La Paz , mayo 28, 2007.- Los indígenas no quieren arrebatarle el poder a la oligarquía, no quieren desplazarla, y lo que intentan es compartir el poder, quieren manejar Bolivia con los que hasta ahora siguen siendo los dueños de vidas, haciendas y las mayores riquezas del país, asegura el vicepresidente Álvaro García Linera.

Según el ideólogo del gobierno indígena del presidente Evo Morales, un ex guerrillero que ahora predica la conciliación de clases y la vigencia del “capitalismo andino”, uno de los propósitos declarados de la “revolución democrática y cultural” es lograr un pacto histórico entre las emergentes élites indígenas y la rancia oligarquía petrolafundista del oriente, fuertemente articulada con el capital extranjero.

En año y medio de gobierno, este pacto ha comenzado a construirse sobre tres bases: el gas y el petróleo, la tierra y la Asamblea Constituyente.

En el primero de ellos ya se ha legalizado las operaciones de las transnacionales petroleras, entregándoles la licencia plena para que exporten por los siguientes 30 años el gas a la Argentina y Brasil, como materia prima barata, a mitad de precio.

A cambio de ello, se incrementaron ligeramente los impuestos para las petroleras, por lo que hasta el 2014 por lo menos, como reconocen las autoridades del sector, la distribución de ingresos de la factura del gas como materia prima será de 50 a 54 por ciento en favor del Estado y del 46 a 50 por ciento para las petroleras. Adicionalmente, las transnacionales retendrán la totalidad de los millonarios ingresos, entre cuatro a cinco veces más, emergentes de su industrialización fuera de Bolivia. Un final aplaudido por las empresas, el Gobierno y la oligarquía, junto a la resignada aceptación de los sindicatos y organizaciones sociales controladas por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Otro proceso de conciliación con la oligarquía petrolatifundista, aunque no exento de brotes menores de conflictividad, fue la modificación de la ley de tierras, para reducir el tráfico de tierras ociosas en manos privada, y otorgando, sin embargo, más seguridades para la expansión de las grandes haciendas latifundistas, legalizando las tierras malhabidas y los tortuosos procesos que facilitaron que los gobiernos neoliberales entregaran gratuitamente las tierras más fértiles del país a los grupos de poder y a las logias asentadas en el oriente y sur de la geografía nacional. Una ley para fortalecer al latifundio y el acaparamiento de tierras en pocas manos, dejando a campesinos y colonizadores marcados por el minifundio y la pobreza.

El tercer eje del pacto indígena – oligárquico se dio en torno a la Asamblea Constituyente , fabricando consensos, eliminando temas conflictivos, cerrando el paso a una verdadera reforma agraria, atenuando los afanes regiones de autonomía. Acá, en los hechos, ya se archivó la denominada “refundación” del país, de la mano del voto que obliga a la mayoría del MAS a consensuar con los representantes de la minoría de la oligarquía.

“¿Qué medida hemos tomado contra los empresarios productivos bolivianos?”, se pregunta el vicepresidente García Linera. “Ninguna”, se responde en una amplia entrevista difundida por “Nueva Sociedad” y en la que pasa revista a la nueva alianza que une a los humillados y explotados de abajo con las élites que saquean Bolivia:

¿Cuál sería desde su punto de vista un desenlace positivo del proceso constituyente?

Desde que llegamos al Gobierno hemos definido una estrategia de distribución pactada del poder. Lo que Bolivia está atravesando hoy es, en esencia, un proceso de amplia y generalizada lucha y redistribución del poder. Es algo que va más allá de un gobierno. Y la historia nos enseña que la lucha por el poder puede tener tres desenlaces clásicos.

Que el sector emergente desplace directamente, mediante cualquier medio posible, al bloque anterior. Que este bloque de poder antiguo logre derrotar, contener, cooptar o aplastar al bloque emergente. O que entre ambos se logre redistribuir el poder. Como Gobierno hemos optado por la tercera opción. Apostamos a un proceso de redistribución pactada del poder con un nuevo núcleo articulador: el movimiento indígena.

La oposición, sin embargo, acusa al Gobierno de negarse a conciliar

Pero no es verdad. Tomemos los temas claves, por ejemplo hidrocarburos. Fue una decisión que contó con un alto consenso. O el tema de la tierra. Algunos decían que nuestra reforma iba a generar una guerra civil. No es cierto. Hicimos una buena ley, que favorece al empresario productivo, tanto si tiene una como si tiene 50.000 hectáreas . Si produce, no hay problema. Se castiga al especulador.

En general, ¿qué medida hemos tomado contra los empresarios productivos bolivianos?. Ninguna. Entonces, la Asamblea Constituyente tiene que ser el lugar donde esta redistribución pactada del poder, apoyada en un nuevo núcleo articulador, se consolide. Estamos apostando a esto. No queremos una Constitución aprobada por el 60 o 70% del país, pero rechazada por el resto.

¿La idea no es imponer una reforma?

No. Nuestro objetivo es pactarla. Hemos dado pasos importantes en este sentido y estamos dispuestos a dar otros. Lo que pasa es que hay que ver a distancia lo que está ocurriendo en Bolivia: una ampliación de élites, una ampliación de derechos y una redistribución de la riqueza. Esto, en Bolivia, es una revolución.

¿Es una ampliación o un recambio de élites?

Una ampliación. Hay pedazos de la anterior que van a mantenerse, pero ya no van a definir ellos solos el camino. Lo que tienen que entender las viejas élites es que ahora deben compartir las decisiones con los indios. Nunca más van a poder tomar decisiones sin consultar a los indígenas. Si lograran entender eso, no habría complicaciones.

¿Y usted cree que lo están entendiendo?

Cuesta. Están muy acostumbrados a mandar solos, por tradición, por herencia, por hábito, por costumbre y por formación. Los indígenas siempre eran los que atendían la mesa, cocinaban, cuidaban a los niños, eran albañiles. Que ahora sean presidentes, ministros o cancilleres, obviamente golpea esta lógica. Pero es la lógica de la igualdad y de la democracia. En el fondo, estamos ante un amplio proceso de igualación social y democratización de las decisiones.

Hay sectores que lo entienden y lo aceptan. En rigor de verdad, hay un sector en nuestro bloque que cree que ahora que llegó el momento, hay que acapararlo todo. Es un gran error, porque muchas veces genera mayores condicionamientos.

Pero creo que gradualmente, por aproximaciones sucesivas, vemos construyendo un proceso en el cual el bloque desplazado del control absoluto y el bloque emergente pero que tampoco va a tener el control absoluto, articulan mecanismos para redistribuir el poder. Porque el problema central, como dije, no es tanto la distribución del poder, sino la aceptación de un nuevo núcleo articulador, que es el movimiento indígena.

En este contexto, las autoridades de Santa Cruz lucen como el núcleo de resistencia más fuerte. De hecho, parece casi el único contrapeso potente al Gobierno. Es posible avanzar sin un acuerdo con este sector?

Es necesario llegar a un acuerdo. Lo que está sucediendo con Santa Cruz es fácilmente entendible. Santa Cruz construyó una economía de agricultura moderna en base a una vinculación especial entre su burguesía y sectores de capital externo. Incluso antes del modelo neoliberal ya había, en Santa Cruz, una especie de neoliberalismo gestándose al interior del capitalismo de Estado.

Esta economía logró captar un conjunto de apoyos, financiamientos y transferencias del excedente estatal para su potenciamiento. En los 90, esto se tradujo en una mayor gravitación política de las élites cruceñas en los ámbitos de decisión estatal. Se acoplaron y convivieron con el proyecto económico neoliberal y, en general, con el sector exportador tradicional minero. Se articularon fácilmente. Y, aunque no lograron conducir el proceso –quizás lo hubieran hecho mejor--, sí lograron imbricar sus intereses.

Cuando el proyecto neoliberal entró en crisis, este sector empresarial que no había nacido con el neoliberalismo, que venía de antes pero que había logrado articular sus intereses con el neoliberalismo, se vio desplazado de la toma de decisiones. Perdió el control de ministerios, de embajadas. La respuesta fue replegarse al ámbito de su hegemonía territorial, que ya estaba consolidada, a punto tal que había buscado expandirla al resto del país.

Cuando llegamos al Gobierno descubrimos algo que desde afuera no habíamos logrado percibir: este modelo de desarrollo económico, de imbricación capital externo-interno y aprovechamiento de ventajas de comercio, está llegando a un límite preocupante.

¿Por qué?

Por las características de la economía boliviana. En los 90, la soya desplazó a la hegemonía de la minería y del gas de las exportaciones totales del país. En esa época, las exportaciones totales de gas y petróleo eran de entre 400 y 500 millones de dólares, las de soya entre 600 y 700 y las de minerales de entre 200 y 300.

En los últimos cuatro años, este patrón exportador se modificó. El año pasado exportamos 2.050 millones de dólares de gas y petróleo, 1.070 de minerales y 500 de soya. No sólo es cuestión de proporción. Hay un proceso de caída de las exportaciones totales de soya: los mercados de Colombia y Perú se van cerrando por el Tratado de Libre Comercio (TLC) que han firmado con Estados Unidos. Queda el mercado de Ecuador, que es más chico, y algo de Venezuela. Buena parte de la soya de Santa Cruz se sostuvo en el nicho de la Comunidad Andina. esto ahora se ve limitado por los TLC. Y enfrentar la competitividad brasilera o estadounidense es difícil, requiere una modificación de la tecnología.

¿Cuál es el efecto político de este debilitamiento de la base económica de Santa Cruz?

La consolidación de un sector a la defensiva, la construcción de un liderazgo político de resistencia, que se ha atrincherado en la región y que busca, en la autonomía, un mecanismo para defender un modo de desarrollar la economía vinculado al capital externo y las exportaciones.

Nosotros al principio no lo entendíamos, pero ahora sí. Está claro, entonces, que lo que tenemos que hacer desde el Gobierno es incorporar a este sector al nuevo modelo de desarrollo que proponemos. Es necesario incluirlo, porque no somos nosotros los que lo afectamos. Por ejemplo, el Gobierno subvenciona 150 millones de dólares al año de diesel, la mitad de los cuales va a Santa Cruz, a la agroindustria. No lo vamos a quitar.

Pero sí, quisiéramos que no fuera una subvención insostenible, sino que potenciara procesos de modernización, de mejora de la productividad.

Tenemos que trabajar junto con el sector empresarial cruceño en un relanzamiento de un modelo de desarrollo agroexportador que se acomode a las nuevas circunstancias de pérdida de los mercados de la Comunidad Andina y de competencia con el Mercosur. Es el desafío de los próximos 20 años. Y nuestra agroindustria, salvo una parte, no está preparada para eso.

La autonomía, entonces es un mecanismo defensivo. Pero a la vez, y esta es la virtud de la intelligentzia cruceña, logró sintonizar este interés particular con una vieja demanda histórica de mayor descentralización.

De ahí viene su eficacia, de su capacidad de conectar su interés con una herencia, con una memoria, una demanda.

Nosotros entendemos esto y, por lo tanto, reconocemos, viabilizaremos y conduciremos las autonomías departamentales. Con dos salvedades: no tienen que ser sólo autonomías departamentales, que hay que respetar e impulsar, sino también autonomías de los pueblos indígenas, que deben incorporarse como un nivel dentro del departamento, o paralelo en aquellos casos en que los pueblos indígenas son mayoritarios.

El segundo elemento es que tanto las autonomías departamentales como las indígenas no pueden cuestionar, como hacen algunos, la base de la unidad: fuerzas armadas y policía nacional, moneda, relaciones internacionales y recursos naturales, incluyendo tierra y energía. Son temas que no deberían entrar en el ámbito de competencia de de los departamentos ni de los pueblos indígenas.

En el debate actual no se discute si va haber autonomías departamentales, que las va haber, sino cuáles son sus competencias y facultades.

Hay que evitar que la autonomía sea una excusa para encerrarse y debilitar al país. Tiene que ser un mecanismos de amplia descentralización política – administrativa en el marco de un sólido techo de unidad.