Asumiendo las palabras del comandante Fidel Castro Ruz, él pensador y político más avezado de nuestro tiempo, expresadas en su resiente reflexión del 02 de octubre 2014, denominado: “Los Héroes de nuestra época” en la que expresa: “No podría creer que el crimen del joven venezolano sea obra de la casualidad”, si alguien alberga alguna duda, aquí comienzan las aclaratorias, en política no existen las casualidades. La desaparición física del diputado Robert Serra es parte del guion desestabilizador contra la Revolución Bolivariana.
El sabor amargo del asesinato de Robert, no lo sentía desde el hecho acaecido con el fiscal valiente Danilo Anderson, nuevamente se desata la jauría de “Chacales” desde las empresas de comunicación, enmascarados en la oscuridad de las llamadas redes sociales, destrozan moral y socialmente a nuestros camaradas con pasmosa premeditación y alevosía. Destruyen su honor, intimidad, privacidad y reputación con la mayor saña y malignidad, amparados en la impunidad y lentitud de un sistema judicial que raya en la criminalidad.
Es más que indignante, presenciar el ataque a un ser que ya no puede defenderse, que sus familiares y allegados están bajo el dolor de la perdida y tampoco pueden responder. Donde queda el Estado de derecho, ante tal perversión del hecho comunicacional no hay sanción ni se establecen responsabilidades sobre los agresores, como hemos podido permitir que se desarrolle y tome cuerpo semejante aberración moral y ética, semejante cobardía comunicacional, no pueden seguir destruyendo a nuestros compañeros, porque se ha perdido la sensibilidad y el respeto hacia la memoria de nuestros mártires. Donde queda el Estado de derecho y de justicia social, nuestro ordenamiento jurídico es claro y plantea parámetros que regulan la libertad de expresión, los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establecen suficientes elementos, este cuerpo legal establece la responsabilidad sobre la emisión de mensajes, no se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, solo con estos lineamiento hay suficiente piso legal para establecer sanciones.
Desde el año 2002, hemos venido clamando, por que se cumplan el ordenamiento legal, pasando por la demanda contra Globovisión ante el Tribunal Supremo de Justicia, que aun duerme el sueño de justos, aunado a otras iniciativas legales que engrosan una larga lista de intentos fallidos. Vale la pena recordar cómo se destruyó moralmente a los cuatro compañeros que defendieron al Pueblo inerme, el 11 de abril del año 2002 en la avenida Urdaneta esquina de Puente Llaguno: Nicolás Rivera, Henry Atenco, Richard Peñalver y Rafael Cabrices ya fallecido.
Durante un año los licenciados Manuel Sáenz y Unai Amenavar entre otros “profesionales” de la comunicación llamaron a estos compatriotas pistoleros. Durante ocho mil setecientas sesenta horas (8.760) y quinientos veinte y cinco mil seiscientos minutos (525.600) se les adjudico delitos, fechorías y el asesinato de todas las víctimas ocurridas en tales hechos. Luego de un año de litigio judicial un juez dictamina la inocencia de los ciudadanos implicados, ni los “profesionales” de la comunicación ni las empresas, que difamaron y vilipendiaron a los compañeros, rectificaron o realizaron alguna aclaratoria. Rafael Cabrices se nos fue y no hubo reparación moral ni de ningún tipo, si funcionara el sistema judicial venezolano, el juez ha debido ordenar la reparación del daño moral y ético, tanto a los “profesionales” de la comunicación, como a las empresas para las cuales trabajan con una concesión del Estado, así como los difamaron durante un año de transmisión, deben reivindicarlos en ese mismo lapso, han trascurrido doce años y seguimos esperando.
Todas las formas y maneras de la comunicación se confabulan para destruir moralmente a nuestros camaradas: el Caricaturista Weil, la publicación de las fotos de los cadáveres de nuestros seres queridos, lo hicieron con Yanis Chimaras, ahora con Robert. Se ha generado una cadena de inoperancia y laxitud, Conatel ausente de toda realidad, reacciona tímidamente en el caso de Robert y el Ministerio Público, con todo el respeto que se merecen, su actuación deja mucho que desear, son hechos públicos y notorios (noticia crimen), no se justifica tanta lentitud e impunidad.
Exigimos justicia y reparación, reza el adagio; “luego del agua derramada no hay forma de recogerla”, la moral es el patrimonio del Pueblo luchador, no queremos más agravios, los daños físicos se pueden recuperar, los morales no.
