La última actuación sobre este caso, un poco tardía por cierto, la tuvo la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 7 de octubre de 2004, al recibir la decisión del laudo arbitral por parte de la Junta designada hace unos 10 años atrás.
Esta Junta acordó que la República Bolivariana de Venezuela no debe pagar a las empresas Van Dam la cantidad de 68.980.773,65 dólares americanos, por el caso de la repotenciación, modernización, remozamiento y entrega llave en mano, de 81 tanques AMX-30 y 4 recuperadores de tanques AMX-30.
La decisión de la Junta de Arbitraje, integrada por: Félix Roland Matthies (presidente); Pablo Van Dam, Humberto Vauder, Bianney José Guevara y el Inspector General del Ejercito, G/D Alí de Jesús Uzcátegui Duque, por mayoría de 3 votos contra 2, asegura que la mencionada empresa no cumplió con el contrato firmado entre las partes en el año 1992.
Señala la dispositiva aprobada por la mayoría de la Junta (…) que los Tanques no se encuentran debidamente terminados, operativos ni aptos para servir al fin útil al que se los destina. También agregan que el contrato de repotenciación no fue ejecutado cabalmente, por tanto se consideró no ajustado a derecho el proyecto de laudo presentado por los árbitros Pablo Van Dam y Humberto Bauder que pretendía condenar a la República en la cantidad de 68.980.773,65 de Dólares Américanos. Finalmente, indica el laudo aprobado que ¿las partes tienen derecho a la aclaratoria que deberán solicitar a el o a los árbitros redactores de las respectivas. (más información buscar en página web del TSJ)
Venezuela ya había pagado la mitad del contrato. Los tanques, los cuales permanecían en los talleres de Van Dam en La Victoria, estado Aragua, fueron sacados de allí y llevados a Maracay, en un significativo acto militar, y allí los esperaron como verdaderos héroes.
Muchos habían sido “canibalizados”. Las unidades fueron terminadas de repotenciar con tecnología nacional. Todavía hoy se les ve en los desfiles militares, pero se duda de su operatividad…
Un poco de historia
Este caso tuvo tres investigaciones parlamentarias, por tres comisiones de defensa diferentes en 13 años consecutivos. La última, presidida por el diputado Ibrahím Sánchez (COPEI), fue en 1996 y la única que arrojó algún resultado.
Entonces se hablaba de la comisión de delitos como cobro de comisiones, intentos de soborno, sobrefacturación en la compra de repuestos y, en general, omisiones cometidas por parte del Ejército. La negociación para la repotenciación de los blindados, adquiridos durante el primer gobierno de Caldera, costó a la nación 1.998 millones de bolívares (138 millones de dólares a Bs. 14,50). Por el caso sólo se dictaron dos autos de detención a los hermanos Pablo y Luis Van Dam, quienes se fueron del país.
En 1996, la investigación parlamentaria arrojó sospechas sobre 33 oficiales de los cuales fueron excluidos cinco: Alfredo Salazar Montenegro, Rafael Medina Abarca, Manuel Ruiz Siso, Juan José Oliveros Colombani y Rafael Angel Montero Revette, cuyas actuaciones se revisarían en nuevas investigaciones. Quedaron en la lista, entre otros, Carlos Julio Peñaloza, Carlos Santiago Ramírez, Italo Del Valle Alliegro, Oswaldo Sujú Raffo, José Antonio Olvarría, Fernando Ochoa Antich, Eliodoro Guerrero Gómez, José María Troconis Peraza, Filmo López Uzcátegui, Radamés Muñoz, Germán Rodríguez Citraro e Iván Darío Jiménez Sánchez.
En noviembre de 1996, luego de intensas investigaciones, interpelaciones parlamentarias, dimes y diretes, fue aprobado por mayoría el informe final. El Tribunal Superior de Salvaguarda (hoy extinto también) sería el órgano que determinaría las responsabilidades con respecto a 22 oficiales retirados y uno activo que estuvieron involucrados en el caso. También se indicaron presuntas responsabilidades de la empresa Van Dam, como intento de soborno a oficiales, así como por el incumplimiento del contrato, no haber constituido las fianzas y haber violado el carácter secreto del referido contrato.
Al final la lista de presuntos responsables se redujo a: ex ministros de la Defensa Italo Del Valle Alliegro, por haber firmado el contrato de repotenciación con la empresa Van Dam; Filmo López Uzcátegui, por haber firmado un contrato con la empresa Sofma; Fernando Ochoa Antich, por la firma de la enmienda; e Iván Darío Jiménez y Radamés Muñoz, por no haber convocado la comisión de arbitraje que preveía la enmienda firmada por Ochoa Antich.
El contrato en cuestión es uno de los más importantes dentro del Plan Global de las FAN, por Bs. 5 millardos, adelantado durante el gobierno de Jaime Lusinchi.
Pero en realidad, este caso al final se convirtió en lo que entonces llamaban “un pleito entre generales”. Había intereses de los partidos políticos, sobe todo COPEI y el diputado Ibrahím Sánchez fue acusado de amañar los informes.
Siendo reportera de El Nacional, me correspondió la cobertura de este caso junto al periodista Jesús Eduardo Brando quien cubrió las investigaciones anteriores.
