Venezuela: deporta a seis millones de colombianos por "trabajar sin permiso"
Además de tan diplomática y "soberana" medida "compensatoria", el gobierno venezolano ha decidido enviar diariamente a Bogotá a los ciudadanos colombianos que a diario llegan a suelo venezolano producto de la guerra fratricida que la oligarquía dirige para desplazar a su población rural y apropiarse de sus tierras, ocasión que aprovecha el gobierno de Uribe-Santos para infiltrar paramilitares con el objeto de sembrar terror y sentar células militares de combate de baja intensidad en su "hermano" país vecino; también solicitará regresar los vehículos robados en Venezuela que desde hace más de 40 años ingresan al "hermano" país, gracias a la colaboración de las "autoridades" venezolanas encargadas de vigilar y controlar la frontera colombo-venezolana; añade nuestro informante, desde la Casa Amarilla, que también se ha decidido, en atención a las cifras manejadas por el exembajador de Venezuela en Colombia, Gustavo Márquez, el experto petrolero David Paravisini y la denuncia que le costó la vida al camarada Alcedo Mora, solicitar al gobierno colombiano indemnizar al gobierno venezolano por los cientos de miles de litros de gasolina que mensualmente llegan a los depósitos de Ecopetrol y son vendidos en el mercado internacional con la anuencia y participación del gobierno colombiano; igualmente, el "soberano" gobierno venezolano ha decidido cerrar sus fronteras para evitar que el carbón que se explota en minas a cielo abierto en territorio anteriormente venezolano (pero ahora ilícitamente en manos colombiananas: serranía de Los Montes de Oca), y que las leyes ambientales no permiten su transportación dentro de territorio colombiano, siga siendo transportado hacia puertos zulianos para su exportación, transporte que se realiza sin las más mínimas medidas de seguridad ocasionando daños ambientales irreversibles a la flora, fauna y población venezolana pero que lucra a bolsillos venezolanos ligados a la gobernación del estado Zulia y a los burócratas de Corpozulia.
Y, como si fuese poco, el gobierno venezolano ha decidido cerrar fronteras y congelar relaciones diplomáticas con la "hermana" nación hasta que erradique de suelo colombiano a las bases militares de USA que amenazan al territorio nacional y, además de ello, cancele su pretensión de instalar bases militares de la organización terrorista OTAN por considerar que su nefasta, genocida y temeraria actuación contra pueblos europeos, del norte de África y medio oriente constituyen una nueva e inusual amenaza para la población venezolana.
Para completar su acción "soberana", el gobierno venezolano ha decidido solicitar a las fuerzas guerrilleras FLN abandonar el territorio nacional y sus negocios de contrabando de ganados, alimentos y sustancias estupefacientes, realizados en perfecta y sincronizada combinación con componentes del ejército venezolano y su contraparte colombiana.
Para concluir con estas medidas preliminares, el "soberano" gobierno venezolano ha decidido enviar a suelo colombiano a no menos de un millón de ciudadanos colombianos por mes, ello con la finalidad de despejar las aceras de las principales ciudades del país, especialmente en Petare (Caracas) que se encuentran invadidas por no menos de seis millones de ciudadano colombianos, estimándose que en seis meses quedarán saneadas las principales ciudades del país y disminuida la presión sobre los servicios públicos hoy colapsados por tal invasión de seres humanos que huyen del horror causado por las practicas criminales del ejército colombiano y sus hermanos paramilitares promovidos por la dupla Uribe-Santos con la ayuda del gobierno estadounidense.
Cualquier otra medida "soberana" que ciudadano alguno crea aportar a los inquilinos de la Casa Amarilla será analizada y tomada en consideración para su aplicación. Por los momentos, el gobierno nacional ha decidido encarcelar a los venezolanos recién deportados de Colombia por huir de la patria y negarse a morir de hambre y enfermedades curables en su terruño de origen, conducta antipatriótica que nos negamos a aceptar desde el Alto Gobierno.
Cúmplase.
