Caracas, 27 de Ago. ABN.- El titular del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo y también presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), señaló este miércoles que los empresarios de la compañía Cementos Mexicanos (Cemex) han puesto resistencia en el diálogo que se adelanta para lograr un acuerdo razonable en el establecimiento de un justiprecio de los activos de la empresa que ahora forma parte del Estado venezolano.
“Cemex no reconoció nuestra potestad para establecer nuestra propia industria en el país, lo que para nosotros es inaceptable”, manifestó Ramírez. Además precisó que existe una clara diferencia en cuanto a la valorización de los activos, que según señaló, algunos tienen un gran alto de obsolescencia.
Destacó la colaboración en este proceso de nacionalización de la industria cementera, que han tenido las dos empresas más grandes del ramo mundial, como son Lafarge de Francia y Holcim de Suiza, que llegaron a acuerdos y convencimientos amistosos con el Estado, “quedándose como socios”.
“Cemex ha tenido una actitud completamente distinta. Algunas empresas transnacionales se han equivocado con lo que es nuestro país. Tenemos como experiencia las petroleras que algunas creen que están por encima del poder del Estado”, apuntó Ramírez.
“Lo que han hecho es extraer del país nuestros recursos, vaciar nuestras minas de la materia prima para tener una estrategia y negocio global que no necesariamente tiene que ver con nuestra estrategia nacional”, continuó.
Explicó Ramírez que actualmente se está en conversaciones para llegar a un acuerdo razonable y destacó que para Venezuela lo primordial es preservar el interés nacional, no obstante, precisó que si los ex propietarios de esta empresa tienen inversiones se les reconocerá.
“Si los privados tienen inversiones eso hay que reconocérselos. Es lo que establece nuestra ley cuando utiliza el término de justiprecio para las expropiaciones. Eso es lo que llamamos un acuerdo razonable”, acotó el presidente de PDVSA.
Informó que para llegar a ese acuerdo se ha pautado un plazo de 60 días. “Tenemos que actuar ajustados a nuestras leyes y en lo que está vigente ahora en la Ley de Expropiación”, agregó.
Asimismo reiteró que está garantizada la estabilidad de los trabajadores de le empresa y señaló que ellos son los primeros aliados del Gobierno en este proceso, al tiempo en que resaltó que se ha empezado a conversar con ellos en mesas de trabajo.
Añadió que hasta los supervisores están con el Gobierno. “Se sentían muy mal porque los dueños de la empresa se fueron y los dejaron sin ningún acuerdo y dejaron eso allí sin dirección alguna”, relató el ministro.
Manifestó que la noche del martes se firmó un documento donde la empresa convino traspasar las operaciones, situación que hasta ahora no se había dado, por lo que el Estado tuvo que tomar el control de las operaciones.
“Porque el Estado venezolano y sus trabajadores van a garantizar que esa planta esté trabajando, produciendo cemento”, puntualizó Ramírez.
