Aquéllos que ocupan curules en nuestros hemiciclos municipales desde hace muchos años y nunca han dado cuenta de su gestión al colectivo que dicen representar, esos cobradietas que casi nadie conoce, son los concejales que no queremos. Estas razones son las mínimas, las necesarias, sin decir las suficientes, por las cuales tales vividores de la política y sus contertulios partidistas, no deben llegar otra vez con el voto popular a nuestros pequeños palacios legislativos.
Esta, que pudiera ser la realidad de algunos de los 335 municipios del país, es la situación concreta de la cámara municipal del municipio San Francisco del estado Zulia, que aún está sumergida en el contexto de la democracia representativa que la vio nacer en el año 1995. Tal instancia, integrada por 11 concejales, 2 bolivarianos y 9 opositores, está desvinculada de la praxis legislativa actual que propugna “establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica” como lo dice el Preámbulo de la Constitución; y tal solicitud sí y sólo sí, se puede empezar a cumplir con la integración de las comunidades en la discusión de las normas que deben regular la convivencia ciudadana, pero yendo al lugar, al “topos”, para que ese entorno legitime las ordenanzas populares. Cuesta arriba será esto, si no se le da un viraje a la correlación de fuerzas existente en dicha cámara.
Como si bien la espina dorsal del Estado Comunal que se propone construir es la participación protagónica, en las circunstancias actuales se requieren dos condiciones básicas para que tal dimensión se instale como premisa ductora en el ejercicio legislativo municipal, tanto en San Francisco como en los municipios del país donde gobiernan los adversarios. Una, por supuesto, que la voluntad del pueblo que quiere cimentar las bases de un municipio sobre normas que garanticen la creación de una nueva cultura ciudadana, se exprese mayoritariamente con sus votos a favor de los candidatos y candidatas de la revolución a concejales, concejalas, Alcaldes y Alcaldesas. Dos, que el triunfo inequívoco de tal fórmula garantice la creación de la plataforma de un cogobierno local, pues el Alcalde o Alcaldesa debe comportarse como la bisagra sostenedora y comunicante entre las otras dos instancias de poder municipal: el Legislativo y el Poder Popular.
Dado que empecé aduciendo los porqués de los concejales que no queremos, voy a ir cerrando con los porqués de los concejales que sí queremos. En primer término, el PSUV y el GPP han de seleccionar para la contienda del 8D, a sus candidatos y candidatas porque son probos e íntegros ética y moralmente, y agregaría, porque están muy claros sobre la necesidad de salir del Estado burgués que nos asfixia; certeza que obliga a partir de la praxis diaria, verificar las contradicciones en que se está inmerso dentro del un sistema consumista envolvente, y en esa medida buscar la manera de quitar el lastre junto a los suyos, a las comunidades, para poder avanzar y comprender la complejidad global y en consecuencia diseñar estrategias. Eso es imprescindible: la revisión constante de la acción para que caminando sin el lastre, la revolución y sus términos significantes, “comuna”, ”eficiencia”, “socialismo” o ”patria”, no sean un metalenguaje.
Queremos y tendremos por lo tanto, concejales rectos que promuevan la elaboración de ordenanzas municipales que transfieran competencias al Poder Popular e impulsen su organización y formación. Y sientan, que sus actos están signados por la impronta alegre, esperanzadora del legado de Chávez.
