La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), la Federación Nacional de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa, las seis Federaciones de cocaleros de Cochabamba y la Coordinadora Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CEPES), entre otros gremios campesinos e indígenas nacionales anunciaron hoy el inicio de una batalla a muerte contra la extrema derecha fascista que, según ellos, obstaculiza las reformas sociales y económicas emprendidas por el gobierno de Evo Morales.

En la cumbre de movimientos sociales celebrada hoy en Sucre, decenas de organizaciones campesinas e indígenas acordaron defender hasta con sus vidas la Asamblea Constituyente y el proceso irreversible de cambios “impulsado por la fuerza histórica de nuestros pueblos y naciones indígenas originarias campesinas junto a las organizaciones sociales populares”.

“Los movimientos sociales del campo y la ciudad defenderemos el proceso de cambio a la cabeza del hermano Evo Morales Ayma, Presidente Constitucional de la República, quien viene realizando cambios profundos estructurales en lo económico, político y social en cumplimiento del mandato del pueblo”, indica uno de los puntos del manifiesto emitido hoy por los movimientos campesinos e indígenas al término de la cumbre social.

Las organizaciones, que se declararon en emergencia y vigilia permanente, advirtieron a los pequeños grupos de las “logias fascistas” que de seguir desinformando a la población y perjudicando a la Constituyente, asumirán otras medidas “más radicales”. Se comprometieron a organizar “Comités de Defensa de la Asamblea Constituyente” a través de confederaciones, federaciones, juntas vecinales, asociaciones, sindicatos, capitanías, tentas, ayllus y todas las organizaciones sociales populares.

“Ya no le tenemos miedo al Comité Cívico Cruceño, comenzó la lucha hermanos, contagiemos este apoyo al cónclave y a nivel nacional a nuestro presidente y compañero Evo Morales (…) ellos no quieren el cambio, pero van a tener que someterse al cambio, porque estamos aquí quechuas, aymaras y guaraníes”, dijo la representante de las mujeres campesinas de Santa Cruz Alina Canaviri. “Nos hemos organizado para impedir que un grupo de 50 familias oligárquicas de Santa Cruz conspiren contra los más de nueve millones de habitantes en todo el país, le declaramos la guerra a la oligarquía”, dijo Lázaro Taco, representante de la CEPES. “Hasta este momento hemos sido pasivos (pero) a partir de este momento ya no debemos callarnos, debemos continuar la lucha a la cabeza del hermano Evo Morales”, declaró Daniel Claros, dirigente de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.

La combativa Federación de Mineros, que no participó en la cumbre de Sucre, anunció que en país se ha desatado la lucha de clases entre pobres y ricos. “Es hora de que los trabajadores y los pobres estemos unidos para el avance del cambio y no permitir bajo ninguna circunstancia que la ultra derecha y la oligarquía consiga el fracaso de la Asamblea Constituyente”, declaró el dirigente Próspero Mamani según la agencia ABI.

Las organizaciones que forman parte del Pacto de Unidad, el brazo social del gobierno, exigieron que se instalen de inmediato las sesiones de la Asamblea en otro departamento –aunque manteniendo como sede la ciudad de Sucre– en caso de que no se brinden las garantías democráticas para que los constituyentes sesionen en la capital.
El máximo dirigente de la CSUTCB Isaac Ávalos aclaró que los movimientos sociales no piden el cambio de la sede de la Asamblea sino únicamente el traslado de las sesiones, y precisó que las organizaciones no presionarán a los asambleístas para que instalen de inmediato las sesiones, pero si exigirán que agilicen esa determinación. “Eso si, de ninguna manera permitiremos el fracaso de la Constituyente”, aseguró.

El Pacto de Unidad respaldó a Silvia Lazarte, presidenta de la Magna Asamblea, “que por ser mujer indígena de pollera fue discriminada por sectores oligárquicos racistas de la ciudad de Sucre”. Denunciarán ante la comunidad internacional y organizaciones de Derechos Humanos la agresión e insultos a dirigentes de organizaciones sociales y asambleístas, la quema de símbolos de los pueblos originarios campesinos y la destrucción de sedes de las organizaciones sociales.

En su manifiesto, los movimientos campesinos llamaron a desacatar y rechazar el fallo emitido por la Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, acto de prevaricato y un atropello al carácter fundacional e independiente de la Constituyente. “No podemos permitir que una resolución aprobada por la mayoría de los asambleístas elegidos por el pueblo sea eliminada por dos jueces nombrados a dedo por cuoteo político de partidos tradicionales de derecha”.

Además, pidieron a los asambleístas que por moral y ética no cobren sus salarios por los días no trabajados y exigieron que la instalación del Congreso y el informe presidencial de cada 6 de agosto sean rotativos entre los nueve departamentos, por principio de igualdad, equidad y justicia.

Desde Ecuador, el presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa Humberto Cholango expresó su solidaridad e irrestricto respaldo a las políticas emprendidas por Morales a favor de millones de excluidos “por aquellos que hoy se rasgan las vestiduras, pretendiendo confundir al pueblo con sus ropajes de ovejas cuando son los lobos rapaces que siempre sumieron al pueblo boliviano en la más penosa pobreza”.

Cholango rechazó enérgicamente el “plan golpista trazado por el gobierno de los
Estados Unidos, en contubernio con los sectores oligárquicos de Bolivia, y que está siendo implementado a través de USAID”, la agencia de Estados Unidos para desarrollo Internacional.

Dicho plan incluye, entre otras estrategias, la entrega de millones de dólares a organizaciones, periodistas, columnistas, partidos políticos serviles y antipatrióticos, “que como peones de la más baja calaña se prestan a estos actos de traición a la Patria, misma que hoy se debate en un parto de dolor para parir una Bolivia digna, justa, fraterna y soberana”, dice el voto de apoyo firmado de las organizaciones indígenas de Ecuador.

Cholango cree oportuno destacar que éste "plan” trazado por el imperialismo norteamericano y por sus asalariados en Bolivia, también empieza a ser implementado en Ecuador, lo que hace ver que estos “planes” son parte de un solo “plan” de desarticulación de procesos revolucionarios. “Alertamos a la Comunidad Internacional sobre una nueva etapa de golpes de estado solapados y de actos terroristas genocidas que se están gestando en América Latina, cuyos responsables son los de siempre: el gobierno de Estados Unidos, los sectores oligárquicos, las fuerzas represivas de nuestros países y los tontos útiles que por los dólares mal habidos se prestan para traicionar a su Patria”.

La politóloga cruceña Elena Harguiraquis reveló que el sector agroindustrial está languideciendo y pretende evitar el colapso de la economía cruceña. “El modelo económico cruceño está en franco proceso de decadencia. Ese modelo agroindustrial que tanto enorgullece a ciertos sectores cruceños está languideciendo y lo que se busca es que el Estado de cierta forma apoye a través de nuevos préstamos, reprogramación financiera, de deudas a estos sectores”, declaró a radio Erbol.

Harguiraquis explicó que al ser la Asamblea Constituyente el vehículo que definirá el nuevo equilibrio de redistribución de poder en el país se ha recurrido a pretextos falsos para evitar que se conozca que la economía del departamento de Santa cruz no está tan bien como se la pretende mostrar. Además, dijo que en el boom cruceño “mucho ha tenido que ver el narcotráfico, el Estado y una serie de irregularidades en la construcción del modelo económico”.

En tanto, el principal partido de oposición Podemos exhortó una vez más al gobierno a convocar a un Diálogo Nacional que incluya a todos los actores políticos y cívicos con el fin de buscar entre todos un camino de salida democrática a los problemas que hoy confrontan a los bolivianos.