Aparte de las prohibiciones del Estado Venezolano en cuanto a permitir el uso del espacio aéreo a los aviones estadounidenses contra-narcóticos; también la gestión del gobierno venezolano para el desmantelamiento de una oficina militar americana del Fuerte Tiuna, el incremento de impuestos sobre exportaciones de petróleo a las multinacionales extranjeras; la preferencia por el fortalecimiento de los mercados regionales a través del MERCOSUR como alternativa al futuro tratado de libre comercio andino o ALCA; a oposición al Plan Colombia y la neutralidad de Venezuela en el conflicto armado colombiano—solo resalta algunas de tantas razones para justificar la ingerencia flagrante de la administración de George W. Bush en los asuntos internos de Venezuela. Sin embargo, una de las situaciones mas problemáticas que encubre la agenda oscura de la directiva “meritocrata” de PDVSA, conjuntamente con empresas transnacionales extranjeras, y que los medios han optado por ignorarla convenientemente y aferrarse a una constante propaganda de apoyo a un grupo de tecnócratas usurpadores, seria la integración de PDVSA y la empresa de información tecnológica SAIC Co. como un consorcio que vendría a llamarse posteriormente INTESA.
Esta fusión entre la Estatal y la transnacional fue posible gracias a la presión ejercida por los lobistas locales de la SAIC junto al ex-presidente de PDVSA, Luis Giusti, y su equipo de meritocratas, para supuestamente reducir los costos operacionales de la petrolera y sus filiales por medio de la optimización de la infraestructura de la tecnología informática de las mismas, y posteriormente se forma INTESA el 17 de enero de 1997. El visto bueno le fue dado a la negociación debido a que con el pretexto de la internacionalización y de amplificar la capacidad operativa de PDVSA, aparte de otras ventajas económicas que según traería la integración de ambas empresas, se logro igualmente crear una matriz de opinión basada en la idea de diversificación corporativa de PDVSA al entrar como agente emergente en el campo de los sistemas computarizados y de otros servicios prestados por INTESA dentro del mercado internacional y local. Obviamente, lo que no se menciono y lo que todavía intentan ocultar de manera infame bajo absurdos argumentos, seria la interferencia de una empresa de tecnología informática estadounidense estrechamente vinculada al Pentágono, a la Agencia de Seguridad Nacional, al FBI y a otras agencias de seguridad e inteligencia de los EEUU, dentro de una empresa petrolera la cual el gobierno venezolano actualmente intenta regir dentro de las cuotas de producción y precios de la OPEP—posición opuesta de manera acérrima por un gabinete estadounidense conformado en gran parte por agentes petroleros.
En base a evidencias que resalta la expansión de las operaciones internacionales que ejerce la SAIC Corp., seria factible concluir acerca de lo que pudiera ser una red de monitoreo regional de empresas estatales de diversos países por parte de una transnacional, que por su facilidad de acceso a extensas bases de datos en dichos estados clientes, proveen a terceros de valiosa información estratégica para así conducir planes que se han de ejecutar de acuerdo a la conveniencia económica y geo-política de los EEUU, Inglaterra u otra potencia mundial con intereses petroleros en los países exportadores, y de esta forma acelerar el dominio que trae como consecuencia la globalización y demás corrientes del neoliberalismo.
El vinculo existente de la segunda empresa que conforma INTESA con un plan de extracción de información clasificada en Venezuela, proviene del continuo servicio y asesoramiento que la misma ha prestado al gobierno estadounidense en materia de seguridad nacional, y que ahora conforma conjuntamente con otras empresas de alta tecnología como AT&T, IBM Corp. y Motorota Inc., una de las mas importantes contratistas del Estado Norteamericano—ocupando el tercer lugar entre otras 50 empresas en relación a ganancias por concepto de servicios, sumando anualmente ingresos cerca de los 1,4 billones de dólares, seguida por Lockheed Martin Corp. y Northrop Grumman Corp., las cuales reciben aproximadamente 2,4 y 1,65 billones de dólares respectivamente. Además, la SAIC encabeza la lista de contratistas proveedoras de tecnología de Sistemas de Integración, con unos 900 millones de dólares. Resulta revelador el hecho de que corporaciones armamentistas como Lockheed, Northrop y Boeing, que son las beneficiadas de las guerras mundiales y de las numerosas compras de material bélico por parte de países aliados de EEUU en el tercer mundo, figuren entre las empresas que suministran Tecnología Informática al gobierno estadounidense, ya que no por coincidencia, los conflictos armados de gran envergadura en los últimos veinte anos (Afganistán, Irak, Colombia), están arraigados a la geo-política de dominio de las mayores reservas de petróleo, gas y de otros recursos indispensables para abastecer la extravagancia consumista de los países industrializados. Consecuentemente, como acción estratégica destinada a monitorear de forma enmascarada la mas importante información acerca de materia energética como el petróleo y de otras industrias esenciales, resulta muy ventajoso que una empresa ligada a los mas altos intereses político-económicos de los EEUU, logre fusionarse con la petrolera estatal del quinto exportador mundial de crudo, con la complicidad de una directiva petrolera entreguista contribuyente a intereses contrarios a su patria, como perfectamente lo ha demostrado el ex presidente de PDVSA, Luis Giusti al encabezar la gestión de privatización de la Estatal durante el pasado periodo presidencial, hasta convertirse hoy día en asesor de la administración presidida por George W. Bush en materia energética. Además de PDVSA,
Adicionalmente, es necesario destacar la participación de esta empresa de Tecnología Informática dentro de la estrategia “anti-terrorista” que se inicio a raíz de los ataques al WTC y al pentágono el 11-S del 2001. Desde entonces, los sectores reaccionarios de extrema derecha del gobierno estadounidense han optado por revivir aquellos momentos negros de la historia estadounidense durante los anos sesenta, cuando se ejecuto el plan de espionaje dentro de una red de rastreo de disidentes conocido como COINTELPRO. Agentes del FBI que operaban en dicho programa tenían la misión de quebrantar y desprestigiar organizaciones políticas, lideres revolucionarios, activistas anti-guerra y grupos del movimiento de los Derechos Civiles, los cuales según el entonces director del bureau, Edgar Hoover, eran “grupos camuflageados de pacificistas para enmascarar sus siniestros propósitos”, catalogándolos como “potenciales enemigos del Estado”.
Dichos indicios de totalitarismo y de intolerancia han retomado protagonismo en estos últimos tiempos, donde “la guerra contra el terrorismo” ha pasado a ser la coartada perfecta para re-legitimizar nuevamente a través del llamado Homeland Security Act, la intensificación de métodos de espionaje domestico. Esta nueva legislación resalta la necesidad del gobierno de obtener acceso directo a bases de datos que contienen direcciones electrónicas, cuentas bancarias y recibos de utilidades que según el presidente de la Asociación Americana de Información Tecnológica (ITAA), Harris Miller, propulsaría“un paso importante hacia delante en los esfuerzos de la industria y del gobierno para combatir el cyberterrorismo”. Igualmente, la idea expansionista de dicha red de espionaje no puede ser descartada, ya que la SAIC opera a nivel mundial, lo que no solo se limitaría a detectar al “enemigo” en casa, pero que igualmente a través de sus gobiernos subordinados, les sea posible utilizar como herramienta de fácil identificación de sectores disidentes que atenten en contra del orden tradicional de poder, los servicios tecnológicos de la SAIC, y de esta forma reprimir contundentemente a los “camuflageados de pacifistas” que pretendan “enmascarar siniestros propósitos” como los de exigir una redistribución equitativa de los bienes del Estado y el establecimiento de una autentica democracia participativa. En el caso de Venezuela, el equipo meritocrata co-fundador de INTESA, ha mostrado una actitud de absoluta hostilidad en contra del presidente Hugo Chávez—conducta similar que ha tomado una compañía de telecomunicaciones en Venezuela llamada TELCEL, que a su vez forma parte del grupo de “Aliados Estratégicos” de INTESA, entre los que destacan IBM, Microsoft, Siemens y HP entre otros. Además, TELCEL es propiedad de la familia Cisneros, quienes poseen cercanas relaciones con políticos conservadores como George Bush sr., Jesse Helms y la comunidad anti-castrista radicada en Miami. Dicha circunstancia conduce a pensar acerca de la posibilidad de la implantación del servicio de Tecnología Informática no solo dentro de agencias gubernamentales, como por ejemplo las de inteligencia (DISIP, DIM, etc), en caso de que ocurra un cambio de gobierno mas favorable al establishment tradicional, sino que también se logre introducir dichos mecanismos dentro de los servicios de telecomunicaciones que han estado operando en Venezuela aparte de Telcel (CANTV, Movilnet, Digitel). Por ello, y para corroborar lo anteriormente expuesto, la consecuente expansión de dichos “servicios” garantiza el control de una población que conviene mantener pacificada y vigilada utilizando métodos semejantes a los del COINTELPRO, ahora re-legitimizados gracias a las leyes de Homeland Security recién aprobadas el 25 de Noviembre del 2002, las cuales magnifican considerablemente la potestad de un gobierno estadounidense que se identifica con una ultra-derecha conservadora, dominado en su mayoría por Republicanos—notoriamente conocidos por la presencia de la xenofobia, racismo, elitismo, belicismo, arbitrariedad y exclusión tanto en sus discursos como en su desenvolvimiento político.
D.C./ estudiante comunicación social
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