La principal actividad del congreso hondureño después del golpe de estado fue suspender los derechos constitucionales, servir como cárcel de tortura y vender la infraestructura y recursos públicos de honduras a manos privadas.
Ahora comienzan a notarse las consecuencias. Los terratenientes que vieron como sus tierras improductivas eran trabajadas por campesinos que no tenían que pagarles por trabajar, han vuelto a tomar posesión de ellas apoyados por las fuerzas policiales y militares. El agua sigue el mismo camino.
La hidroeléctrica José Cecilio del Valle abastece de agua a 120.000 personas, hasta ahora pública, pasará a manos privadas. El último día en el que el dictador Roberto Micheletti estuvo liderando el régimen represor, sancionó un decreto aprobado por el congreso por el que se aprobaron unas legislaciones sobre obras públicas, entre las que se encuentra la de la hidroeléctrica.
Al día siguiente, para ocultar el decreto, se falsificó la Gaceta Oficial del Estado, imprimiendo en la Empresa Nacional de Artes Gráficas dos series diferentes con el mismo número y en sólo 20 de las gacetas impresas se incorporó el decreto.