05 de agosto 2009. - La Presidencia de la República decretó la adscripción al Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas del Banco de Venezuela S.A. Banco Universal y sus empresas filiales: Fundación Banco de Venezuela, Inmobiliaria Suapire C.A., Inmuebles BDV 1985 C.A. y Promotora AFR de Venezuela.
La decisión fue publicada en la Gaceta Oficial número 39.234 del martes 4 de agosto, y se establece que el periodo de transición se extenderá por un lapso de 180 días hábiles bancarios contados a partir de la publicación del resuelto, reseñó la Agencia Bolivariana de Noticias.
En ese periodo, el Banco de Venezuela y sus empresas filiales deberán dictar el régimen, directrices y políticas para su transformación en entidades funcionalmente descentralizadas de la Administración Pública Nacional y adecuar su régimen jurídico y de funcionamiento a los de las instituciones financieras del Estado con propósitos sociales, conforme a los lineamientos que dicte la Comisión Central de Planificación.
Deberán adecuar la normativa de presupuesto, plan operativo anual, plan de cuentas, contabilidad pública, control fiscal, adquisición y enajenación de bienes y servicios, atención al ciudadano y la planificación centralizada, así como cualquier otro cuyo ajuste resulte aplicable como empresa estatal.
El Banco de Venezuela, a los fines de garantizar su continuidad operacional y su sostenibilidad financiera, mantendrá la máxima eficiencia en sus operaciones y la estabilidad técnica y laboral, de manera de asegurar la rentabilidad de las empresas y el cumplimiento de los nuevos objetivos estratégicos y sociales trazados por el Estado.
Por otro lado, el decreto destaca que el Ministerio de Economía queda encargado de velar por la realización de todos los trámites necesarios para el traspaso de las acciones, la modificación, inscripción y publicación de los documentos estatutarios del Banco de Venezuela y sus empresas filiales.
Resalta la disposición para que los nuevos objetivos estratégicos del Estado en el sector financiero están orientados al fortalecimiento y ampliación de la red financiera del Estado para la masificación de los servicios bancarios hacia los sectores excluidos y la generación de mayor bienestar para los trabajadores de la institución financiera y de toda la población.
