Honduras, junio 25 de 2009.- Manuel Zelaya pidió una reunión inmediata del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por considerar que "el estado de derecho en Honduras está en peligro".

"Pedí ya al embajador (hondureño) ante la OEA, Carlos Sosa, que solicite a través del secretario general (José Miguel Insulza) una reunión inmediata del Consejo Permanente, que se puede celebrar el jueves", dijo el mandatario en rueda de prensa.

Indicó que "el estado de derecho del país está en peligro y, por eso, he solicitado esa reunión... para hacer valer el derecho internacional sobre una posible violación al Estado de derecho interno", añadió.

Reunido en la Presidencial con líderes obreros y campesinos de tendencia izquierdista, Zelaya afirmó que "ese es un recurso al que los estados tienen el derecho de apelar (el Consejo Permanente de la OEA) cuando se pone en precario el sistema republicano".

Su petición se produjo poco después de que el Congreso pidió a la OEA retirar de Honduras a su misión que observará la consulta popular que Zelaya realizará el domingo para reformar la Constitución, la que los tribunales han declarado ilegal.

Posteriormente, el gobernante divulgó por cadena de radio y televisión haber "aceptado" la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, y separar del cargo al jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, general Romeo Vásquez.

"Como presidente constitucional he decidido separar al general Vásquez y aceptar la renuncia del ministro de Defensa", dijo el gobernante.

Aunque no lo dijo, se supone que ambas dimisiones se produjeron porque los dos funcionarios se negaron a acatar una orden presidencial de que los militares respaldasen "la consulta ciudadana" promovida por Zelaya.

Zelaya afirmó que "los que amamos a Honduras no podemos permitir que la democracia siga siendo de unos pocos. Debemos luchar infatigablemente y sin tregua por lograr la transformación de la democracia superior que nos hemos propuesto".

Pero el fiscal general, Luis Alberto Rubí, dijo al canal 5 de televisión que "el general Vásquez sigue siendo jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas porque los actos del presidente son contrarios a la ley y, en definitiva, no producen consecuencias jurídicas".

Instó a la legislatura a relevar a Zelaya por mostrar falta de sensatez.

"Al presidente se le dio la oportunidad de dirigir este país y debería ser el hombre más sensato. Nunca creí que el presidente llegaría a tales extremos, pero ya llegó, y eso significa que el presidente está al margen de la ley", subrayó. "Por eso, el Congreso debe inhabilitar a Zelaya".

En rueda de prensa, Vásquez admitió que en solidaridad con él dimitieron los comandantes del Ejército, Miguel García Padgett, de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez.

"Estoy apesarado porque ellos renunciaron para apoyarme. Eso es algo digno de admirar... y ellos tienen una trayectoria muy limpia en la milicia".

Dijo que "soy un soldado profesional y tengo claro el rol que mandan las leyes. Somos prudentes y aceptamos la determinación del presidente, a quien respetamos y él tiene esa potestad de destituir a quien lo desea".

Descartó la posibilidad que los militares podrían derrocar a Zelaya. "No, no hay de eso. los militares cumplimos la Constitución", subrayó.

Los militares derrocaron tres presidente elegidos popularmente entre 1956 y 1972, luego de gobernar 18 años a Honduras.

Entretanto, los militares permanecen en sus cuarteles.

Previamente el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, había pedido a los jefes castrenses no participar en la consulta que el poder ejecutivo tiene programada para el 28 de junio.

En un discurso ante los congresistas la tarde del miércoles, Micheletti dijo que "no permitiré que aquí se rompa el orden constitucional por la ambición de unos pocos. Nos ha costado mucho esfuerzo sostener la democracia, que aún con todas sus debilidades, es el mejor sistema en que un pueblo puede vivir y debe vivir".

Advirtió que "estoy listo para ir a la cárcel por defender la democracia... y listo para impedir un golpe de Estado o la ruptura del orden constitucional que quieren provocar personas aferradas al poder".

Ricardo Alvarez, presidente del principal partido opositor, el Nacional, señaló que "la institucionalidad hondureña vive un triste momento... y la destitución de Vásquez es ilegal y atenta contra el sistema democrático de Honduras".

Advirtió que el alto oficial "será restituido''.

El vocero del oficialista Partido Liberal, Marlon Lara, dijo que "estamos preocupados. La decisión de Zelaya está al margen de la ley y nuestro partido no la respeta porque estamos abocado a un proceso electoral y Zelaya pretende hacer una consulta sin respetar la Constitución".

Elogió a los militar "por preferir renunciar a sus puestos para no transgredir la ley". Los calificó asimismo de "patriotas".

Zelaya impulsa una encuesta para colocar una urna en las elecciones generales de noviembre donde el pueblo defina si es respalda su idea de instale una Constituyente para reformar la ley fundamental.

Esa consulta, que la avalará el Instituto Nacional de Estadísticas, ha sido prohibida por el Congreso, la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Electoral. También por la fiscalía y la procuraduría general.

Zelaya asumió en el 2006 para una gestión que concluye en enero del 2010.