El Poder Público Nacional, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), se divide en: Poder Legislativo, dirigido por la Asamblea Nacional; Poder Ejecutivo, ejercido por el Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros y demás funcionarios del gobierno; Poder Judicial, constituido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y demás tribunales inferiores que el congreso establezca; Poder Ciudadano, ejercido por el Consejo Moral republicano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal y el Contralor General de la República; Poder Electoral, constituido por el Consejo Nacional Electoral. Un gran avance para la sociedad venezolana que garantiza la justicia y la libertad de sus ciudadanos, sobre la base de un sistema equilibrado que evite los totalitarismos, dictaduras y hegemonías, para reivindicar a un pueblo históricamente olvidado, gracias al presidente Chávez. Sin embargo, desde el año 2016 han sido muy notorios los conflictos de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, ambos elegidos por movimientos políticos diferentes, en circunstancias diferentes. El primero violador de los principios constitucionales tratando de derrocar al Presidente de la República desde que se instaló en enero de 2016 por cualquier vía inconstitucional; mientras que el Poder Ejecutivo levanta su voz de protesta y de desagravio contra el país por parte de los diputados de la oposición confabulados con los enemigos de la derecha internacional y el peón del imperio, Luis Almagro.
Hace unos días, los poderes Judicial y Ciudadano se enfrentaron a raíz de las sentencias 155 y 156 que dictó la Sala Constitucional del TSJ. Un impasse que trajo como consecuencia la activación del Consejo de Defensa de la Nación por parte del jefe de Estado para dirimir este conflicto. Una jugada maestra del presidente Maduro, pero que dejó luego mal posicionado al órgano que vigila la supremacía de la Constitución a través de esta Sala, cuya función, además, es declarar las nulidades de los actos de los poderes públicos, la omisión legislativa y velar por su cumplimiento. De esta controversia surgida, que permitió quitar las caretas a unos cuantos fiscales cuando aplaudieron al mejor estilo Carmonazo a la fiscal y ver para cuál equipo juegan, se deja claro que efectivamente existe en Venezuela una separación de poderes, ninguno está subordinado al Poder Ejecutivo; pero bajo el costo de un daño irreparable al Poder Judicial y una "madurada" del presidente al permitir que la fiscal, una vez más, reincida u obstruya los procesos que en materia constitucional se deben aplicar. Lejos está su accionar, si comparamos, con el de Isaías Rodríguez durante el golpe de Estado en el año 2002, que gritó al mundo —gracias a un error de los medios internacionales— que en Venezuela había un golpe de Estado. No obstante, hay que plantear aquí un error de todos los poderes, especialmente del Judicial: la falta de información, comunicación y difusión que se debió dar al pueblo venezolano antes, durante y después de las sentencias, las razones de los mismos; explicar porqué no había ruptura del orden constitucional; reeducar a la población en materia constitucional; exponer las diferencias del Carmonazo y de estas sentencias; explicar las consecuencias del Artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA e instar a la defensa de la Patria a todos los venezolanos.
Como bien lo dijo Hermann Escarrá aquí no hubo una ruptura del orden constitucional, ni del orden democrático, ni hubo golpe de Estado porque el sistema de gobierno es presidencialista. ¿Por qué la fiscalía no actuó cuando en enero de 2016 Henry Ramos dijo que derrotaría a este gobierno en tres meses? ¿Por qué no ha habido un pronunciamiento por parte de la fiscalía en contra de las acciones del secretario de la OEA contra el país? ¿Por qué ha habido un silencio contra los diputados que han instado públicamente a que se aplique la Carta Interamericana de la OEA? ¿Acaso esto no es instar a un golpe de Estado? ¿O está esperando a que esto suceda para pronunciarse? Todavía está pendiente para muchos venezolanos que la fiscalía actúe contra algunas exdiputadas y gobernadores que llamaron a la violencia en enero de 2014 y hoy siguen instigando a la violencia. La lentitud de este poder nos asombra aunque no tanto como la falta de solidaridad a un Poder y a un país que exige respeto a su soberanía, que durante siglos ha luchado por la esclavitud de los imperios y que hoy aún se resiste a ser colonia. Si la fiscalía representa a un sector del país que apoya los desacatos de la Asamblea Nacional, en contra de que el presidente debe tomar medidas para hacer una evaluación de las relaciones con la OEA, entonces estaremos arando en el mar. Espero que sea una estrategia para llamar la atención de que efectivamente existe independencia de poderes y no un acto más de traición a la patria por parte de un poder del Estado.
Pocas personas del lado del chavismo se han atrevido a hablar sobre este tema, pero creo que ya es hora de que empecemos a fijar posiciones firmes, contundentes y revolucionarias, sin ambigüedades, sobre este tipo de actos que afectan el proceso, que por el contrario atentan contra la estabilidad del país y aúpan a una intervención; porque con las sentencias o no, con Luisa Ortega o no, con el papa Francisco o no, igual las pretensiones de Almagro y de los países que lo apoyan continuarán. Como Chávez creo que "todo bolivariano debe ser radical en nuestro pensamiento y en nuestra acción, buscar nuestras propias raíces y darle forma a esta nueva etapa del pensamiento bolivariano". Debemos radicalizar la revolución, aplicar un cambio profundo en las estructuras sociales, políticas y económicas vigentes, ir hacia la reinstitucionalización; iniciar una profunda transformación definitiva en la historia política venezolana hasta consolidar el socialismo bolivariano.
(*)esmeraldagarcia2309@yahoo.com
Licenciada en Administración
