2 de agosto de 2010.-Voceros de la Asociación Campesina del Bajo Cauca - Asocbac en Colombia solicitan una veeduría internacional por parte de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas ONU, que vigile la dramática situación que se presenta por las fumigaciones con glifosato que han originado contaminación de fuentes hídricas, enfermedades en los habitantes y padecimiento de hambre y miseria por la pérdida de cultivos de pancoger.
Según informe de Hirma Ligia Granda, directiva de la asociación, han solicitado la presencia de organismos oficiales y no gubernamentales para que realicen acompañamiento a las denuncias de los campesinos en cuanto a sus problemáticas. “Queremos que en el plano internacional y nacional se sepa el conflicto de tierras por la alta concentración en poder de latifundistas y narco terratenientes con anuencia de autoridades, políticas represivas oficiales ante el fenómeno de los cultivos ilícitos en la región del Bajo Cauca Antioqueño y Cordobés; la falta de apoyo del gobierno para encontrar salidas y el fortalecimiento de la agricultura.
Por su parte Víctor Tobón, miembro directivo de Asocbac señaló que en los los municipios del bajo Cauca Antioqueño y cordobés se ha llegado a acuerdos entre los campesinos y las autoridades con ocasión de las marchas y éxodos hacia centros urbanos para recuperar la agricultura tradicional pero por parte del estado lo único que han encontrado son violaciones a los pactos con sus operaciones militares, erradicación manual y fumigaciones con glifosato. “denunciamos en forma continua las violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de la fuerza pública” expresa. La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño y Cordobés Asocbac denota un notorio avance y desarrollo orgánico en todos los municipios de y llama a los labriegos a la permanente movilización para exigir mejores condiciones de vida y superación la pobreza imperante.
Campesinos denuncian violaciones a sus derechos
Los voceros de la organización campesina advierten que el dolor y el miedo se apoderan de los habitantes de la región del Bajo Cauca. Alertan a la comunidad nacional e internacional por los asesinatos, atropellos y detenciones arbitrarias que son objeto sus miembros y dirigentes, como el caso del crimen cometido por paramilitares que nunca se desmovilizaron en el municipio de Tierralta, Córdoba, en vereda las Chichas, contra Cecilia Granda Meza presidenta del corregimiento Palmira del mismo municipio, su esposo Jose Anaya y a un kilometro de esta vereda asesinaron a Gabriel Orrego, campesino de la zona. El 12 de junio grupos de extrema derecha al servicio de latifundistas mataron a Joaquín Emilio García Lopera, líder de las víctimas del Bloque Mineros de la AUC, que operó en esta vasta región bajo el mando del hoy extraditado Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy.
En Tarazá (Antioquia) acribillaron a José Antonio Betancourth López, el 2 de julio, quien había participado con sus exigencias en el consejo comunal que presidió el presidente Álvaro Uribe en esa población en mayo pasado y fue uno de los principales voceros de los campesinos cocaleros que firmó los acuerdos que dieron fin a las masivas protestas generadas por la erradicación de la hoja de coca en esta zona de Antioquia.
Asocbac lanzó una alerta humanitaria ante la desaparición forzada del líder campesino, presidente de la acción comunal de la vereda El Rayo, municipio de Tarazá (Antioquia), José Alcides Ochoa, detenido de forma arbitraria e ilegal por tropas adscritas a la Brigada Móvil No. 25 de la séptima División del ejercito, por lo que reclamaron del gobierno nacional que aparezca vivo, libre y en paz y que cesen las Violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidas de forma sistemática y continua por la Fuerza Pública, en particular la Brigada Móvil No. 25 de la séptima División del ejercito.
