Una histeria colectiva se ha generado por un pequeño sector contra la reforma a la Ley 100 de 1993, que convirtió en los últimos 30 años el derecho a la salud como un negociazo.
Los grandes capos y mercaderes de la salud en Colombia, como Dilia Francisca Toro, presidenta del Partido de la U; Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador; César Gaviria Díaz, Presidente del Partido Liberal, y el tahúr de la política criolla... Roy Barreras, son quienes tienen amarrada la bancada de partidos del gobierno en el Congreso y han pegado un grito en el cielo, por una de las reformas más trascendentales, de arraigo popular, en los últimos años.
Políticos y dueños de EPS, están por estos días como chicharras con cantos estridentes contra el Proyecto de Ley que mejoraría cobertura, acceso y el goce de un derecho sagrado a la vida. Es que no estamos hablando de cualquier chichigua. Son 51,2 billones de pesos que fueron destinados a la salud para el presupuesto 2023. Ya sabrán de qué estamos hablando.
Para explicar los alcances de la reforma a la salud en esta breve nota nos quedamos cortos. En las últimas tres décadas, el modelo de aseguramiento comercial instaurado por la Ley 100 de 1993 tuvo como característica central, la entrega de la administración y gestión del riesgo y financiero del Sistema de Salud a las Intermediarias Empresas Promotoras de Salud –EPS; la delegación sobre la asignación del gasto, herramienta fundamental del Estado para orientar la política en salud de los colombianos, a empresas intermediarias financieras, bajo el calificativo de "aseguradoras", con el incentivo de contener costos para incrementar sus ganancias a costa del sufrimiento de la población. Asimismo, se entregó la planificación de los servicios al mercado, lo que motiva a que se cierren servicios no rentables financieramente, como la medicina preventiva, mientras se multiplican otros que generen rentabilidad, como ayudas diagnósticas, UCI´s para los adultos mayores, entre otros. Con esto no se están cubriendo las 13 necesidades del sector salud de los colombianos, sino que se despilfarran recursos y se garantizan lucros exorbitantes en la cadena de prestación de servicios (Empresas Promotoras de Salud), como lo manifiesta el movimiento por una salud digna.
El fin único de la reforma a la salud, es dar plena garantía y cumplimiento al artículo 49 de la Constitución Política de Colombia: "Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad".
Pero los mercaderes de la salud harán hasta lo imposible para que dicha reforma pase a un simple maquillaje de la nefasta Ley 100/93 ante el Congreso y desnaturalizar el artículo en mención.
La reforma a la salud tiene como un único fin, prevenir las enfermedades, desde la medicina comunitaria y social hasta la educación en salud. Claro está, los mercenarios de la salud, no están dispuestos a someterse a este modelo de medicina preventiva, perversamente saben que el negocio está es en la enfermedad y la cadena de costos que esto implica, más no en la prevención.
Para entender mejor la tragicomedia de la salud en Colombia, les recomiendo ver la película argentina "La Clínica del doctor Cureta".
Oigan, ¡no jodan!, la salud es un derecho fundamental, no una mercancía.
