Sobre el tema de los excesivos sueldos que devengan algunos de los llamados altos funcionarios de los estamentos del Estado es mucho lo que se puede decir y más en estos momentos cuando la Asamblea Nacional discute el proyecto de Ley Orgánica de Emolumentos, pues más allá de que dicho instrumento legal habilite mecanismos que permitirían establecer remuneraciones razonables y por allí acabar con tanto descaro, consideramos que la misma debe, igualmente, implementar formulas que hagan una realidad la tan ansiada y muy necesaria homologación de sueldos en la administración y demás órganos del Estado, sobre la base de que a igual preparación, experiencia y equivalente responsabilidad, se perciba la misma remuneración.
No es posible admitir que profesionales de una misma carrera y experiencia, que prestan los mismos o equiparables servicios en distintas áreas del Estado, se les apliquen escalas salariales diferentes. A la fecha vemos que eso es lo que ocurre en casi todos los estamentos del Estado. Los médicos y otros profesionales de la salud de similar experiencia, por ejemplo, tienen asignaciones salariales muy distintas en el Seguro Social y en el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Otros profesionales, como los abogados, ingenieros, licenciados en contaduría, etcétera, con idéntica experiencia y los mismos o equivalentes estudios de post grado, devengan salarios mucho mayores en la Fiscalía General de la República y en la Contraloría General, que en la Defensoría del Pueblo, algo que resulta –obviamente- inconcebible, si se observa que esas tres instituciones son parte del mismo Poder Moral. Sería innecesario reseñar otros casos, que los hay por cientos, todo lo cual sólo es posible entenderlo como producto de un gran desorden heredado del puntofijismo, desgraciadamente bien asimilado en nuestra revolución, al cual hay que ponerle coto, sin más dilación.
Pero es que al margen de los salarios se presentan otras situaciones intolerables y que tienen que ver con los llamados “beneficios sociales”, donde también impera otra suerte de total anarquía. Hay toda una variada gama de conceptos que se manejan en el tema de forma particular (primas por hijos, por hogar, por eficiencia, por antigüedad, por transporte, etc.) que cada institución pública los acuerda a su modo y manera, lo cual genera verdaderas injusticias. En muchos casos tales bonificaciones muy poco o nada coadyuvan a paliar las necesidades del servidor público, pues sus montos son realmente insignificantes (un solo ejemplo: Bs. 10,00/hijo en el IVSS) y, en otros, los menos, al parecer, tales bonificaciones se actualizan periódicamente, como debe ser.
Hay que revisar integralmente este anárquico régimen de sueldos y asignaciones que impera en el Estado, pues no puede ser que el mismo siga generando situaciones de la mayor injusticia y perversión en muchos casos y más si entendemos que es objetivo sagrado de la Revolución construir un sistema político de relaciones económicas y sociales donde impere, a todo evento, la mayor equidad y justicia para su pueblo, sin exclusiones y maltrato alguno, como única vía para dignificarlo, como no tenemos duda alguna que jamás podría lograrse bajo un sistema capitalista y neoliberal tradicional explotador y egoísta, por más que se le intente disfrazar de otra cosa y este tema de los emolumentos y su homologación, a nuestro modo de ver, tiene que ver y mucho con ello.
Es importante agregar, como reflexión pertinente, que un servidor público rendirá más y con el mayor amor, sacrificio y entrega, si se le remunera en forma justa y si, además, como algo sumamente importante, tiene garantizados todos los servicios sociales de calidad para si y para su familia, de manera eficiente y oportuna.
¿Eso sería posible lograrlo? Por supuesto que sí y allí están, como buenos ejemplos, los casos del BCV y PDVSA.
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