Esta la sociedad venezolana jurídicamente prepara para hacer frente al aparataje de los grandes consorcios comunicacionales nacionales e internacionales, hay posibilidad de hacer frente desde la perspectiva del Estado de derecho a la acción y practica de las empresas mediáticas…?? Las que han retado al ordenamiento jurídico y actuado como factores políticos contrarios al proyecto de país consagrado en nuestra constitución.
Esta pregunta que se puede transformar en afirmación, se la deben estar haciendo miles de hombre y mujeres que han sido testigos y víctimas de la agresión de los medios de comunicación, devenidos en operadores políticos de la derecha, ahora en su nueva faceta fascista. El teatro de operaciones mediático desde 1999, año del triunfo inicial de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, se transformó en el escenario de una gran operación de guerra de cuarta generación única en América Latina y el mundo con factura del departamento de Estado norteamericano.
El presente material no pretende hacer un análisis jurídico, para eso tenemos buenos jurisconsultos, haremos referencia al efecto psicológico y social en los sectores populares, desde la perspectiva comunicacional. El imperio transmuta, ha asimilado la derrota de abril del 2002, se replegó, reacomodo sus fuerzas en el teatro de operaciones mediático, el departamento de Estado trabajan las veinticuatro horas del día. El musculo mediático que ha logrado desarrollar la derecha, acciona en un abanico de opciones, teniendo el control de la emisión de información en el país, en un ochenta por ciento (80%), pudiendo llegar a un noventa (90 %). Sin negar el esfuerzo realizado por el Estado, a nivel tecnológico y la puesta al aire de señales como Tves y Telesur, entre la más resaltante. Como lo señalara nuestro comandante eterno, no basta con informar, hay que generar un proceso comunicacional, como gobierno y como estado.
La sensación de impunidad, que ha logrado generar la derecha, en los sectores populares, con los contenidos provenientes de sus laboratorios de guerra sucia se hace evidente. Implementados por sus operadores políticos, esos periodistas mercenarios, que con premeditación y alevosía, generan matrices informativas, instigando al odio y la confrontación, como quedó evidenciado con el llamado a atacar los centros asistenciales, de la misión “Barrio Adentro”, donde presumiblemente se ocultaban las actas del proceso electoral del pasado 14 de abril del 2013, hecho que dejo diez víctimas fatales, incluidos dos niños inocentes.
Este periodista que género y difundió esta información, es un terrorista mediático, de amplio prontuario, que viene operando en diversos medios, impresos y audiovisuales desde el año 2002, sin que hasta ahora, sea sancionado. Es un instigador de la guerra, cara visible, de todo un aparataje de guerra sucia y operaciones psicológicas.
Ninguna sociedad o Estado en el mundo, puede permitir que, desde su propio seno, se generen y desarrollen acciones contrarias a la naturaleza y fines consagrados en su ordenamiento jurídico. Tenemos ejemplos trágicos, como el de la República de Ruanda en África, donde la acción de los medios de comunicación generaron una guerra civil, sancionada por tribunales internacionales. En nuestra América insurgente, el gran líder y reelecto presidente de Ecuador Rafael Correa, demostró que se pueden sentar en el banquillo de los acusados a los dueños de las empresas mediáticas y no solo eso, sancionarlos y condenarlos por violación a los derechos de todo un pueblo y una sociedad. No esperemos llegar al extremo de Ruanda, coloquémonos de pie, como Rafael Correa, hagamos que se imponga la justicia.
