24 agosto 2008.- Hasta ahora han fracasado los intentos del Gobierno nacional, la comunidad indígena yukpa y los ganaderos para resolver el conflicto por la posesión de la tierra en la sierra de Perijá.

Agrupaciones de esa etnia bajaron de la montaña hace treinta días para ocupar, invocando derechos ancestrales, las haciendas Tizina, Kusare, Brasil y Paja Chiquita, situadas en las llanuras de Machiques, cuya propiedad es reclamada por los ganaderos Alejandro Chávez Vargas, Tirso Vargas y Guillermo Vargas. Estos predios tocan el eje yukpa conformado por las comunidades Chaktapa, Guamo, Río Yaza y Jararamo.

Rubén Barboza, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Fegalago), advirtió que acciones como las que mantienen los indígenas yukpa, "amenazan la seguridad alimentaria y territorial del país" y repercuten sobre la economía de Perijá, que produce cien mil litros diarios de leche, volumen que es procesado en diversas plantas de la región para el mercado occidental y nacional.

Armando Chacín, presidente de Ganaderos de Machiques (Gadema), afirmó que "mientras las tierras estén ocupadas por los indígenas los productores no se sentarán a la mesa de negociaciones".

La ministra de Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, y el general de División, Jesús Gregorio González González, jefe del Comando Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañados de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Agricultura y Tierras, "inspeccionaron recientemente las fincas invadidas", tras presidir una reunión en el fuerte Macoa de Machiques, sede del Comando de la 12ª Brigada de Caribes, cuya unidad de inteligencia investiga los hechos.

La ministra Maldonado aspira a que de las conversaciones previstas con las partes "debe surgir un plan especial para los pueblos indígenas".

El general Jesús Gregorio González hizo un llamamiento al diálogo para resolver el conflicto, pero afirmó que "los indígenas están ocupando de manera ilegal las fincas" y los conminó a "salir de estos predios en un lapso perentorio", Estrategia de desestabilización. Por otra parte, los líderes y las comunidades ocupantes de las fincas rechazaron las posiciones de las corporaciones ganaderas y de los altos representantes del Gobierno nacional. Puntualizan que no son invasores y que han tomado estas tierras basados en el derecho ancestral de pobladores primigenios.

Su propuesta es que el presidente Chávez adopte medidas inmediatas inherentes a la demarcación de los territorios yukpas, para lo cual, dijeron, han consignado ante el Alto Gobierno una amplia documentación. Consideran que éste es el fondo del conflicto, cuya solución pasa también por el pago de las bienhechurías a los ganaderos, quienes, según ellos, tomaron desde hace décadas los espacios de los indígenas en la planicie de Perijá. Vaticinan que de no producirse tales medidas no habrá salida a corto plazo.

Denuncian que el poder económico y político de la zona ha puesto en marcha una estrategia de tensión para desestabilizar la unidad de las poblaciones indígenas y campesinas, y convocan a las organizaciones sociales, a los sectores democráticos, a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional para evitar hechos de violencia y derramamiento de sangre en la planicie y la selva perijaneras.

Se estima que todos los indígenas yukpas ubicados en la cuenca del río Yaza, que son mil, se encuentran en situación de resistencia por amenazas sicariales y ante la posibilidad de un desalojo militar inminente.

La etnia yukpa, con menos de tres mil individuos, es una de las más desvalidas del país.

Durante décadas ha sufrido el embate del hambre y las enfermedades en la sierra de Perijá.

"Allá arriba no podemos cultivar, no hay tierras, tampoco animales para cazar; por eso nos hemos visto obligados a bajar de la montaña", dijo una mujer que permanece en una de las fincas ocupadas.

De proseguir lo que denominan el acorralamiento por los ganaderos, los yukpas no descartan su desplazamiento a los centros urbanos de la capital zuliana.

Sus aliados preparan acciones de solidaridad en todo el país, entre ellas la Canción Solidaria por la Paz, en la sierra de Perijá, para apoyar el rescate de las tierras originarias de los yukpas.

Relato. La mañana del 7 de julio de 2008 entró a la comunidad un ganadero con cuatro sicarios y pistola en mano encañonaron a una mujer yukpa, a quien en presencia de unos niños, que fueron dejados en la orilla de un río, arrastraron e introdujeron a una camioneta.

Posteriormente se acercaron, disparando, hasta el sitio donde se encontraba el anciano yukpa José Manuel Izarra, de 97 años, padre del cacique Sabino Romero, líder de la ocupación indígena, quien fue objeto de puñetazos y patadas. Romero, pese a su avanzada edad, se vio forzado a correr hasta caer exhausto en un punto donde pudo ser auxiliado por sus hermanos de etnia.

El 12 de julio una comisión integrada por estudiantes de La Universidad del Zulia y de la Universidad Bolivariana de Venezuela fue a buscarlo para que declarara en la Fiscalía sobre la agresión. El anciano no quiso ir porque tenía mucho dolor. El 22 de julio murió.

El caso está en manos del Ministerio Público, pero los indígenas no confían y manejan información según la cual esa instancia –la Fiscalía 40ª– está parcializada con los ganaderos. La fuente de esta versión es el profesor Lusbi Portillo, presidente de la Sociedad Homo et Natura, organización no gubernamental. Portillo trabaja desde 1985 con las comunidades indígenas del Zulia y fue testigo del hecho que causó la muerte del anciano yukpa.

"El general Izquierdo Torres, comandante de la 12ª Brigada de Caribes, con sede en Machiques, ha puesto el fuerte Macoa al servicio de los ganaderos. Está conteste con dicho sector en desmedro de los derechos humanos y de los derechos constitucionales de los indígenas. También Nicia Maldonado, la ministra indígena, dice que las tierras ocupadas son privadas y que los indígenas deben retornar a la cima de la montaña, donde pueden realizar proyectos turísticos que el Ministerio puede apoyar".

Esto lo denunció Portillo, quien dejó claro que los indígenas no saben de turismo y que lo suyo es sembrar malanga, yuca y maíz, y cazar.

Dijo que la estrategia del general Izquierdo Torres, vinculado al alcalde de Machiques, Alfonso Márquez, y a Gadema, es desalojar militarmente a los indígenas y arrestar al líder yukpa Sabino Romero, quien ha sido amenazado de muerte.

Restricciones. El sábado 16 y el domingo 17 de agosto, un grupo de reporteros de Ávila TV, Antv, RNV y ANMCLA llegaron a Machiques para cubrir el caso de los yukpas y cuando salían de esa ciudad con destino a Caracas, el domingo cerca del mediodía, el bus de la UBV donde viajaban fue retenido durante aproximadamente una hora. Denunciaron que el día anterior, en la hacienda Kusare, una de las ocupadas por los yukpas, supuestamente por órdenes del general Izquierdo, al mismo grupo le fueron quitados sus documentos de identidad.

A esto se suma que el viernes pasado cantantes y activistas que se movilizaban hacia las comunidades yukpas de la Sierra de Perijá para expresar un canto solidario por los derechos de los indígenas decidieron acampar a la orilla de la carretera porque el ejército no los dejó pasar.

Los militares fueron categóricos y dijeron que acataban órdenes de los ministerios de la Defensa, Relaciones Interiores y del propio Palacio de Miraflores.

Además de los cantos la brigada humanitaria integrada por hombres y mujeres provenientes de Caracas, Maracay, Amazonas y Maracaibo, transportaban alimentospor un monto superior a los dos mil bolívares fuertespara los indígenas que se mantienen en las haciendas ocupadas.

El grupo de los 5 Grandes. María Teresa Yasphe, Ezequiel Anane, Jesús Terán, Félix Romero y Emiliano Romero, caciques jefes de las comunidades de Toromo, Tokuko, Neremu, Shirapta y Neremucamaraca de la sierra de Perijá, se constituyeron "en las máximas autoridades de esa etnia" para decidir sobre las cuatro haciendas ocupadas bajo el liderazgo de Sabino Romero, a quien en un comunicado le dicen que " los medios implementados por él no son las vías legales para reclamar nuestros derechos; la violencia y las tomas de las haciendas en forma indiscriminada no son las vías para recuperar nuestras tierras".

Declaran personas no gratas para el pueblo yukpa a Lusbi Portillo,Olegario Romero y Francisco Arconada, este último promotor comunitario, quienes "tienen terminantemente prohibido utilizar el nombre del pueblo yukpa y de las comunidades anteriormente enunciadas dentro de sus discursos, misivas, comunicaciones y demás formas de difusión masiva a nivel nacional y regional".

Los caciques dan su total apoyo a las gestiones de la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y al gobierno del presidente Chávez. Piden a la FAN que proteja y vigile permanentemente los cinco centros pilotos del pueblo yukpa en la sierra de Perijá para prevenir represalias.

Desde Perijá los ocupantes de las fincas respondieron que cada comunidad tiene su cacique y es autónoma, libre e independiente de la otra. En la sierra hay más de 70 comunidades yukpa y cada una es libre y autónoma. Ninguna comunidad puede estar por encima de las otras. Advierten que Sabino Romero no le hará caso a lo que digan otros caciques. Tampoco Francisco Romero, de la comunidad río Yaza, u Olegario Romero, de la comunidad Guamo.

Intuyen que la comisión de los cinco grandes caciques podría servir a la estrategia de legitimar una operación de desalojo militar, ante la negativa de los líderes indígenas de dejar las haciendas ocupadas.


SITUACIÓN JURÍDICA
Los abogados Leonel José Galindo y Carmen Hinostroza Álvarez asisten y defienden a los indígenas yukpas Abigaíl Romero Romero y Ciro Landino Landino, dos de los cinco líderes investigados por el delito de invasión en la causa N° 24-F20-072-08, relacionada con la ocupación de haciendas en el piedemonte de la sierra de Perijá. Galindo refutó que se pretenda acusar de invasores a estos habitantes de la sierra de Perijá, cuando la legislación no tipifica este hecho. Los indígenas lo que están es solicitando la demarcación de sus territorios y la recuperación de sus tierras ancestrales. "Ahora, para intimidarlos y disuadirlos de su lucha, los ganaderos pretenden simular que los indígenas hurtaron ganado bovino e interrumpieron algunas bienhechurías de familias poderosas de Machiques que gozan del apoyo del general Izquierdo, quien pretende instaurar un estado de sitio contra los yukpas, suspendiendo incluso las garantías constitucionales de libre tránsito, opinión y libertad de reunión, esto a pesar de que en lazona estuvo presente una comisión de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público". Del mismo modo, e ljurista denunció las pretensiones de sectoresdel poder público y privado de criminalizar a quienes defienden la causa indígena.

Aseguró que para ello están utilizando el aparato judicial, con el cual pretenden intimidar e imputar a unos indígenas contra quienes no existen elementos incriminatorios.

Galindo solicitará a la Fiscal General de la Nación que designe a varios representantes del Ministerio Público con competencia en asuntos indígenas y una jurisdicción especial para estos casos, puede ser Mérida, Trujillo o la capital de la república, pues en el Zulia "no existe seguridad jurídica que permita administrar justicia desde el punto de vista procesal".

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