Caracas, 30 Jun. AVN.- A través de un comunicado, la Fiscalía de Honduras cambió su postura ante los cargos imputados al expresidente de ese país, Manuel Zelaya y que no fueron amparados por la amnistía ofrecida por el parlamento en el mes de enero.
En el texto firmado por el fiscal general Luis Alberto Rubí Ávila, el Ministerio Público anunció este martes que archivará los expedientes relacionados con delitos políticos en contra de Zelaya y otros ex funcionarios que fueron amparados por el Decreto de Amnistía aprobado el pasado mes de enero por el Congreso hondureño y ofrece la posibilidad de juzgarlos en libertad.
El Ministerio Público "ratifica a los principios del estado de inocencia, debido proceso y a ser escuchado en libertad, por el carácter de excepcional de la prisión preventiva, así como cualquier otra formalidad y garantía procesal, que en el marco del Estado Constitucional de Derecho corresponda a los sospechosos de los delitos en cuestión", señala el comunicado.
Las medidas cautelares sustitutivas de prisión serán solicitadas en caso de que Zelaya decida regresar al país, a fin de declarar en libertad sobre las causas pendientes.
En caso de que el expresidente regrese tendrá que "presentarse de inmediato a los tribunales y el Ministerio Público pediría las medidas sustitutivas para que sea escuchado en libertad en las siguientes etapas del proceso". Ello, luego que se procediera "al archivo administrativo de los expedientes investigativos" de los delitos contemplados en la amnistía aprobada en enero pasado.
"El Ministerio Público enfatiza el cumplimiento de su obligación ineludible de ejercer de oficio las acciones penales como parte de buena fe y asimismo velar por el respeto de los derechos y garantías que correspondan a los investigados, en cumplimiento de las obligaciones que le establece la Constitución y las leyes", dice el comunicado.
Zelaya fue derrocado tras un golpe de Estado el 28 de junio de 2009 cuando un grupo de militares apoyados por la oligarquía hondureña en horas de la noche entraron a la residencia presidencial y lo expulsarán del país.
Contra Zelaya y varios de sus ministros pende orden de captura por varios presuntos delitos.
El ex presidente reside en República Dominicana desde el 27 de enero pasado, cuando salió de la embajada de Brasil tras permanecer allí cuatro meses.
