La decisión presidencial de ordenar al Alcalde Rodríguez implementar medidas que lleven al cierre del Sambil de La Candelaria, obra todavía en construcción, le da a la derecha venezolana un argumento más en esa permanente agresión publicitaria que mantienen en contra del gobierno bolivariano. Qué necesidad hay de comprarse semejante conflicto, qué necesidad hay de demostrar en forma tardía el principio de autoridad presidencial, cuando la obra que ocupa ahora la atención del país, es el producto de un largo período de maduración, en trámites previos en los cuales las autoridades a cargo del desarrollo urbano de la ciudad de Caracas, tuvieron tiempo suficiente para analizar todas las consecuencias negativas que se podrían derivar, no solamente en virtud del proceso constructivo, sino de la operación misma del complejo comercial, en una zona que por lo demás tiene condiciones especiales.
Imagino que Caracas tiene su plan de desarrollo urbano que permite establecer, mediante la aplicación de una serie de regulaciones y ordenanzas municipales, las tendencias de su crecimiento y desarrollo. Imagino además que dichas regulaciones y ordenanzas regulan la densidad en el uso del uso del suelo, analizan los flujos de tránsito vial y ordenan las rutas del transporte público. Pienso de la misma manera que una obra de la magnitud del Sambil de La Candelaria, al momento de otorgarse los permisos de construcción y pagado los importes correspondientes por concepto de tarifas municipales, se han tomado en cuenta, porque la lógica ingenieril así lo dicta, los factores negativos que se pueden derivar, para que las autoridades competentes puedan ordenar las medidas necesarias que permitan amortiguarlos.
Ahora
bien pienso que al margen de cualquier otra consideración general,
que tenga que ver con las consecuencias urbanas que se derivan de la
operación del centro comercial, resulta preocupante el mensaje
para el sector privado, nacional e internacional, con interés de invertir
en cualquier tipo de proyecto en Venezuela. No dudo que el gobierno
bolivariano está en capacidad de asumir las consecuencias y responsabilidades
que se pueden derivar del proceso de expropiación de la obra, para
que la misma pueda ser dedicada a otras actividades sociales. No podemos
negar, al contrario de lo que algunos piensan, que una de las vías
para diversificar la economía venezolana es la inversión privada,
sea ésta de capital nacional o internacional, así que una decisión,
que se toma en forma tardía, sin medir consecuencias políticas,
puede causar tensiones innecesarias, en fin, más daños que beneficios.
Aquí lo importante no es si la familia tal o cual, que arriesga capital
de inversión, tiene antecedentes que la ligan con la intentona golpista
de abril del 2002 y como tal se le puede catalogar de contrarrevolucionaria,
o si los centros comercial son focos de contaminación de cualquier
tipo por las actividades paralelas que se derivan. Lo que resulta
preocupante, es que un país no se puede manejar en base a reacciones
tardías. Si se aplicaron en forma incorrecta y dolosa las regulaciones
sobre desarrollo urbano de la ciudad, que los funcionarios implicados
asuman las consecuencias y que se ordene la paralización de las obras
y si resulta necesario se ordene su demolición sin responsabilidad
alguna para el estado nacional. Si tales regulaciones no existen
y en consecuencia hay un vacío importante en el andamiaje legal y administrativo
para el manejo de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Caracas,
que ha propiciado el desorden urbano del presente, éste es un tema
que debe preocupar y ocupar a las autoridades públicas.
Que
se propicien las inversiones públicas paralelas para amortiguar los
efectos negativos que se pueden derivar de la operación del centro
comercial, puede ser una buena salida, pero intervenir de manera
abrupta y extemporánea y ordenar la confiscación de la obra construida
hasta el presente, no es un buen mensaje para la inversión privada
y significa por lo demás, comprarse un conflicto que puede ser muy
bien utilizado, como ya lo está siendo, por los factores que adversan
al gobierno bolivariano. Como que resulta ser una costumbre muy arraigada
el abrir flancos de enfrentamiento, sin ninguna necesidad, más aún
a las puertas de un referéndum en el cual puede estar en juego lo esencial.
