Managua, 15 Mar. ABN.- El gobierno sandinista, presidido por Daniel Ortega, prohibió la entrada a ese país del exdictador hondureño, Roberto Micheletti, como acto soberano de su política exterior y de su decisión de exigir el respeto a los principios del derecho internacional, tratados de violar por la organización derechista Internacional Liberal con su injerencia en los asuntos internos de Nicaragua.
El ex presidente de facto y artífice del golpe de estado perpetrado el pasado año contra el mandatario constitucional hondureño, Manuel Zelaya, fue invitado a visitar Nicaragua por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para participar en un homenaje a un jerarca de la pasada dictadura somocista y de los grupos terroristas que asolaron el país entre 1979 y 1989 cumpliendo las instrucciones de EEUU.
El acto estaría organizado por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Nicaragua, miembro de la llamada Internacional Liberal, de la cual Micheletti es vicepresidente desde noviembre del 2009, cuando el eurodiputado holandés Johannes Van Baalen, presidente de esa organización, le nombró en Tegucigalpa.
Según fuentes consultadas por Prensa Latina, estas coincidieron en señalar que la decisión de prohibir la entrada del golpista hondureño a territorio nicaragüense es totalmente coherente con los principios en que se basa la política exterior del gobierno sandinista, que no puede ignorar el atropello y las masacres contra el pueblo hondureño tras el golpe de junio del pasado año.
Varios directivos del PLC se mostraron indignados por la medida y anunciaron que convocarán a la directora de Migración y Extranjería a que explique ante el Parlamento las razones de la prohibición, mientras que funcionarios de la Internacional Liberal han amenazado con llevar esta semana el asunto al Parlamento Europeo, a fin de que este adopte una resolución condenatoria contra Nicaragua.
El régimen dictatorial impuesto por el golpista Micheletti ocasionó decenas de muertes y cientos de detenidos en Honduras durante más de seis meses, luego de haber expulsado a la fuerza al presidente constitucional del país, Manuel Zelaya, el 28 de junio del 2009, lo cual fue condenado por la comunidad internacional, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
