Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo:
prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra
la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena
gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público,
el cumplimiento y la aplicación del principio de la
legalidad en toda la actividad administrativa del Estado.
La Fiscalía General de la República -FGR- juega un papel preponderante en la vida institucional y democrática de la nación, siendo su función más trascendental defender los intereses del Estado y la sociedad. Ciudadana Luisa Ortega Díaz usted tiene que renunciar al cargo de Fiscal General de la República (lo exigimos nosotr@s, el pueblo que vive honestamente del trabajo creador) porque no ha cumplido con el juramento que hizo al aceptar el cargo. Corresponde a la FGR ejercer la acción de la justicia en defensa de la legalidad, es decir, del Estado de Derecho, lo cual implica la defensa de la Constitución Nacional y establecer la sujeción de tod@s l@s ciudadan@s y poderes públicos a las normas constitucionales, no estando exenta la propia FGR de la sujeción a la Constitución y las Leyes. Usted, como Fiscal y como ciudadana, es un fiasco, un fracaso, pues no ha sabido, podido ni querido defender los sagrados intereses del pueblo venezolano que en pleno ejercicio democrático y de soberanía concibió y aprobó la Carta Magna que rige los destinos de la nación.
Usted está sometida al imperio de la Ley: estaba obligada a promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad; promover acciones penales contra quienes violaron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus leyes, ese es su deber y no lo cumplió. Quienes le acompañan en altos cargos dentro de la Fiscalía, al igual que l@s representantes de los entes que conforman el Poder Ciudadano (Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República) se han limitado a defender los intereses del gobierno y demás entes del Estado y ello los coloca al margen de la Ley y la propia CRBV.
La Fiscalía General de la República debe garantizar el Estado de Derecho, es decir, la plena vigencia y observancia de la Constitución Nacional, por tanto debe emprender acción penal contra l@s magistrad@s de la Sala Constitucional del TSJ que osaron violar la Constitución Nacional, igualmente debe la Fiscalía emprender acción penal contra el resto de sus magistrad@s al no asegurar la integridad de la CRBV, garantizar su supremacía y velar por su uniforme interpretación y aplicación, así lo establece el artículo 25 de la CRBV: "Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores".
Lo señalado acá no sólo vale para el caso de las inconstitucionales sentencias 155 y 156 que recientemente desbordaron todos los límites de la legalidad sino también para innumerables casos que usted, estando obligada defender los intereses de la nación, no ha querido atender, ni investigar, ni resolver.
Mostremos solo varios de ellos:
1. L@s miembr@s del Poder Judicial (y otros poderes públicos) deben cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley. En la elección del exagente de la Disip Maikel Moreno Pérez como magistrado del TSJ se incumplió esta norma fundamental y usted convalidó esa aberración judicial al quedarse callada, siendo su deber y obligación denunciar esa ilegal, ilegitima y fraudulenta elección ¿Dra. usted no ha visto la portada del semanario La Razón (5 al 12 de marzo de 2017) donde aparece la foto de reseña policial (CTPJ) de este malandro? ¿Qué compromiso la ata a él para no proceder?
2. Negarse a conducir la investigación planteada por la Plataforma que exige auditoría pública con participación ciudadana de las divisas administradas por entes del Estado (más de 500 mil millones de dólares). Ciudadan@s que en petición formal aportaron irrefutables pruebas del gran desfalco a la nación que compromete a altos funcionarios del gobierno nacional, a empresarios nacionales y extranjeros y a amig@s, amantes y familiares de connotados personajes de la política nacional;
3. No aclarar ante el país los señalamientos públicos que se han hecho en relación a actividades ilícitas que comprometen a la Fiscalía General de la República y más grave aún al identificarse al "Clan Ortega-Ferrer" como el artífice de esas vagabunderías; como usted se apellida Ortega y su esposo Ferrer se debe ventilar y aclarar públicamente estos señalamientos que el compatriota Manuel Isidro Molina ha venido reiterando en su columna "Pasando la hoja" en el semanario La Razón. Por cierto usted debe conocer a Rangel Ortega quien es señalado de manejar contrataciones del Ministerio Público desde San Antonio de Los Altos, Diosdado tiene el caso en sus manos quizás como carta bajo la manga si usted osa investigar y proceder en ilícitos cuyos expedientes usted tiene ilegalmente paralizados ¿Es su primo, o sobrino? Diga Ud.
4. No ha procedido a abrir investigación sobre la vinculación de Tareck El Aissami con Samark López Bello en el caso que los incrimina ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ambos ejercen acciones legales ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Usted está obligada a sentar en sendos banquillos a esos dos elementos para averiguar de dónde proceden los activos que les han sido congelados porque el ciudadano Florencio Porras señala que los conoció a ambos con una mano adelante y otra atrás, es decir pelando bolas ¿Cuál es el origen de esas repentinas fortunas? ¿Quién cancelará la factura por honorarios profesionales que tales acciones legales generan? Si resulta ser el Estado venezolano quien corre con la factura, es decir nosotr@s, indique usted la partida presupuestaria y justificación legal de tal erogación porque tenemos entendido que la acción del Departamento del Tesoro es contra esos dos individuos y no contra la Vice-presidencia de la República.
5. No ha querido ventilar públicamente lo que en otros países americanos se ha hecho en relación al caso de sobornos que implican a Odebrecht y los entes nacionales que firmaron contratos leoninos con dicha empresa, las obras son varias y se ha de determinar con urgencia si la empresa no cumplió con los requisitos técnicos de construcción para sacar de ese "ahorro" de materiales el dinero que utilizó para sobornar a l@s malandr@s que firmaron esos contratos, la vida de honest@s venezolan@s está en peligro;
6. Se ha negado a emprender acciones contra los artífices del gran contrabando de combustible que fugado por la frontera colombo-venezolana pasa a formar parte de manera ilegítima del patrimonio de la estatal petrolera colombiana Ecopetrol. Delito que involucra a altos personeros de PDVSA, a componentes de las Fuerzas Armadas de Venezuela y autoridades colombianas;
7. Se ha negado a emprender acciones contra dictámenes inconstitucionales del Consejo Nacional Electoral que conculcan el sagrado derecho al ejercicio democrático como lo son la negativa a la conformación de partidos políticos (caso Marea Socialista), la negativa a activar el Referéndum Revocatorio, la negativa a autorizar elecciones en diferentes gremios que lo han exigido, la truculenta estafa contra el derecho a existir de las diferentes expresiones políticas que hacen vida en el país y la suspensión de los procesos para elección de Alcaldes y Gobernadores como lo determina la CRBV y no forma parte de la potestad del CNE como se quiere hacer ver;
8. Se ha negado a proceder en contra del Decreto Arco Minero del Orinoco que viola la Constitución: Artículo 13.- El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional;
9. Se ha negado a investigar la sentencia-express que mediante pago de una gran fortuna dejó en libertad a capo Domingo Goncalves y que el propio mafioso no pudo negar: Ante la denuncia pública produjo un escueto derecho a réplica pero ni por el coño procede a demandar a quien hace la acusación como todo ciudadano honesto haría porque sabe que tenemos las pruebas en la mano, pero usted, señora Ortega funge no haberse enterado del caso;
10. Y no por último sea de menor importancia para l@s que seguimos luchando por la verdadera revolución venezolana, nos referimos al caso del camarada Alcedo Mora, usted se niega a aceptar la oferta que le hicimos: Fiscal Ortega Díaz ¿le ayudamos a resolver el caso de Alcedo Mora? -www.aporrea.org/ddhh/a242006.html; tiene que ver con la desaparición y muy probable asesinato del compañero Alcedo Mora por parte de la mafia que controla el contrabando de combustible que desde las instalaciones de PDVSA y con el concurso de "autoridades" civiles y militares aún desangra a la nación ¿Por qué se niega a descubrir a l@s asesin@s? Ya nuestro equipo le indicó con pelos y señales a l@s culpables ¿Desea que le redactemos los actos de proceder para que solicite la privativa de libertad e inicio de juicio contra l@s malandr@s que están involucrad@s en el caso?
Señora Ortega, para much@s, incluso para ilus@s camaradas, su reciente accionar es catalogado de "valentía", para nosotr@s no: era su deber como Fiscal; pero si nos suena mucho a reacomodo, tod@s sabemos que el barco está haciendo aguas y se debe abandonar como lo sabe su amigo y mentor José Vicente Rangel pero ya Pablo Médina se le adelantó haciendo bautizar su Junta Patriótica por el propio Almagro. Señora al no atender estos y muchos casos más, al archivar denuncias de corrupción hechas y presentadas con pruebas contra personeros de la política nacional, al hacer caso omiso a la violación de la CRBV y sus leyes usted ha cometido delito y su caso, al igual que los casos de quienes han ejercido la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, han de ser ventilados en tribunales que el nuevo orden constitucional instaurará porque como tod@s ustedes saben la presente Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Ante la eventualidad que actualmente tenemos, es nuestro deber y derecho, como ciudadan@s en ejercicio del Poder Popular, procurar el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Al redactar la presente exigencia, y en caso de ser acatada la misma y se produzca, como debe producirse, la renuncia de la Fiscal, algun@s miembros del equipo se preguntaron ¿Y si nombran a otr@ malandr@ en ese cargo?
¿Cómo elegiremos a l@s nuev@s representantes del Poder Ciudadano?
Como el Consejo Moral Republicano, al igual que toda la institucionalidad de la república, está seriamente cuestionada por la sociedad venezolana, se ha de nombrar un Comité Ad Hoc de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, el cual estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será sometida a consulta popular.
¡Sabino nos señaló el camino, me señaló el camino, nos señala el camino!
