Tengo la impresión de que existen algunos venezolanos actuando bajo la creencia de que el país donde vivimos constituye una provincia ultramarina de España.
Es decir, los ciudadanos aludidos deben considerar que tal como Aruba y Curazao delegan en el reino de los Países Bajos los asuntos militares, los diplomáticos y las decisiones de alzada en materia judicial, la provincia de Venezuela se encuentra subordinada a los tribunales de España, donde resuelven aquellos asuntos sobre los que el Tribunal Supremode Justicia instalado en Caracas no emite sentencias o las que dicta no son del agrado de dichos compatriotas.
Esmuyposible que tal confusión se deba a los benditos pasaportes de la Comunidad Europea con los que se han pertrechado una cantidad de criollos vernáculos que heredaron la nacionalidad del “nono” y ahora se sienten guapos, apoyados y con doble nacionalidad.
Debe ser así, puesto que algunos venezolanos tuvieron las agallas para acudir a un tribunal madrileño acusando al presidente Chávez de crímenes de lesa humanidad, imperdonables en un mestizo sin vinculación alguna con los conquistadores ibéricos o sus nobles descendientes.
Sin embargo, lo que más me llama la atención es que los jueces españoles, en vez de reírse de la ignorancia de los peticionarios “sudacas” y rechazar de plano las demandas, las reciban para analizarlas, aunque luego las descarten por absurdas e impracticables.
Siempre he pensado que la salsa que sirve para el pavo también le cuadra a la pava, o sea, que lo que es igual no es trampa. No veo por qué algún venezolano de esos que sienten arrecheras extemporáneas no acude a un tribunal criollo a demandar al rey de España, Su Majestad Juan Carlos, por todas las vainas que echaron sus antepasados en nuestro país y además por tener el mal gusto de darle premios de periodismo a una palangrista venezolana y al autor de unas fotos trucadas.
La demanda podría extenderse hasta el señor José María Aznar, por andar de parejero con George W. Bush y Tony Blair, invadiendo un país que nunca le ha buscado pleito a España, cuya Cancillería se preciaba de mantener óptimas relaciones con el mundo árabe.
Los jueces venezolanos podrían considerar la posibilidad de citar al monarca o al presidente español. Tal vez no vengan, pero las agencias de noticias gozarían una bola.
