20 oct. 2009 - El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, pidió al Consejo Permanente de la OEA pronunciarse sobre el estado de "obstrucción" y "estancamiento" del diálogo con el gobierno de facto, que a su vez lo acusó de promover una "insurrección" en el país.

"El diálogo, aunque no lo declaramos roto, ha entrado en una fase de evidente obstrucción", dijo el delegado Víctor Meza, y señaló que el Consejo Permanente de la OEA, que se reunirá el miércoles en Washington, "deberá conocer y pronunciarse" sobre este "estancamiento".

"Nosotros creemos que siempre va a haber una puerta abierta, pero la denuncia de esta manipulación, que se está haciendo, tenemos que hacerla a nivel nacional e internacional", afirmó Zelaya a Radio Globo.

Zelaya dijo que para seguir el diálogo "primero debemos escuchar nosotros a la OEA", cuyo Consejo Permanente se reúne el miércoles en Washington, "y después hacer las reflexiones que se tengan que hacer aquí" en Honduras.

Poco antes, el régimen de facto de Roberto Micheletti afirmó que "en los últimos días, tanto el ex presidente Zelaya como algunos de sus seguidores, han promovido su agenda de insurrección en el país".

Se lanzó también contra los presidentes de los países del ALBA (Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y otros) que, reunidos hace unos días en la ciudad boliviana de Cochabamba, aprobaron sanciones comerciales contra el régimen de Tegucigalpa.

El texto añadió que las "amenazas proferidas" por gobernantes del ALBA, en alusión al venezolano Hugo Chávez y el nicaragüense Daniel Ortega, son "una evidente intromisión en asuntos internos" hondureños.

La resistencia hondureña "está buscando cómo armarse", dijo Ortega.

Pero Juan Barahona, uno de los coordinadores del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado del 28 de junio, afirmó que su lucha "seguirá en las calles de forma pacífica".

Las negociaciones entre ambas partes están estancadas por desacuerdo sobre qué poder del Estado debe decidir la restitución de Zelaya.

Los negociadores de Micheletti anunciaron su última propuesta, que consiste en consultar al Congreso y a la Corte Suprema sobre la restitución, para tomar la decisión final en la mesa de diálogo.

La iniciativa, que llevaría aún más tiempo a la espera de los dos informes, fue puesta sobre la mesa una vez que el régimen de facto rechazó la propuesta de Zelaya de que sea el Congreso el que decida su restitución, pues considera que el golpe en que fue derrocado es un asunto político.

Zelaya cumplió este lunes cuatro semanas refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde que regresó sorpresivamente al país el 21 de septiembre.

La situación parece haber llegado a un callejón sin salida al acercarse las elecciones del 29 de noviembre, a las que apuesta Micheltti para liquidar el conflicto, convencido de que la comunidad internacional terminará por reconocerlas.

Micheletti insiste incluir en la consultas a la Corte porque ésta acusa a Zelaya de 18 delitos, como traición a la patria por su intento de cambiar la Constitución supuestamente con la intención de reelegirse.

Zelaya se resiste a someterse a la decisión de una Corte que ya se pronunció en contra de la restitución y espera una "rectificación" política en el Congreso, que fue el que nombró a Micheletti como gobernante de facto.

En medio de la convulsión, la Radio Globo y el Canal 36, cerrados el 28 de setiembre por Micheletti por apoyar a Zelaya, volvieron al aire este lunes al entrar en vigencia un decreto que restituyó las garantías constitucionales.

Zelaya esperaba que el régimen cediera debido al aislamiento, las sanciones internacionales, las marchas de sus seguidores y al empeoramiento de la economía.

Pero Micheletti, obcecado empresario liberal de 66 años, aguanta sostenido por los militares, los empresarios y buena parte de la clase política, que apuestan a celebrar las elecciones de noviembre.

Ante un posible fracaso del diálogo, Zelaya, hacendado liberal de 57 años que viró la diplomacia hondureña históricamente aliada con Estados Unidos hacia países de izquierda como la Venezuela de Chávez, pidió un pronunciamiento a la OEA para endurecer las sanciones, y a sus seguidores protestar y desconocer los comicios.