Evidenciado está el lobby adelantado por el apátrida Julio Borges para la aplicación de sanciones en el ámbito financiero contra el país, fundamentalmente contra nuestra empresa petrolera Pedevesa y sus filiales y todo lo que signifique afectar las finanzas e ingresos por la venta de petróleo y colocación de Bonos de la República.
Evidenciado está quienes entre otros, llamaron reiteradamente a sacar del gobierno a Nicolás Maduro a través del llamado a la calle, Freddy Guevara, Luis Florido, Capriles, María Machado, Juan Requesens, Pizarro, Ramos Allup, etc, etc, todos sumergidos en una vorágine interminable de amenazas ,de quemar el país y acabar con la institucionalidad democrática.
Todo ello, debe convertirse en un acto de justicia sin precedentes, que sirva de ejemplo a la juventud y nuevas generaciones, apuntalando definitivamente que la patria no puede ser vulnerada en su integridad y soberanía. Que quede sumamente claro que la inmunidad no puede ser para cometer delitos y quien la utilice para delinquir de cualquier forma debe enfrentar la justicia.
Se acabaron las medias tintas y cada quien debe además asumir la responsabilidad de sus actos y desvaríos políticos o no, financieros y económicos. Tenemos una libertad plena de justicia que debe ser compensada en su texto y aplicación, las grandes mayorías piden justicia para que impere la paz y en ello, no podemos ser débiles y mentecatos.
Así que las Instituciones deben cumplir su trabajo y castigar la traición a la Patria con penas severas y en ello tiene la palabra la solemne y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, igualmente aquellos que históricamente han conspirado y de manera reiterada contra la República cuando sus intereses son tocados.
Igualmente todos aquellos agentes y factores económicos que han introducido distorsiones a la economía ocasionado gran daño y originado el desorden que hoy existe en la economía nacional, desde la afectación a la moneda hasta la actitud de vulnerabilidad de los precios, bajo diferentes mantos de encubrimiento y el sostenimiento de una escalada que a través de les redes de distribución en manos de las grandes empresas y comerciantes inescrupulosos día a día introducen nuevos elementos a la desestabilización, sobre esto último se debe actuar en la coyuntura y en el mediano plazo decretando primero una congelación de precios de los artículos más demandados por la población y luego aplicar un reajuste de los mismos, bajo criterios profesionales y científicos, siempre y cuando se haga, es nuestra propuesta que la congelación primera debe hacerse a fecha anterior de unos seis meses a un año.
En cuanto a la penalización deben introducirse modificaciones específicas según la afectación inconsulta de incrementos de precios que no obedezcan a una verdadera y rígida estructura de costos. Es por ello, que respaldamos lo que tenga que abordar la Comisión de Economía de la ANC y de esta manera ofrecer al pueblo razones validas para avanzar en la consolidación de la movilidad económica que garantice el resguardo del salario real de las y los venezolanos.