En el marco de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente se ha desplegado en toda la Patria, pese a las adversidades ofrendadas por la violencia de la extrema derecha, una discusión fundamental en torno a un tema trascendental como la refundación de las Bases de la República.

No se trata de una discusión sin trascendencia, sino que por el contrario esgrime los pilares fundamentales de la nueva etapa del Proyecto Político Bolivariano. Se abre un camino especial para profundizar en las conquistas sociales alcanzadas por el pueblo y superar los problemas estructurales de la Venezuela económica mono-productora y petro-dependiente.

A Venezuela le fue asignado su rol en el siglo XX como exportador de petróleo crudo para que fuera refinado por las trasnacionales de la Industria Petrolera en el mundo. Un breve esbozo histórico desde las primeras perforaciones petroleras, que pasaron a ser la principal fuente de ingresos en divisas en el país en 1926, en una economía de puerto altamente dependiente de las importaciones, hizo sucumbir el Gobierno del General Cipriano Castro, entregándole a Gómez y con ello el 66,4% de las concesiones y las inversiones al capital Norteamericano. También fueron derrocados Isaías Medina Angarita y Rómulo Gallegos, por sus políticas de elevar las regalías o aplicar la famosa fórmula del Fifty – Fifty, y más aún cuando obligaban a refinar parte de nuestro crudo en Cardón y Amuay. Igual suerte sufrieron Carlos Delgado Chalbaud y Marcos Pérez Jímenez, aunque este último más cercano a los intereses norteamericanos, su rol no les fue útil cuando decidió diversificar la economía y desarrollar el campo siderúrgico de Guayana. La Cuarta República fue la época del entreguismo y la pseudo-nacionalización solo sirvió para aplicar el arte del engaño puesto que todas las Empresas Trasnacionales Petroleras terminando siendo miembros de la junta directiva de las nuevas supuestamente nacionales. A Chávez no le tocó una suerte distinta, un golpe de Estado, paro petrolero y luego su muerte después de ataques permanentes a su política soberana de manejar los recursos petroleros.

En los actuales momentos Venezuela sufre los mismos males basado en un conflicto geopolítico por el Petróleo, en plena crisis económica del capitalismo mundial, sui géneris por tratarse de la primera cuyo origen se encuentra en el capitalismo especulativo financiero, y sobre la cual se amedrenta una guerra económica no convencional desarrolladas en el Siglo XX, como el caso de la Chile de Allende, sino una guerra financiera, que tiene como objetivo central apoderarse de nuestras riquezas.

La Revolución Bolivariana no sólo se encontró con el fondo del asunto de orden económico, y por su rebeldía de resistirse al rol asignado por el capitalismo global, sino que debió resolver los problemas de desigualdad y exclusión social de los sectores más vulnerables, originados por el burocratismo y la corrupción; para ello tuvo que crear mecanismos como las Misiones Sociales que permitieran no sólo atender políticas focalizadas sino legislar para garantizar que esos logros no fueran pasados al olvido de la Gestión Pública.

El problema con ello es que esa base legal no está construida constitucionalmente, y analizar lo que pasa en Venezuela, no sólo subyace en lo que acontece en nuestro territorio, sino en la nueva fase de regresiones sociales en el mundo, como las que se han venido desarrollando recientemente en la región en Brasil, Argentina, México, Colombia, entre otros, pero también en Europa como lo ocurrido en España, Grecia o en la misma Francia supuestamente defensora de los derechos humanos, volviendo sus legislaciones laborales a la época de la esclavitud, eso sí en una nueva fase moderna apalancada por las tecnologías de comunicación e información.

En ese sentido como de lo que se trata es de refundar la República se presentan un conjunto de propuestas que pueden ser consideradas en el marco de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en tres frentes de acción: lo social, lo económico y la lucha contra la corrupción no sólo pública sino privada por ende ya corporativizada.

GARANTIZAR INVERSIÓN SOCIAL

Garantizar que al menos el 70% del presupuesto Público del Ejecutivo Nacional, Regional y Municipal sea inversión Social. Esto permitiría combatir las reformas regresivas en materia de inversión social como en Brasil que han congelado por 20 años estos recursos vía enmienda constitucional.

Garantizar que al menos el 20% del Presupuesto Público de los distintos niveles de Gobierno esté destinado a la educación pública, priorizando las áreas de: mejoras salariales, infraestructura educativa y formación docente. Con esto Venezuela encabezaría la proclama de la declaración de Incheon (Corea del Sur, 2015) donde la UNESCO instó a los Gobiernos invertir entre el 15 y el 20% de su Gasto Público.

Garantizar que al menos el 20% del Presupuesto Público de los distintos niveles de Gobierno esté destinado a la salud pública, priorizando los temas salariales, infraestructura, así como equipamiento, insumos y medicinas que deben al menos ocupar el 90% de dichos recursos. Esto acorde a las cifras publicadas por la OMS de la inversión en el Planeta.

Garantizar que al menos el 20% del Presupuesto Público de los distintos niveles de Gobierno esté destinado a la seguridad ciudadana. Considerando que este es uno de los principales problemas del país.

Incorporar en los cálculos del Situado Constitucional (Art. 167 de la CRBV), la variable de Estado Fronterizo, que permita incorporar mayores recursos que compensen los desequilibrios producto de las zonas fronterizas. Actualmente en esas regiones se tiene mayor demanda de bienes y servicios nacionales, sin que existan mecanismos que permitan compensar esas desigualdades.

Garantizar las pensiones sociales y la edad de jubilación como un derecho obligatorio de toda persona (hombre mayor de 60 años y mujer mayor de 55 años), aun cuando ellos no hayan cotizado en el Seguro Social, los cuales no pueden ser modificados constitucionalmente, salvo que sea para reducir la edad mínima para los beneficiarios. Esto evitaría reformas regresivas como las que han ocurrido en Francia o España que han elevado la edad para las pensiones y/o jubilaciones.

El Sistema Educativo Venezolano, debe ser al menos en un 80% público. Esto permitiría evitar una privatización o pseudo-privatización de la educación.

Crear constitucionalmente el plan anual de democratización en el acceso a bienes y servicios; sean estos por: inversiones sociales, subsidios directos e indirectos, entre otros. Esto debe indicar presupuesto nacional, regional y municipal, así como los montos percibidos indirectamente por la política aplicada.

Debe protegerse constitucionalmente la vivienda principal, la cual no podrá ser vendida, cedida y/o traspasada sin que la familia pueda trasladarse a una nueva vivienda de su propiedad.

Defender la autonomía universitaria descrita en la CRBV, incorporando el voto igualitario de todos los miembros de la comunidad educativa.

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO RENTISTA PETROLERO

Modificar el artículo 299 de la CRBV, indicando que el modelo económico venezolanos es Mixto (Privado, Público y Comunal), y que tiene por objeto fundamental la diversificación económica y productiva. Actualmente sólo se habla de libre competencia y no incorpora el sector comunal.

Crear un capítulo especial para proteger los yacimientos minerales que sólo podrán ser explotados por el Estado Venezolano o mediante empresas mixtas y alianzas estratégicas que tenga al Estado como socio mayoritario. Actualmente de manera muy general aparece descrito en el artículo 12 de la CRBV.

Incorporar las Zonas Económicas Especiales, como espacios específicos para el desarrollo económico productivo (industrial, comercial y financiero), que permitirá adoptar medidas excepcionales distintas a las del resto del territorio nacional, permitiendo el uso de cualquier tipo de moneda convertible distinta a la nacional, siempre y cuando puedan catalogarse como exportaciones desde el territorio venezolano.

Crear constitucionalmente una política de financiamiento a través de la banca pública y privada, destinada a los pobres que carecen de los requisitos impuestos por los sistemas bancarios, que permita desarrollar las fuerzas productivas de los sectores más vulnerables, mediante la implementación de requisitos especiales. Esto permitiría constitucionalizar las políticas de la Revolución Bolivariana desarrollada a través de las misiones sociales, pero ahora incorporando al sector privado en este apoyo.

Permitir constitucionalmente enajenar todos los bienes y propiedades de quienes individualmente o mediante personalidad jurídica han participado en los delitos de contrabando de extracción, narcotráfico, lavado de activos y de fuga de capitales. Esto permitiría combatir con un flagelo que presenta muchos vacíos legales

Se debe crear constitucionalmente el Presupuesto Nacional en Divisas; desarrollado en al menos cuatro capítulos: plan de importaciones, plan de exportaciones, plan de inversiones extranjeras y plan de financiamiento externo.

Se debe permitir la actualización trimestral del Presupuesto Nacional, Estadal y Municipal.

Se debe crear constitucionalmente el presupuesto comunal, destinado a inversiones sociales del poder popular.

Se debe colocar un límite al endeudamiento externo: máximo de un 30% del PIB Nacional.

Se debe colocar un límite al endeudamiento interno: máximo de un 30% del PIB Nacional.

Se desarrollarán incentivos fiscales, arancelarios y tributarios a quienes mayor valor agregado nacional incorporen a las exportaciones no petroleras del país.

Anualmente deberá desarrollarse un Plan de Financiamiento a la Pequeña y Mediana Industria, así como a los pequeños y medianos campesinos, que impulsen los sectores agrícola e industrial. Venezuela es fundamentalmente de pequeños y medianos industriales y productores.

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA BUROCRACIA

Obligar constitucionalmente a que todas las Instituciones Públicas y privadas están obligadas a publicar todas sus operaciones que impliquen recursos económicos.

Disminuir las contrataciones públicas a procesos con un máximo de 5 días hábiles, con el fin de luchar contra la burocracia y tiempos de respuesta en la gestión pública.

El Estado promoverá todos los trámites de la Administración Pública vía electrónica, los cuales son documentos de carácter legal ante cualquier órgano e institución del poder público.