El jefe del departamento jurídico del Ejército, Juan Carlos Sánchez, dijo que la comparecencia de los jefes militares ''es para que se lleve a cabo la declaratoria de los imputados'', para que se discuta sobre el tema y un juez decida las medidas a tomar al respecto. Zelaya sostiene que se trata de un truco para lograr la impunidad de los oficiales
11 Enero 2010 - La Corte Suprema de Honduras aceptó este lunes una acusación interpuesta por la Fiscalía contra seis jefes militares por abuso de autoridad y expatriación ilegal del presidente Constitucional de Honduras, Manuel Zelaya.
Los seis jefes militares, entre ellos el general Romeo Vásquez, principal cabeza visible en el golpe de Estado del 28 de junio pasado, y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, deberán comparecer ante el juez para entregar sus testimonios sobre los hechos ocurridos el día que se derrocó al jefe de Estado legítimo de la nación centroamericana.
Según el jefe del departamento jurídico del Ejército, Juan Carlos Sánchez, los militares deben comparecer ante la Corte, "para que se discuta sobre el tema y decida el juez cuáles son las medidas a tomar".
El miércoles pasado la Fiscalía presentó a la Corte Suprema un solicitud contra los seis jefes militares involucrados en el violento arresto y expulsión ilegal de Zelaya a Costa Rica, en la madrugada del 28 de junio.
Al respecto el mandatario depuesto, sostuvo que se trata de un truco para lograr la impunidad de los oficiales dado que se los acusa de delitos menores.
La semana pasada, cuando se dejó saber la actuación de la Fiscalía, Zelaya dijo que la medida en contra de los militares forma parte de un plan pre establecido.
Zelaya enfatizó que "quieren poner un manto sobre la verdad de los hechos, pretenden engañarnos con una farsa", pues el fiscal general y el resto del sistema participaron en el golpe de Estado.
Luego de ser aceptada la acusación, la Corte debe designar a uno de sus 15 magistrados como juez especial para conocer el caso.
Por lo pronto, se espera un debate en el Congreso hondureño sobre la iniciativa del presidente de facto Roberto Micheletti, de otorgar amnistía política a todos los protagonistas del golpe de Estado, algo rechazado categóricamente por Zelaya.