El gobierno nacional se encuentra en la obligación de normalizar las actividades de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y ejercer las acciones judiciales y extrajudiciales que sean necesarias contra los responsables del daño patrimonial que ha generado el paro petrolero.

El daño patrimonial comprende al menos tres aspectos fundamentales. Primero, la pérdida de ingresos. Sólo por concepto de factura petrolera, las pérdidas se estiman en aproximadamente 50 millones de dólares diarios (Venezuela ha dejado de percibir mas de 1.200 millones de dólares en factura petrolera sólo en los primeros 25 días efectivos de paro petrolero). Si se toman en consideración las pérdidas colaterales, por la paralización forzosa de otras empresas básicas por falta de combustible, o la pérdida del valor agregado en otras empresas de la cadena de comercialización, las pérdidas totales pueden superar los 2.000 millones de dólares en los primeros 25 días de paro petrolero.

En segundo lugar se encuentran los daños a equipos y sistemas de la industria petrolera, causados con premeditación y alevosía por los gerentes de PDVSA involucrados en el paro petrolero.

En tercer lugar se encuentran los daños causados a la sociedad venezolana, al impedírsele el ejercicio pleno de derechos fundamentales consagrados en la constitución nacional, al amenazársele su seguridad y al impedírsele el acceso a servicios públicos de vital importancia para la vida cotidiana.

PDVSA es la principal fuente de divisas para Venezuela. El ingreso petrolero representa mas de la mitad del ingreso nacional, y un tercio del producto interno bruto. Del ingreso petrolero depende la estabilidad económica del país, la balanza de pagos, las finanzas públicas, el funcionamiento del estado y el mantenimiento de servicios de vital importancia para todos los venezolanos: educación, salud, transporte, seguridad social, energía, infraestructura, producción y distribución de alimentos, entre otros. El funcionamiento ininterrumpido de la industria petrolera es de vital importancia para el país.

La interrupción intencional y premeditada de la actividad petrolera es un atentado contra la estabilidad social, económica y política de la Nación. Atenta contra los intereses patrimoniales del país, lesiona su estabilidad y su soberanía económica, y afecta derechos fundamentales e impostergables de la sociedad venezolana.

En consecuencia, es obligación del gobierno nacional tomar las medidas que sean necesarias para restablecer el normal funcionamiento de la industria petrolera, con el fin de defender la estabilidad económica de la Nación y garantizarle a la población la continuidad de servicios públicos vitales que dependen de esa industria.

Es también obligación de los poderes públicos ejercer las acciones judiciales y extrajudiciales que sean necesarias contra los responsables del daño patrimonial que ha generado el paro petrolero. Esto incluye a los gerentes y directores de PDVSA involucrados en esta acción contra el patrimonio nacional, contra la estabilidad de la Nación, y contra los intereses colectivos de todos los venezolanos.

De la misma manera, es obligación de los poderes públicos ejercer acciones contra los funcionarios de la industria petrolera involucrados en los daños intencionales y premeditados a las instalaciones y sistemas operativos de PDVSA.

Según el periodista Eleazar Díaz Rangel, director del periódico Ultimas Noticias, entre los daños ocasionados a las instalaciones petroleras, con el fin de impedir su reactivación por los trabajadores de PDVSA, se encuentran las siguientes:

• En el centro refinador de Paraguaná, los ejecutivos huelguistas interrumpieron el bombeo de gas mediante la colocación de piezas que cerraron el proceso de distribución.
  
• En el centro de llenado y distribución de Carenero causaron rotura a los aisladores eléctricos.
  
• En la planta de Anaco, paralizaron el sistema de órdenes de compra y escondieron elementos necesarios para su funcionamiento.
  
• En los llenaderos de Yagua, El Palito, Bajo Grande y Guatire, fueron cambiadas las claves de acceso, se alteró el código del programa, cortaron cables, sustrajeron equipos y se impartieron a los buques instrucciones paralelas a las oficiales.
  
• La planta de llenado de El Vigía sufrió el cambio de las claves para el acceso al sistema automatizado, además del secuestro de las llaves de la instalación.
  
• En la planta de distribución de Barquisimeto fue destruido el computador central, se vaciaron seis tanques de combustible y fue bloqueado el acceso a la sala eléctrica.
  
• En la oficina de Nominaciones, los saboteadores se apoderaron de las claves para las órdenes de carga y descarga de los buques.
  
• En las unidades de Punta de Mata, plantas del Norte del estado Monagas y la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, los gerentes obligaron a los trabajadores a retirarse de sus puestos de trabajo.

Otros actos reportados de sabotaje incluyen (Ultimas Noticias 29-12-02):

• San Tomé. Por falta de facturación de Deltaven se despacharon sólo dos gandolas, pese a su capacidad para 80 gandolas diarias.
  
• Punta de Mata. Ausentismo de supervisores en planta de Jusepín.
  
• Puertos de Altagracia: Capitanes de remolcadores no llevaron a puerto a tres buques para ser cargados. El personal de puerto se quedó esperándolos.

Es también obligación de los poderes públicos ejercer acciones penales por la estafa, continua y agravada, de que ha sido objeto la Nación por la profunda corrupción en la administración de la renta petrolera en los últimos años, cuando el país recibió sólo una fracción de la riqueza generada por la actividad petrolera. Sólo en el año 2000, por ejemplo, la factura petrolera superó los 50.000 millones de dólares. Pero el 80% de ese monto se fugó en gastos corporativos y en transferencias al capital petrolero internacional, mientras que los ingresos petroleros al fisco nacional apenas alcanzaron los 10.000 millones de dólares.

Todas estas acciones corresponden a los poderes públicos nacionales. Al poder ejecutivo le corresponde principalmente la responsabilidad restituir el funcionamiento de la empresa petrolera, mientras que a la Fiscalía General y a la Procuraduría les corresponde tomar acciones judiciales y extrajudiciales contra los responsables de los inmensos daños causados a la Nación por el paro petrolero, dirigido a hundir a la sociedad venezolana en la anarquía y el caos con el fin de derrocar a un gobierno elegido democráticamente. La Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de castigar, con toda la severidad que permitan las leyes, a los responsables del abominable crimen cometido contra la Nación Venezolana.

Finalmente, es responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos exigirle a los poderes públicos que cumplan con sus respectivas responsabilidades, y apoyarlos en sus acciones, para asegurar que crímenes como los que se han cometido a través de este paro petrolero no queden impunes.

Sea oportuno recordar la sabía reflexión del Libertador:
"Hagamos triunfar a la justicia y triunfará la libertad"