El argumento de la oposición venezolana en la Asamblea Nacional resulta bastante original.
“¡Abusadores! -increpa indignado el diputado Calderín¡Ustedes tienen el descaro de aprobar leyes y reglamentos sólo porque son mayoría!”..
Ciertamente, el hecho de contar con el apoyo de la mayor parte de los parlamentarios constituye una grosería incalificable, tal como lo denuncian con pesar los portavoces opositores. En cambio ellos, a quienes asisten el Derecho, la Razón y la Justicia, no hacen valer sus nobles ideales por culpa de una horda sectaria e intolerante de diputados oficialistas.
Se trata, ni más ni menos, de una dictadura totalitaria, inflexible y desalmada, dispuesta a valerse de pretextos y marramucias (tales como esa de tener mayoría), para llevar a cabo sus malsanos propósitos.
Por otra parte, esos fines son cada día más evidentes.
En primer lugar nos cubanizarán valiéndose de la rumba, el mambo y el guaguancó.
Estos ritmos extranjerizantes serán propalados en Venezuela por agentes encubiertos y por fanáticas infiltradas en nuestras pistas de baile, dispuestas a menearse como maracas locas a fin de obnubilar a los jóvenes ingenuos y vulnerables.
Si bien durante la conchupancia se empleaban la aplanadora y el alicate en las cámaras parlamentarias para cercenar los debates, aquello era distinto. En última instancia el reglamento interior, debidamente interpretado por un asesor jurídico oficialista, le daba la razón al Gobierno sin reclamo y sin protesto.
Durante 40 años los chivos más pesados de la partidocracia, al estilo del Dr. Caldera y Gonzalo Barrios, se repartieron la Corte Suprema de Justicia.
El “Pacto Institucional” les adjudicó, sin concesiones de ninguna especie, la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo Supremo Electoral para los suyos. Sin embargo, hacer lo mismo en estos tiempos, se considera un abuso incalificable, un signo seguro de que marchamos hacia el castrocomunismo totalitario, ateo y retrógrado.
A veces intento imaginar qué habría pasado si los adecos hubieran controlado la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 con 97% de sus integrantes. De entrada, se tardarían 20 en redactar la Constitución. Mientras tanto el líder del partido gobernaría por decreto y con poderes absolutos.
A fin de cuentas, esa es la democracia, al menos cuando la mayoría es de ellos.
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