Respetado Prof. Fermín

Verá profesor, para mí no es fácil escribirle, y menos de manera pública, porque no se supone que yo quisiera hablar con usted. No habría imaginado jamás que una determinada coyuntura del país me hubiese hecho creer, no sólo pertinente sino además necesario, llevar adelante el proceso de diálogo nacional que reivindicamos desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución en términos precisos y concretos. Hablando con quien no piensa como yo, con quien no cree en las mismas cosas que yo creo.

Conste que, si bien la iniciativa de iniciar un diálogo con usted mediante esta carta pública es de mi exclusiva responsabilidad, esa iniciativa se inscribe dentro de la convicción colectiva de que la crisis que atravesamos sí podría ser superada por lo que se supone es el consenso nacional representado en la Constitución, y jamás podrá ser resuelta por la imposición de una Venezuela sobre otra. Si proponemos la pertinencia de un diálogo nacional para caracterizar adecuadamente la situación institucional, política y económica que atravesamos como República Bolivariana de Venezuela, es a partir del reconocimiento del derecho del otro a su otredad, a eso que lo hace portador de una perspectiva particular que no es la mía.

Es el caso que esta carta se empezó a escribir durante la excelente entrevista que en días pasados Vladimir Villegas le hizo en su programa "Vladimir a la Una". Me sorprendió el nivel de coincidencia que yo tenía con usted. Quien hablase de abstención le "pichaba" una patilla al gobierno, y si éste se la bateaba, no podía, no tenía derecho a quejarse.

De las muchas morisquetas de infante malcriado que ha hecho la oposición política que solía agruparse en la MUD en los últimos tiempos, desde la declaración por parte de la Asamblea Nacional (en adelante AN) de abandono del cargo del presidente Maduro, la más estridente es la de haber ido con todo y corotos a las elecciones regionales y después pretender que, para las municipales, se puede decir el discurso contrario, en vez de participación abstención, a pesar de que las condiciones siguen siendo las mismas que cuando asumieron el riesgo de participar en las elecciones regionales. Pero si se quiere agregar algo a la sensación de ridículo, de pena ajena, añada que ese comportamiento político se interpreta y se formula como entrenamiento para las elecciones presidenciales del 2018, que serían con las mismas condiciones, y el mismo CNE, de las elecciones regionales y de las municipales.

Usted saludó a quienes, valientemente en su decir, han salido de candidatos y candidatas a dar la cara por la preservación del poder municipal, en términos de impedir su entrega al oficialismo. Pocos días después usted declara para Contrapunto que "con el voto usted tiene la oportunidad de salir de malos gobiernos municipales" (9-11-2017).

Es contra esa visión "municipalista" de la coyuntura del 10 de diciembre de 2017 que yo me quiero pronunciar. Comparto con usted la necesidad urgente, agónica diría, de una avasallante participación electoral el próximo 10 de diciembre, pero discrepo de usted en que el asunto sea no entregar los espacios municipales al oficialismo. Creo que las elecciones municipales del 10 de diciembre son el momento histórico del voto nulo y me propongo demostrarlo.

Para darle a mi argumentación un soporte histórico necesito hacer un recuento de la experiencia electoral del pueblo venezolano en los últimos 29 años.

En el año1988 el pueblo venezolano, en un 90%, vota por opciones políticas de derecha. Una mitad mayoritaria del país (53% de los votos) hace a Carlos Andrés Pérez presidente por segunda vez, con la convincente intuición de ser "el que se baña y por lo menos salpica". Ofreciendo la Venezuela Saudita y el "ta’barato dame dos", CAP se impone sobre Eduardo Fernández, quien se llevó la mitad menor del electorado (37% de los votos) ofreciendo la receta neoliberal del FMI que, meses después, inconsulta y aviesamente, en contra de lo dicho y prometido en su campaña, CAP habría de imponer a sangre y fuego tras la masacre en respuesta a El Caracazo de finales de febrero y principios de marzo de 1989.

En diciembre de 1989, en las que serían las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes de Venezuela, tras las leyes impulsadas por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) y, al mismo tiempo, las primeras elecciones tras la masacre de El Caracazo, usted profesor, representando a Acción Democrática y muy particularmente al presidente Carlos Andrés Pérez, gana la Alcaldía del Municipio Libertador, la plaza electoral de mayor importancia después de la presidencia de la República. A muchos y muchas que conozco no les gusta recordar este dato porque habla de un pueblo con la autoestima muy baja que votaba por el gobierno que lo había masacrado, pero de ese pozo de historia sigue manando un conocimiento que es necesario registrar y sistematizar porque no se detuvo ahí. Tres años más tarde, el 4 de febrero de 1992 rasga la historia venezolana con un grito que todavía, un cuarto de siglo después, sigue sin descifrarse del todo, pero que evidentemente parte de El Caracazo. En el documental sobre el 4 de febrero de 1992 realizado por el cineasta Carlos Azpúrua, Ronald Blanco La Cruz, ex-gobernador del Edo. Táchira y actual Rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), parado al lado de otro protagonista del 4 de febrero y ex–presidente de CADIVI, Edgar Hernández Behrens, confiesa abiertamente que la de ellos fue la rebelión de la generación militar que quiso quitarse la maldición bolivariana de haber sido los soldados que, durante El Caracazo, dispararon contra su propio pueblo. Ese dato no debe ser olvidado, porque lo que una vez se hizo puede eventualmente repetirse. Disparar contra su propio pueblo.

En todo caso ese día, el 4 de febrero de 1992, en la sesión bicameral del Congreso de la República convocada de emergencia por los acontecimientos de esa madrugada, se pronunciaron muchos discursos pero solo tres pasaron a la historia. El de Rafael Caldera, senador vitalicio, quebrando el consenso de total repudio a la insurrección militar. El de David Morales Bello, senador por AD, pidiendo a gritos la muerte para los golpistas, y el de Aristóbulo Istúriz, en ese entonces diputado de La Causa R, denunciando directamente ("…yo no zigzagueo…") a David Morales Bello y a su partido Acción Democrática, como responsables de la situación de total corrupción gubernamental frente a la que se alzó la voz de unos militares intentando representar al pueblo.

A quienes me dicen que el pueblo es tardo en comprender la dinámica política les recuerdo siempre este hecho histórico, porque sostengo que allí, en ese exacto momento, sin necesidad de ninguna campaña electoral, Caracas decidió que para seguirle haciendo jaque a Miraflores, o sea a CAP, había que llevar a Aristóbulo Istúriz a la Alcaldía del Municipio Libertador, y así ocurrió en diciembre de 1992.

La candidatura de un desconocido docente, candidato por un desconocido partido regional de Guayana, le ganó en la segunda plaza de importancia política a nivel nacional a su candidatura, postulada para la reelección, y al descomunal aparato electoral de Acción Democrática, a la candidatura de Luis Rizek y el aparato electoral de Copei, a la candidatura de Teodoro Petkoff y el aparato electoral del MAS.

Lleguemos a diciembre de 1993, que por muy escabroso que sea el camino al diálogo, este no se dará fuera de la sinceridad.

Cuatro candidaturas se disputaban la presidencia de la República. La de Rafael Caldera, apoyada por el MAS y Convergencia. La de Oswaldo Álvarez Paz, tras su fulminante victoria sobre Eduardo Fernández en las primarias de Copei. La suya, profesor, que obtuvo la nominación por Acción Democrática, y la de Andrés Velásquez por La Causa R, quien tenía justificado derecho a cosechar la indignación popular que había surgido del 4 de febrero de 1992, y que había cristalizado inicialmente en el triunfo por la Alcaldía del Municipio Libertador para Aristóbulo Istúriz.

No le expongo esto que creo como LA verdad, pero sí como mi versión de los hechos. Creo, y usted sabe que no soy el único, que ese primer Domingo de diciembre de 1993, el Consejo Supremo Electoral (CSE), bajo la presidencia de Isidro Morales Paúl, cometió el más flagrante fraude electoral de la historia republicana y pasó a Andrés Velásquez del primero al cuarto lugar, detrás de Rafael Caldera, de usted, profesor, y de Oswaldo Álvarez Paz. Para hacer breve el análisis, algún acucioso investigador de la historia podrá conseguir algún testimonio que sostenga que Andrés Velásquez llegó en segundo lugar, en apretado final con Rafael Caldera. Lo que resultaría difícil de documentar es que Andrés Velásquez llegó en cuarto lugar en esas elecciones. Isidro Morales Paúl pasó a la historia porque en su gestión como presidente del CSE se consolidó el famoso principio de acta mata voto.

La actitud que Andrés Velásquez y La Causa R tomaron tras esos resultados hizo que muchos, entre quienes me cuento, dejáramos esa militancia y la creencia en un liderazgo que nos defraudó.

Llegó diciembre de 1995. Elecciones Regionales y Municipales. Después de haber realizado la mejor gestión municipal de todos los tiempos, incluidos los años de gestiones municipales en el siglo XXI, Aristóbulo Istúriz pierde la Alcaldía del Municipio Libertador ante la candidatura por Acción Democrática de Antonio Ledezma. Si fue tan buena la gestión, ¿por qué perdió las elecciones? Porque Chávez lanzó la consigna: Por ahora, por ninguno. Y el electorado de Aristóbulo era, no sólo pero fundamentalmente, el chavismo. Una abstención electoral del 85%, en el Municipio Libertador, le entrega a Ledezma, quien gana con menos del 10% de los votos, la segunda plaza en importancia electoral en Venezuela.

¿De qué tamaño tuvo que ser la participación electoral el 6 de diciembre de 1998 para que la candidatura de Hugo Chávez Frías se impusiera sobre cuarenta años de dominación puntofijista? Aquella debacle política que recordamos como en fotografías, la ira contenida de Irene Sáez, abandonada por Copei después de haberla proclamado su candidata, la soledad de Luis Alfaro Ucero, execrado por sus compañeros de partido, tratando inútilmente de abrir un candado por la puerta trasera de su oficina en el CEN de AD, y aquél arremolinamiento agónico en torno a la candidatura de Henrique Salas Römer, con la que el empresariado venezolano pensó que podría enfrentar la avalancha de pueblo que traía Hugo Chávez Frías para enfrentar la corrupción adeco-copeyana.

Pocos meses después, ya con el presidente Chávez gobernando, en abril de 1999, tuvimos la primera experiencia de Referéndum. En una consulta que hoy pica tanto todavía, por razones obvias, al pueblo de Venezuela se le consultaba su voluntad sobre algo y no sobre alguien. Se nos consultaba si queríamos salir del marco constitucional de 1961 y producir, mediante una Asamblea Nacional Constituyente, un nuevo marco constitucional. Aprobamos como pueblo, como el único autorizado para hacerlo, realizar una Asamblea Nacional Constituyente para producir una refundación de la república que consideramos necesaria.

En julio de ese año 1999 elegimos una Asamblea Nacional Constituyente muy plural, tanto en términos ideológicos como étnicos. El 15 de diciembre de 1999, el Poder Electoral nos convocó a Referéndum para aprobar o improbar la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV en adelante), la cual resultó sancionada ese día por el voto popular, universal, directo y secreto, como la nueva Constitución Nacional y se convirtió, a lo largo de un proceso no exento de violencia y contradicciones, en el Libro de Todos, en el Pópol-Vuh, como le decía Chávez.

Vino el Golpe de Estado de abril de 2002. Que el Golpe de Carmona se haya expresado en la quema de la CRBV, y que haya sido restituido el gobierno del presidente Chávez en menos de 48 horas, es la mejor descripción de la fuerza que en tan poco tiempo logró cobrar la CRBV.

Pero la cosa no terminó ahí. Vino el paro-sabotaje petrolero y su derrota por obra de todo un pueblo organizado para resistir y para insurgir con otra PDVSA no determinada por el catirismo y los ojos azules.

Después, el Referendo Revocatorio del 2004, que para ambas partes, gobierno y oposición, era una suerte de estreno, de poner a prueba, de ejercer la nueva Constitución Nacional.

Hagamos aquí un aparte muy necesario para dar cuenta de la llegada de Smartmatic al Poder Electoral venezolano. La empresa de soporte informático crea el infranqueable dispositivo de seguridad que permite al votante enviar su voto como señal electrónica que se acumula y se computa, y como voto escrito, impreso en papel, que cada votante verifica, deposita en la urna y, al finalizar el proceso, se cuenta públicamente al cerrar la mesa de votación, generando así una contabilidad que se audita a sí misma. La totalización de la máquina de cada mesa, con el conteo público de los votos realizado en cada mesa.

El presidente Chávez gana el Referendo que resultó confirmatorio y no revocatorio con el 58 % de los votos y la República Bolivariana de Venezuela comenzó a tener en los resultados electorales que arrojaba el Consejo Nacional Electoral, la más milimétrica fotografía de la voluntad política del pueblo venezolano mesa por mesa, centro de votación por centro de votación, parroquia por parroquia, municipio por municipio, estado por estado.

Vino entonces la abstención de la oposición política (que ya no era Coordinadora Democrática, pero que todavía no era MUD) en las elecciones parlamentarias de 2005. Esto tiene elementos muy aleccionadores para la presente ocasión. Primero porque de la abstención en las parlamentarias del 2005, a la participación en las presidenciales del 2006, el CNE iba a ser el mismo y el sistema electoral también, igual que ahora entre estas municipales y las próximas presidenciales; y porque a pesar de haber tenido éxito en el llamado abstencionista que se consolidó en esas elecciones en un 75% de abstención y un 5,7% de votos nulos, eso no tuvo significación política distinta a la de evidenciar la presencia del Departamento de Estado Norteamericano en nuestras elecciones. Vale la pena el cuento. Manuel Rosales y su partido Un Nuevo Tiempo, que para ese entonces era un partido regional determinante en el Edo. Zulia, disentían radicalmente del llamado abstencionista que hacía el resto de la oposición. Ellos tenían contados los diputados que iban a sacar y no iban a prescindir de esas curules. Entonces vino la extraña reunión entre Manuel Rosales y un funcionario de la embajada de los Estados Unidos, a cuya culminación se produjo el cambio de posición de Un Nuevo Tiempo y de su líder máximo. Se abstendrían también como el resto de la oposición. El Departamento de Estado Norteamericano decidía deslegitimar al sistema político venezolano. Es importante tener esto en cuenta.

Porque llegó el 2006, y se pasó el examen político fundamental en las elecciones presidenciales de diciembre de ese año. Tras un período presidencial (2000-2006) en el que la oposición política le hizo al gobierno del Presidente Chávez, en orden cronológico, Golpe de Estado, Paro Sabotaje petrolero, Referendo Revocatorio, Abstención electoral; el gobierno del Presidente Chávez, rompiendo récords, aumentó su votación en términos absolutos y relativos, y se impuso a la candidatura de Manuel Rosales 62,84% a 36,90%. El máximo histórico del proceso bolivariano en términos porcentuales. Más de tres millones de votos de diferencia. El pueblo hizo el más sabio balance a una gestión presidencial que contribuyó a la recuperación de la OPEP, y con ello a la elevación de los precios del petróleo de 7 a 56 dólares el barril, eliminó con la nueva Ley de Hidrocarburos el regalo que durante un siglo hicimos de nuestro petróleo a los Estados Unidos, las Misiones educativas Robinson, Ribas y Sucre convocaron al pueblo venezolano a incorporarse al proceso educativo en donde se hubiese dejado, la Misión Barrio Adentro colocó atención primaria en salud donde jamás se había tenido. Se revirtieron contundentemente los índices de pobreza, se redujo significativamente la desigualdad. Se había derrotado al ALCA, se había salido de la lógica de acuerdo a la cual lo que le convenía a los Estados Unidos era lo que le convenía a Venezuela. Con un infinito sentido de rumbo desde la dominación hacia la liberación, el pueblo venezolano ratificó a Chávez para el período 2007-2013.

Creyendo que podía navegar la ola de su impactante victoria, el presidente Chávez impulsa y determina el Referendo para la aprobación de la Reforma constitucional buscando incorporar la noción o meta del socialismo en la Constitución de 1999. Obtiene así, el 2 de diciembre de 2007, su primera derrota electoral. Ciertamente por escaso margen, pero viniendo de la victoria electoral lograda un año antes, eso había significado el desplazamiento de centenares de miles de votos que poco antes habían reafirmado su apoyo al proceso bolivariano ratificando el mandato de Chávez, pero que no estuvieron de acuerdo con la modificación de la Constitución.

El 15 de febrero de 2009, en el Referendo sobre la Enmienda constitucional para la reelección indefinida, con márgenes un poco más holgados, 54,86% a 45,13%, el presidente Chávez gana la enmienda y se establece constitucionalmente la posibilidad de la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular.

Llegan las elecciones parlamentarias de 2010 y estas se realizan con una nueva Ley de Procesos Electorales aprobada por ese parlamento sin representación de la oposición, que violaba la exigencia de representación proporcional establecida en la Constitución. El PSUV, con el 48,13% de los votos, logra casi el 60% de los diputados. Cinco años más tarde, en las elecciones parlamentarias de 2015, esa trampa le saldría carísima. En todo caso es de hacer notar que en esas elecciones la sumatoria de votos No-PSUV es mayor que los votos del PSUV.

Llegamos a las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012. Chávez, mucho más espíritu que cuerpo, le gana las elecciones presidenciales a un Henrique Capriles Radonsky que reconoce la derrota. La brecha numérica entre el gobierno y la oposición se ha cerrado significativamente. El balance popular del período 2007-2013 es tremendamente diferente del que se había hecho del 2000 al 2006. Es en este período donde se llegó al máximo precio del petróleo de toda la historia republicana, más de 140 dólares por barril.

En diciembre de 2012 se producen las elecciones regionales correspondientes a ese año. El llamado que hace el presidente Chávez el 8 de diciembre para que, en caso de cualquier eventualidad fatal, el pueblo vote por Nicolás Maduro, revela su situación de salud y esto catapulta las candidaturas del gobierno que ganan las elecciones con solvencia.

Tras el fallecimiento del presidente Chávez el 5 de marzo de 2013, se producen las elecciones presidenciales que pauta la Constitución. El 14 de abril de 2013, por un margen de 234.935 votos, el candidato designado por el presidente Chávez, Nicolás Maduro Moros, gana la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela a Henrique Capriles Radonsky quien no reconoce el resultado pero no puede presentar prueba alguna de fraude a pesar de tener copia de todas las actas de escrutinio en su poder. Irresponsablemente incita al pueblo a descargar su arrechera con saldo de 13 personas fallecidas.

Para las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, no tanto la MUD, sino muy particularmente Henrique Capriles Radonsky, María Corina Machado y Leopoldo López se plantearon transformar esas elecciones en un plebiscito contra el gobierno y lo perdieron. Con el 48,69% de los votos contra el 39,34% de la MUD, el gobierno/PSUV ganó las elecciones municipales a pesar de que la oposición aumentó su votación y el número de alcaldías logradas. Como el intento de hacer de esas municipales un plebiscito contra el presidente Maduro se volvió en contra de sus mentores y el resultado electoral municipal afirmaba al incipiente gobierno, Leopoldo López decreta el 14 de febrero de 2014 el inicio de una oleada de violentas guarimbas de carácter insurreccional denominada "la salida". Esto le cuesta la vida a 43 personas.

Casi dos años después, el 6 de diciembre de 2015, una MUD articulada exclusivamente en el rechazo al Gobierno/PSUV recibe el torrentoso descontento popular producido por las primeras arremetidas inflacionarias, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, las kilométricas colas y la aparición aplastante de un fenómeno no conocido hasta entonces en el país: el "bachaqueo". Con el 56,22% de los votos a su favor contra el 40,91 a favor del PSUV, la MUD obtiene 112 diputados contra 55 del PSUV.

Buscando culpables para el descalabro electoral, el gobierno del presidente Maduro acuña la expresión "guerra económica" para desentenderse por entero de su responsabilidad. El pueblo va descubriendo poco a poco que sí ha habido una guerra económica, pero que ésta en verdad consiste en una triangulación de firmas en el Banco Central de Venezuela, en el Ministerio de Finanzas y en CADIVI/CENCOEX, para permitir que se "fugaran", como dijo candorosamente el entonces Ministro Jesús Faría, 500.000 millones de dólares, de los cuales por lo menos 300.000 millones, o sea el equivalente a diez años de importaciones no petroleras a razón de 30.000 millones de dólares por año, son desfalco puro y duro. Este pavoroso desfalco es la verdadera guerra económica que el gobierno del presidente Maduro se niega a reconocer.

Pero el hecho político que se ha producido con estos resultados electorales tiene efectos sísmicos. La oposición gana las dos terceras partes de la Asamblea Nacional y de acuerdo a la Constitución tendría poder para elegir nuevo TSJ, nuevo CNE, imponer leyes, etc.

Es en este momento cuando se produce en el Gobierno/PSUV una comprensión descarnada de la situación que confronta. Los responsables de ese descomunal desfalco de por lo menos 300.000 millones de dólares, con plenos poderes en Miraflores, entienden que la preservación del poder, necesaria para esconder y disfrutar ese botín, es incompatible con la vigencia de la Constitución y resuelven desconocerla. La CRBV se transforma así en el principal enemigo del gobierno/PSUV. Las dos jugadas que inmediatamente realizan, la elección anticonstitucional de un lote de abogados del gobierno como magistrados y suplentes del TSJ (23-12-2015) y la posterior decisión de la Sala Electoral de ese TSJ (ad-hoc o express, como se prefiera) de invalidar las elecciones parlamentarias en el Estado Amazonas (30-12-2015) defenestrando a los diputados electos con el objetivo claro de impedir que se completaran las dos terceras partes de la Asamblea Nacional en manos de la MUD, no son tanto manifestaciones de una gran capacidad estratégica sino del poder que se tiene como consecuencia de haber transformado a la FANB en la guardia pretoriana del desfalco. Eso no se hace porque se pueda hacer en términos legales y constitucionales. Eso se hace por lo que nos muestra Diosdado Cabello todos los miércoles en VTV. Eso se hace porque se tiene a la FANB en el bolsillo chiquito del pantalón, prestos a enviar a tribunales militares a quien se enfrente a esa ignominia.

En el 2016, la arremetida del gobierno/PSUV contra la CRBV se expresó fundamentalmente en tres momentos. El 24 de febrero, por el Decreto presidencial del mal llamado Arco Minero del Orinoco con el que, por un puñado de dólares, se decretaba el etnocidio de los Pueblos Indígenas en el 12% del territorio nacional, así como la muerte del aire, del agua y la biodiversidad, el geocidio de Venezuela; en octubre, con el secuestro del derecho a Referendo Revocatorio que la MUD estaba impulsando, mediante una grotesca manipulación del poder judicial; y en diciembre, con la confiscación de las elecciones regionales de obligatoria realización en ese mes, hasta una fecha que le conviniera al gobierno/PSUV. Necesario es destacar aquí la conducta anticonstitucional de la MUD, quien desde su nueva mayoría en la AN, en boca de su entonces presidente Henry Ramos Allup, anunció formalmente como objetivo de su gestión sacar de Miraflores, en un plazo de seis meses, al presidente Maduro. Entre el gobierno del presidente Maduro y la MUD, la CRBV fue víctima de agresión tras agresión. Por eso, el 18 de julio de 2016, protestando ante el CNE, un grupo de militantes del proceso bolivariano nos constituimos en la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.

En el insólito 2017 que estamos finalizando lo hemos visto casi todo. Desde la declaratoria de abandono del cargo por parte del presidente Maduro decretada por la AN bajo la presidencia de Julio Borges el 9 de enero, hasta la suspensión del hilo constitucional sentenciada por el Ministerio Público en la persona de la entonces Fiscal General de la República el 31 de marzo, ante las ominosas sentencias de la Sala Constitucional del TSJ 155 y 156, las cuales resultaron ser de quita y pon con las sentencias 157 y 158, que dejaron el entuerto igual y el hilo constitucional deshilachado, pero evidenciaban vergonzosamente que ese TSJ obedecía órdenes superiores.

El espacio que se abre aquí, y que contiene más de 140 personas fallecidas de bando y bando, algunos quemados vivos, no lo toco porque es muy complejo y no forma parte del análisis electoral que le anuncié, pero no porque no sea importante o porque lo desconozca.

Concentrándonos en lo planteado para su análisis, con la usurpación de la soberanía popular implicada en las elecciones a una espuria Asamblea Nacional Constituyente no convocada por el único autorizado para hacerlo, esto es, el pueblo venezolano en Referendo como lo pauta el Art. 347 constitucional; a partir del 30 de julio, fecha de esas elecciones cuyos resultados impugnó desde Smartmatic, que denunció una manipulación en las cifras de participación de por lo menos un millón de votos, hasta el PPT que, habiendo impulsado la jugarreta anticonstitucional, terminó denunciando las proclamaciones en las que resultaba ninguneado, pero impugnadas sobre todo por el pueblo venezolano que, según las cifras del Ministerio de Elecciones, perdón, del CNE, se abstuvo en un 58,9%, (quitando el millón manipulado llega al 65% de abstención), se montó en el país un aparato del PSUV controlado férreamente por Diosdado Cabello y presidido ornamentalmente por Delcy Rodríguez, que se asume supraconstitucional y plenipotenciario y que de golpe nos colocó en una situación de total precariedad institucional. Es necesario establecer que, por su carácter descaradamente anticonstitucional, esas sí eran unas elecciones en las que la única conducta ética posible era la abstención.

En todo caso el gobierno/PSUV, creyéndose dueños del escenario, adelantaron para el pasado15 de octubre las elecciones regionales que estaban anunciadas para diciembre de 2017 y, a pesar de sacar 2,4 millones de votos menos que en las elecciones a la presunta ANC, evidenciando así la manipulación de resultados que se hizo, pues no se sacan 8,2 millones el 30 de julio y 5,4 el 15 de octubre (si alguien quiere saber el tamaño de la manipulación de resultados ahí lo tiene) las consideraron tan victoriosas que autorizaron al CNE para que organizara, no que convocara, porque quien ordena y manda en esta República es esa ANC usurpadora, las elecciones municipales para el próximo 10 de diciembre (que es cuando tocan, constitucionalmente hablando.)

No pasaré por alto que en estas elecciones regionales pasó algo que estremece las bases mismas del sistema electoral venezolano, y es lo referido a lo ocurrido en el Estado Bolívar. Que por unanimidad del CNE, se haya admitido la impugnación de las elecciones a gobernador en ese estado hecha por el candidato Andrés Velásquez y su partido La Causa R, ya habla de lo grave del asunto, pero la cosa merece un acercamiento. Teniendo Andrés Velásquez y La Causa R en su poder copia del 100% de las actas de escrutinio con todas las validaciones y sellos pertinentes, incluidas las firmas de los testigos de mesa del PSUV, actas que lo colocan en primer lugar con 419 votos de diferencia sobre el candidato del PSUV, Gral. Justo Noguera Pietri, ¿de dónde salieron las actas de escrutinio que presenta la Junta Electoral Principal del Edo. Bolívar dando ganador al Gral. Noguera Pietri por poco más de mil votos? Las once actas impugnadas en las que se centra el asunto ¿fueron transmitidas regularmente o fueron llevadas hasta la Junta Electoral Principal de Bolívar por el Plan República? ¿Fueron llevadas en las memorias portátiles (pendrive) que tiene cada máquina de votación? ¿Llegaron en un tiempo explicable o tardaron 48 horas en llegar a la Junta Electoral Principal? ¿Se incorporaron a la totalización de la Junta Electoral Principal los datos contenidos en estas memorias portátiles o, lo que se incorporó a la totalización de la JEP fueron actas llenadas manualmente? ¿Está recorriendo al CNE de la Dra. Tibisay Lucena el fantasma de Isidro Morales Paúl y las actas mata votos? Hay razones para sospechar que en el Edo. Bolívar se profanó el hasta ahora inviolable cerrojo informático del sistema electoral venezolano.

Aquí estamos, profesor Fermín. A 16 días de unas elecciones municipales más peligrosas que un tetero piche, y con esta ¡qué digo maestría!, con este PhD en elecciones que tiene el pueblo venezolano. País de politólogos y politólogas, a quienes todas las barajitas habidas y por haber les son conocidas.

¿Están en juego 335 alcaldías o una República? Aquí quiero centrar mi reflexión y de ahí el título de mi carta abierta. Sostengo que no es cierto que seamos una República que tiene estados, municipios y parroquias. Es cierto que lo éramos, pero también es cierto que dejamos de serlo. Empezamos a dejar de serlo con las sentencias 155 y 156 de un TSJ que no tenía las credenciales exigidas por la CRBV para constituirse como tal, en las que se desconocía la voluntad popular expresada el 6 de diciembre de 2015 y a la AN que resultó de esas elecciones. La entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció, tal como lo había hecho el entonces Fiscal General Isaías Rodríguez el 12 de abril de 2002, que aquello era un golpe al orden constitucional cuyo hilo se había roto a causa de esas sentencias. Tal sería la autoridad de su denuncia que el presidente Maduro convocó al Consejo Nacional de Defensa para que "instara" al TSJ a ver como acomodaban el entuerto. El remedio resultó peor que la enfermedad, pues del viernes 31 de marzo al sábado 1 de abril de 2017, con las sentencias 157 y 158, supimos que el TSJ era una sastrería que le hacía al gobierno del presidente Maduro el traje legal que le conviniese. Lo que quedó de esos eventos no podía seguir llamándose la República Bolivariana de Venezuela. El rimbombante "desencadenante histórico" que el presidente Maduro anunció el 1 de mayo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para la que no estaba facultado, y que pretendió cuajar el 30 de julio con las elecciones más chimbas de la historia republicana, aplastando a la CRBV con ciudadanos de primera que votaban dos veces, y ciudadanos de segunda que votaban solo una vez, solo logró consolidar la convicción de que lo que antes era la República Bolivariana de Venezuela pasó a ser la República Madurista del PSUV, y es esa República, más bien república, con minúscula, la que hoy nos pone a prueba, al resto del país nacional, con las elecciones municipales que no convoca el CNE sino la espuria ANC, y que el CNE, obediente y diligente, organiza.

Creo que el 10 de diciembre, con la coartada de las elecciones municipales, el pueblo venezolano tiene una oportunidad para expresar el rechazo multitudinario a este desfalco del futuro, a este gobierno de hambre, enfermedad y desesperanza que expulsa del país a quien, sencillamente, pretenda vivir su vida y no sobrevivirla, a esta sensación de vivir en una Venezuela que se cae a pedazos como el Metro de Caracas. Las candidaturas inherentes a las alcaldías de cada municipio estorban ese objetivo porque, forzosamente, nos dividen. Esa es la experiencia de las elecciones regionales. No se trata de discutir la pertinencia de ocupar los espacios institucionales, eso es obvio. Lo que está en discusión es si la prioridad en las circunstancias que vivimos es tratar de quitarnos de encima "malos gobiernos municipales", como declara usted a Contrapunto, o si la prioridad es darle al gobierno de Maduro y al mundo una señal contundente sobre cuál es la voluntad del pueblo venezolano, no sobre ésta o aquélla gestión municipal, sino sobre la necesidad de recuperar a la República Bolivariana de Venezuela y a la Constitución que la rige. Eso sin entrar a considerar que lo peor que le puede pasar a una candidatura de oposición es ganar. Pregúntele a Laidy Gómez, gobernadora electa del Edo.Táchira, o a cualquiera de los gobernadores de oposición que ganaron. Más allá de la humillación de juramentarse a juro, valga la redundancia, ante un mamotreto anticonstitucional como la presunta ANC, está el hecho de que les quitaron las atribuciones, para dárselas a los "protectores" designados o por designar, para dejarle a ella y ellos los problemas de insuficiencia presupuestaria crónica, aderezada por conflictos laborales con el personal de la gobernación. ¿Son esas las gestiones que se quieren ganar? En términos municipales ya es posible sacar la cuenta con lo que le han hecho a la candidatura, múltiplemente apoyada por el PCV, el PPT y el MEP, del Prof. Eduardo Samán. Si esos son los atropellos que le hacen por el delito de postularse, ¿qué será si gana?

Es improbable, por no decir imposible, que usted y yo confluyamos en alguna candidatura. Pero es perfectamente posible que usted y yo confluyamos en la voluntad de decirle NO a esta pesadilla de corrupción, que se pretende disfrazar de dictadura del proletariado, en la que los presuntos "proletarios" son Diosdado Cabello, Pedro Carreño, Elvis Amoroso, Jorge Rodríguez, etc, etc.

Creo que en este 10 de diciembre de 2017, el voto nulo que propugno no es en lo absoluto un voto ni-ni, un voto que no está ni con el gobierno ni con la oposición. Para nada. Creo que el voto nulo es un voto cargado de sentido que contiene un gran NO y un gran SI que a continuación detallo.

Votaré NULO para decir:

NO al desmantelamiento de la República Bolivariana de Venezuela a manos de un organismo fraudulento que se llama así mismo ANC, y que pretende someter al pueblo venezolano a cuenta de oreja de cochino.

NO al más grande desfalco de toda la historia republicana. Desfalco que nos mantiene bien secos a la mayoría aplastante del pueblo venezolano, mientras los desfalcadores se reconocen por lo gordos, lo rollizos, lo mal que caben en sus liqui-liquis y trajes Louis Vuitton.

NO a los niños desmayándose de hambre en las desvencijadas escuelas, a las embarazadas que no consiguen el ácido fólico para que las vidas que gestan en sus vientres tengan futuro.

NO a la generación de discapacitados por desnutrición que nos está deparando el desfalco. NO a la muerte a plazo fijo de los enfermos renales que necesitan diálisis, a los operados de trasplante de órganos que no tienen los inmunosupresores, a los que necesitan retrovirales, a los que necesitan los tratamientos anticancerígenos. NO al regreso de la malaria, la difteria y demás enfermedades que habían sido prácticamente erradicadas del país.

NO a la desinformación sistemática del destino y la administración de los recursos que nos pertenecen a todos. NO a los "secretos de la patria". NO a la multitud de presos en PDVSA sin la confiscación de un solo dólar de los miles de millones que se robaron. (José Luis Parada, el que era vicepresidente de PDVSA cuando Rafael Ramírez era Presidente, también fue preso. ¿En qué cárcel está ahora? ¿Cuánto se recuperó de los millones de dólares que se llevó?)

SI a la vigencia plena de la CRBV

SI a la recuperación del sentido de futuro.

SI a la regeneración de la esperanza.

Imagine por un momento a ese país que, desde el centro, la izquierda y la derecha, quiere salir de esta robadera llamada gobierno del presidente Maduro. ¿En qué candidatura puede confluir ese país? En ninguna. Y mucho menos de hoy para mañana. ¿En qué objetivo puede confluir ese país? En el objetivo de decir ¡Basta ya! Esa es mi propuesta del voto nulo.

En espera de poder continuar el diálogo, me despido

Atentamente

Santiago Arconada Rodríguez

C.I. 3.512.089

Caracas 23 de noviembre 2017