la Carta Democrática Interamericana como una guía y con las contribuciones de la sociedad civil, y sobre la forma que el Consejo Permanente debe tratar las amenazas a la democracia en forma oportuna, anticipándose a las crisis que pudieran socavar la democracia y el trabajo de fortalecimiento de las instituciones democráticas;”
Vemos allí la intención que el Consejo Permanente tuviese la facultad “evaluar”, de “formular recomendaciones concretas”, de tomar en consideración las “contribuciones de la sociedad civil”. De hecho, Casa Blanca pretendía que el Ponsejo Permanente fomentara la creación de un “observatorio de la democracia” conformado principalmente por miembros de la “sociedad civil” (SUMATE, por ejemplo). Veamos la redacción final de este punto:
“Se encarga al Secretario General que, luego de consultas con el Consejo Permanente, y teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de la OEA, en especial el de promover y consolidar la democracia representativa, elabore propuestas de iniciativas de cooperación oportunas, eficaces, y equilibradas y graduales, según corresponda, para abordar situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana, dentro del principio de no intervención y el derecho a la autodeterminación, y las presente al Consejo Permanente”.
En la versión final es el Secretario General quien actúa, pero no impone, acciona sobre la base de los principios de la Carta Fundacional de la OEA (ya expuestos arriba) y elabora propuestas de “cooperación” con el Estado afectado. Prácticamente se reitera lo ya establecido en la Carta Democrática Interamericana y al final se establece que se hará respetando la soberanía y los asuntos internos de los Estados. Es decir, amigos lectores, la OEA deberá limitarse al rol que le dan los instrumentos jurídicos ya existentes y a cooperar en los términos no injerencistas en los que le ha ofrecido colaboración al gobierno de Bolivia. Todo lo contrario de lo que aspiraban los anfitriones de la Asamblea y sus funcionarios como Súmate.
La lectura que le damos es evidente: se caen las máscaras en el continente americano. Las supuestas “democracias” que han existido, útiles para un sistema económico, el liberal, el neoliberal, el capitalista, están llegando a su fin. Dicho modelo político no le ha dado respuestas a las mayorías, muy por el contrario, ha generado y propiciado inconcebibles índices de exclusión social, miseria y descomposición moral. Los pueblos latinoamericanos han despertado y hoy obligan a sus gobiernos a gobernar con y para las mayorías, bien sea a través del voto con la elección de gobiernos populares o progresistas como los de Venezuela, Brasil, Argentina o Uruguay; ó, si ésta posibilidad se le niega, mediante la presión social que ha llevado a varios presidentes latinoamericanos a renunciar. El agotamiento del modelo político y, en consecuencia del modelo económico, es de tal magnitud que nuestros pueblos han emprendido una búsqueda incesante de soluciones democráticas, amplias, populares, incluyentes; una transformación de los modelos imperantes que pueda garantizar el establecimiento de la justicia y la paz en nuestra región. Los Estados Unidos deben percatarse de esta nueva realidad y readaptarse a ella si es que quieren seguir mantenido relaciones cordiales y cooperativas con nuestros países. La muralla digna y popular de esta nueva América Latina y Caribeña es alta y firme. Los tiempos de las imposiciones anglosajonas han transcurrido. La integración latinoamericana es un proceso en marcha, que conformará un nuevo modelo económico y social y que por lo tanto acercará a nuestros pueblos a una nueva situación de inclusión, justicia social y verdadera democracia. La discusión y negociación en el propio seno de la OEA de la Carta Social de las Américas es prueba palpable de este nuevo proceso de integración del sur que busca crear ese modelo alternativo que garantice la justicia y la equidad social.
(Tomado de la Columna Mundo Adentro de Temas Venezuela, del 10 de junio 2005)
