El presente documento pretende analizar los componentes político, social y económico del debate colocado en la opinión pública, referente a la ley de presupuesto nacional y la ley de endeudamiento, previstos para el año 2013, luego de la presentación realizada por el Ministro del poder popular para la Planificación y Finanzas (MPF) Jorge Giordani, y las distintas matices presentadas tanto por los analistas económicos, los actores políticos y de las disertaciones generadas por la asamblea nacional, durante la primera discusión de estas dos leyes. Se plantearán las cifras presentadas y se develarán los mitos desarrollados por la oposición venezolana.
Vale la pena desatacar los elementos que el Ministro Giordani presentó sobre lo que representa el presupuesto del año 2013 para la nación, para lo cual destacó las fuentes de ingresos fiscales no petroleros y su crecimiento sostenido tanto en valor nominal como porcentaje del aporte al ingreso nacional, destacando la prudencia y racionalidad económica para los aportes petroleros, considerando la volatilidad de sus precios, debido a las variables exógenas generadas por la crisis económica presentada en los países desarrollados, por lo que el proyecto de presupuesto se realizó sobre la base de premisas conservadoras de ingreso, promoviendo además en su discurso la eficiencia en la administración de los recursos y el manejo de los pasivos de manera coherente y responsable con el desempeño de los indicadores macroeconómicos.
Además el propio Giordani destacó la estabilización del cociente de deuda con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), considerando a Venezuela con uno de los más bajos índices de deuda en América Latina como porcentaje del PIB, con principal atención de las prioridades del gasto en los sectores: salud, educación, vivienda y productivo.
En este sentido asume la voluntad ideológica del ejecutivo nacional al proponerse la consolidación de un modelo Productivo que facilite los cambios estructurales propuestos y la participación popular, con dominio del Estado sobre la industria petrolera nacional, donde el valor social del trabajo esté sobre el valor del capital, con un Estado fuerte y cohesionado.
No se asume el presupuesto nacional, como un simple instrumento técnico, sino que se le da contenido de fondo, y carácter ideológico en lo que se refiere a la intencionalidad del Gobierno Nacional de avanzar en la consolidación de un proyecto político, que priorice lo social.
Por ello la inversión social durante el Gobierno del Presidente Chávez ha alcanzado los 500.000 Millones de dólares, con un porcentaje cercano al 60,7% de toda la inversión, y que se contrasta con los 36,2% del período previo correspondiente a los años que van de 1986 a 1998.
Se destaca además que esa inversión social según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), permitió disminuir la pobreza de 43,9% en 1998 con una subida a 55,1% en 2003, producto del sabotaje petrolero, a 30,6% en 2006, lo que representó una disminución de 30,29% comparado con el año 1998 o 44,46% con el año 2003. Sin embargo en el período 2006-2011 la pobreza solo bajó a 26,5%, lo que representó una reducción de apenas 13,39%, lo cual implica una desaceleración de la reducción del indicador.
Esto pudiera deberse a varios elementos que surgen como hipótesis: la primera tiene que ver con el asunto de fondo, aunque la política asistencialista dio unos primeros resultados, la necesidad de profundizar en los cambios estructurales para la transformación social y no concretarlos inhibió la posibilidad de poder desarrollar los esperado, la segunda está relacionada con la valoración en la eficiencia del gasto y la gestión pública, y la tercera con los efectos de la recesión económica mundial del 2008 que afectó los precios del petróleo.
Sobre el marco legal que aporta el Título II de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público referente al Sistema Presupuestario y el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el presupuesto del año 2013 estima algunos valores generales en cuanto a indicadores macroeconómicos: 1.848.147,9 MM Bs de PIB, lo que implicaría 6% de crecimiento, con una inflación entre los 14 y 16 puntos, con un tipo de cambio a 4,30 Bs. por dólar, y un precio de la cesta petrolera de 55$, con una inversión total 396.406,75 Millones de Bs correspondiente al 21,4% del PIB.
De esta inversión 300.919,6 Millones de Bs. provienen de ingresos corrientes, mientras que 95.487,1 Millones de Bs. de fuentes de financiamiento, estructurados de la siguiente manera: Gastos Corrientes 299.639 Millones de Bs., Gastos de Capital e Inversión Financiera 87.405,7 Millones de Bs. y Aplicaciones Financieras 9.362,0 Millones de Bs.
De allí que los ingresos ordinarios de origen petrolero alcanzan 83.179,6 Millones de Bs. correspondientes al 21%, mientras que los no Petroleros presentan una cifra 217.740 Millones de Bs (54,8%), casi en su totalidad obtenidos de la recaudación fiscal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Si bien es cierto, se destaca el creciente y acelerado aporte realizado por el SENIAT al presupuesto nacional, que permiten consolidar la soberanía de ingresos nacionales, sobre la base de los ingresos no petroleros, aun sigue siendo una deuda los aportes significativos que pudieran generar las Empresas del Estado. Sin embargo está realidad, permite desmontar parcialmente las los mitos planteados por la oposición, en lo que se refiere a la carencia de un esfuerzo realizado por el ejecutivo nacional por superar la dependencia petrolera para los planes de inversión económica.
En cuanto a la ley de endeudamiento de 95.487,10 Millones de Bs. correspondientes 24,1% del presupuesto nacional, las operaciones de crédito público refieren a 95.356,8 Millones de Bs., mientras que los remanentes de los órganos de la república aportan 130,3 Millones de Bs. Así mismo 33.040,9 Millones de Bs. se dirigen al servicio de deuda pública nacional, 42.315,9 Millones de Bs. a inversión y 20.000 Millones de Bs. a gestión fiscal. Los proyectos de inversión por endeudamiento están dirigidos a los sectores: defensa, transporte, energía eléctrica, ambiente, industrias, cultura, agricultura y tierras.
En este apartado, resalta otro mito formulado por los actores políticos sobre la deuda, argumentando el incremento de la misma durante los últimos años y la dependencia de agentes externos para el financiamiento. Esto se puede catalogar como un discurso malintencionado, en el sentido de argumentar el incremento de la deuda exclusivamente como valor nominal, y no como porcentaje del presupuesto nacional, para ello se puede verificar el promedio de deuda desde 1999 que alcanza un 28,8%, mientras que los períodos previos alcanzaron 49,8% durante el Gobierno de Rafael Caldera y 66,8% en el de Carlos Andrés Pérez.
Otro punto de comparación, podría relacionarse sobre la posición de Venezuela en América Latina y el Caribe, donde solo Chile y Paraguay presentan menos endeudamiento que nuestro país, que se encuentra por debajo del promedio de la región, el cual corresponde al 30%, y que contrasta drásticamente, con la deuda de la Zona Euro con un 88,2%, Japón 220% , Estados Unidos 98,2% o el vecino Colombia con un 37,08%.
En cuanto a la dependencia de los agentes externos para el financiamiento de la deuda, resulta muy alejado de la realidad, puesto que de acuerdo a cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), en el año 2012 la deuda pública interna alcanzó el 54% del total de la deuda, comparada con el 16% de 1998. Esto demuestra una alta movilidad económica que permiten asumir estos compromisos.
Otro mito formulado está relacionado con la centralización de los recursos, sin embargo se puede apreciar que para el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) se disponen de 21.173,5 Millones de Bs., por situado a estados 60.183,9 Millones de Bs., 6.750,3 Millones de Bs. por transferencias de servicios a estados y municipios, y otras Asignaciones que constituyen el 20,80% del Presupuesto. Adicionalmente las asignaciones a entes descentralizados corresponden a 215.659,9 Millones de Bs. (54,40%). Esto configura un 75,2% del presupuesto nacional para las Regiones, mientras que del 24,6% restante, 19,7% está destinado al servicio de la deuda.
En la exposición de motivos del Proyecto de ley de presupuesto de la nación para el año 2013 se destaca que "El Gobierno Bolivariano, concibe la política económica como una herramienta para la construcción de la base material, que posibilite la transición hacia un sistema social incluyente". (p. 58)
La política fiscal está dirigida a la recaudación de impuestos sobre la base del incremento de la actividad productiva, la política monetaria y cambiaria se mantiene con las modalidades Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), y el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME). Las metas macroeconómicas fueron expuestas anteriormente.
Las políticas presupuestarias se expresan en la generación de ingresos por participación fiscal petrolera, no petrolera y endeudamiento. Con una asignación de recursos correspondiente a ingresos ordinarios que ocupan el 16,3% del PIB total y un endeudamiento con un 5,2% del PIB.
La vinculación entre plan y presupuesto permiten priorizar la inversión de acuerdo a cada una de las líneas generales del Primer Plan Socialista de la Nación de la siguiente manera: Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional; 9,6%, Convertir a Venezuela en una Potencia Energética Mundial; 3,1%, Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica Internacional; 2,0%, Desarrollo de la Nueva Ética Socialista; 8,8%, Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista; 19,3%, Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria; 18,5%, Construcción de la Suprema Felicidad; 37,9% y Acciones Centralizadas; 0,8%.
El sector social sigue prevaleciendo con un 37,3% del gasto total, lo que deja entrever los elementos relacionados con otra hipótesis manejada, que refiere al precio conservador del Barril de Petróleo, cuyas razones fueron expuestas con anterioridad, pero que permite contrastar con la inversión social del 60,7% acumulado hasta 2011, razón por la cual se puede verificar que los excedentes petroleros siguen siendo destinados a esta área de la sociedad prioritariamente.
De esta manera se desmontan algunos de los planteamientos generados por diversos actores políticos de oposición. Sin embargo, se deben asumir una serie de retos, sobre las deudas pendientes por las políticas de Estado entre las que destacan: recuperar la aceleración en las mejoras de los indicadores sociales experimentados hasta 2006, fomentar un desarrollo productivo nacional no petrolero que genere aportes significativos al presupuesto nacional y continuar la ruta de política de deuda pública que permita seguir disminuyendo la participación del componente externo.
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