Declaración Pública

Por la MATERNIDAD LIBRE y SEGURA PARA TODAS

La maternidad voluntaria y libre, protegida y apoyada socialmente es un derecho humano fundamental, garantizado y protegido por nuestra Constitución. Esto implica reconocer a las mujeres como personas con autonomía y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos, y el tiempo entre los nacimientos.

Todas las mujeres queremos una maternidad deseada con alegría, vital y segura, no forzada por leyes ni obligada por imperativos ideológicos cargados de prejuicios, hipocresía y desconocimiento. Para que esto sea posible es indispensable que las mujeres puedan tomar con libertad y seguridad la decisión de continuar o interrumpir su embarazo.

La penalización de la interrupción del embarazo, que continúa vigente en nuestro Código Penal, niega a las mujeres la posibilidad de decidir sobre su cuerpo y lejos de evitar la práctica, la convierte en clandestina, insegura y un negocio muy lucrativo. En nuestro país las muertes por abortos que se complican por haberse practicado en condiciones insalubres representan la tercera causa de muertes maternas, cuyo índice tenemos el compromiso de disminuir urgentemente, según las metas asumidas para el milenio. Comparativamente Uruguay, que despenalizó la interrupción en 2012, registra cero muertes por esta causa.

La criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo nos afecta de manera desigual según nuestra clase social: mientras las mujeres con poder adquisitivo pueden acceder a servicios médicos privados, las pobres deben poner en riesgo sus vidas con brebajes, ganchos de ropa o anos no calificados que no ofrecen las condiciones mínimas.

Destacamos que la construcción de una sociedad humanista no será posible mientras las mujeres, especialmente las más pobres, continúen muriendo por interrupciones clandestinas de embarazo y sean objeto de condenas y castigos. Se trata de injusticia clara y manifiesta. La Revolución Bolivariana debe acabar con esta injusticia, como lo hizo la Revolución Cubana en 1965.

Las mujeres venezolanas merecemos que se nos reconozca capacidad para decidir y soberanía sobre nuestros cuerpos, además de, la comprensión de que detrás de las interrupciones hay embarazos que fueron forzados, falta de acceso a la anticoncepción, falla de algún método, pobreza, abandono, irresponsabilidad paterna, enfermedades o gestaciones con graves malformaciones, entre otros motivos.

Llamamos a la reflexión sobre algunas realidades de la interrupción del embarazo:

· La interrupción del embarazo tiene una larga historia de prohibición que sólo consigue hacer su práctica insegura y peligrosa, dando lugar a un negocio rentable que niega el derecho a la salud a las mujeres pobres exponiéndolas a graves consecuencias, incluso la muerte.

· La ilegalidad de la interrupción del embarazo transforma un acto de decisión personal en un acto criminal.

· La interrupción del embarazo es una decisión personal tomada habitualmente como último recurso.

· La penalización de la interrupción del embarazo discrimina a las mujeres frente a los hombres. Los hombres abandonan, las mujeres abortan.

· Las mujeres quedamos embarazadas contra nuestra voluntad, pero no lo hacemos solas: detrás de cada embarazo interrumpido hay una historia de irresponsabilidad, inconsciencia o predominio de un modelo sexual de dominación masculina.

· Graves consecuencias biológicas, sociales, psicológicas derivan de embarazos forzados.

· En la interrupción del embarazo subyace la complejidad de la sexualidad humana, en cuya comprensión tienen mucho que aportar los saberes ancestrales de las mujeres y los avances de la ciencia.

· El estado no debe obligar a las mujeres a tener hijos no deseados y menos recurriendo al Código Penal.

· El estado venezolano es laico y debe legislar como tal, sin presiones religiosas, ni prejuicios oscurantistas.

Las feministas venezolanas organizadas en redes y colectivos sociales, reclamamos un nuevo Código Penal sin discriminación sexual y de género, que despenalice y abra el acceso a una interrupción del embarazo legal, segura y gratuita como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública.

Remitido por Alba Carosio