Caracas, 04 Nov. ABN. La Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) denunció una campaña de la Corte Suprema de Justicia contra los magistrados que se pronunciaron contra el golpe militar de junio último.
La Junta Directiva Nacional de la organización precisó que las autoridades de la Corte continúan con sus acciones arbitrarias de persecución política contra los jueces que defendieron el restablecimiento del estado de derecho en la nación, informó la agencia informativa Prensa Latina.
Asimismo, indicó que ese ambiente de hostigamiento se mantiene pese a que en Honduras comienza a visualizarse la posibilidad de iniciar un proceso de reconciliación nacional, que haga posible el retorno a un clima de armonía y tranquilidad.
Entre las represalias dictadas por la Corte destaca la remoción del cargo administrativo de Coordinador del Juzgado Penal de la norteña ciudad de San Pedro Sula del abogado Mauricio Mateo García, vocal I de la Junta Directiva de la Asociación.
Otros de los casos es la citación a audiencia de descargos a Guillermo López, Juez de Sentencia y presidente de la Junta Directiva de la AJD, por participar en una manifestación pacífica, el pasado 5 de julio.
Una acción similar fue iniciada contra Luis Chévez, juez de Violencia Doméstica, por haber sido detenido ilegalmente por la Policía el pasado 14 de agosto, y manifestar su opinión sobre las actuaciones del Poder Judicial en esta crisis política.
Igual medida fue ordenada por la Corte contra Ramón Barrios, Juez de Sentencia de San Pedro Sula, por haber manifestado su opinión jurídica en relación con el rompimiento del orden constitucional.
La AJD señaló, además, que otras de las represalias tiene relación con las investigaciones disciplinarias contra el juez de Letras de la central ciudad de Comayagua, Juan Carlos Zelaya, actual vicepresidente de la Junta Directiva de la AJD.
En este sentido, la Asociación advirtió: “Todas estas actuaciones están siendo perpetradas por las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, violentando el debido proceso legal, pues no se nos proporciona el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa”.
Agregó que se irrespeta la presunción de inocencia y no existe la posibilidad de impugnar las decisiones ante un tribunal independiente e imparcial, entre otras violaciones.
La Asociación exigió también a la Corte Suprema poner fin a la persecución contra quienes hicieron valer sus derechos de conciencia y libre expresión.
Los magistrados de la Corte Suprema avalaron a fines de agosto el derrocamiento del presidente, Manuel Zelaya, quien la madrugada del 28 de junio pasado fue secuestrado por militares encapuchados y sacado a la fuerza del país.
